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ANTE EL ANUNCIO DE NOMBRAMIENTO DE NUEVO DIRECTOR EN TNU Y EL SISTEMA DE MEDIOS PÚBLICOS

Designación de Ernesto Kreimerman viola Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA).

La Coalición por una Comunicación Democrática expresa su preocupación por el anuncio de la designación por parte del Ministerio de Educación y Cultura del Sr. Ernesto Kreimerman como director de Televisión Nacional de Uruguay (TNU) y presidente del Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional (SECAN), hecho que podría configurar una violación a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA).

Según figura en los registros publicados en la web de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación (URSEC), Ernesto Kreimerman es el único accionista de Vallemiel SA, la empresa titular de Latina FM de Montevideo y de Veltesur SA, autorizada a operar Latina FM de Punta del Este. A su vez, según la web de la emisora, también tiene una relación indirecta con la 97.9 FM de Colonia, que figura a nombre de Pradomill SA, cuyo accionista formal es el Sr. Pedro Gari Irureta Goyena.

La designación efectiva de Kreimerman en el cargo de director de TNU sería claramente violatoria de la LSCA, atento a lo dispuesto en su artículo 159 (incompatibilidades): “Los miembros del Directorio del SPRTN y los Directores de Radio Nacional y de Televisión Nacional no podrán tener vínculos directos o indirectos con empresas o emprendimientos comerciales vinculados a la radio, televisión, publicidad, comunicación o similar, durante el período de su gestión. Son de aplicación para los integrantes del Directorio del SPRTN las inhibiciones dispuestas en los artículos 200 y 201 de la Constitución de la República”.

Eventuales procesos de transferencia de la titularidad de las emisoras mencionadas (actuales o futuros) no subsanarían esta ilegalidad, en tanto la transferencia no opera hasta que no es aprobada por el Poder Ejecutivo, un trámite que ha demandado varios meses a otros solicitantes.

A tres años de aprobada la Ley y ante las dilatorias de los distintos organismos públicos con competencia para que la misma se implemente a cabalidad, la Coalición por una Comunicación Democrática llama al Poder Ejecutivo y demás organismos con responsabilidad, a respetar la ley votada por el Parlamento y darle cumplimiento estricto.

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