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La cobertura sobre la Ley SCA “es muy sesgada”

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El ex director Nacional de Telecomunicaciones afirmó que varios medios no suelen informar sobre los argumentos de la Suprema Corte de Justicia en favor de la constitucionalidad de la mayoría de los artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (Ley SCA).

La cobertura periodística de varios medios de comunicación sobre los fallos de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) en relación a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (Ley SCA) “es muy sesgada”, ya que se concentra en los artículos declarados inconstitucionales y no refiere a que la mayoría de la norma superó el test de constitucionalidad.

En los últimos días, la Suprema Corte dictó sentencia en siete expedientes referidos a acciones contra la Ley SCA, en los cuales se amparó la inconstitucionalidad de varios artículos. La información fue publicada en el portal web del Poder Judicial y replicada por algunos medios de prensa, entre ellos, El Observador y El País.

Sin embargo, el ex director Nacional de Telecomunicaciones y director general del Observacom, Gustavo Gómez, afirmó que esa noticia periodística no hizo referencia a que la amplia mayoría de los artículos cuestionados por las empresas propietarias de medios de comunicación fueron declarados constitucionales por la Corte.

En una carta pública, Gómez señaló que la Corte amparó la constitucionalidad de 60 de los 65 artículos cuestionados por Canal 12, de 65 de los 70 artículos cuestionados por Canal 4 y que se desestimó por “improcedente” la acción contra toda la norma presentada por el abogado Juan Andrés Ramírez. Y cuestionó que la información publicada en estos medios “no diga lo obvio”: “que estas sentencias marcan una clara jurisprudencia que confirma el respaldo de la Suprema Corte de Justicia a una ley que fue brutal y sistemáticamente tildada de herramienta de control policíaco y la peor mordaza que haya habido en este país”.

En diálogo con Caras y Caretas Portal, Gómez afirmó que la cobertura sobre los recursos contra la Ley SCA “en los hechos es muy sesgada”. “No niego que es una noticia que la Corte haya reiterado que hay artículos inconstitucionales, al menos parcialmente, pero la cobertura está adolesciendo de dar otras noticias”, dijo Gómez. “Que la mayoría de los artículos de una ley que fue duramente cuestionada como una limitante de la libertad de expresión sean constitucionales también debería ser noticia”, afirmó Gómez.

En este sentido, Gómez destacó que, en un hecho “muy relevante”, los sucesivos fallos de la Corte refieren a que la libertad de expresión “tiene dos dimensiones”. “Esta la libertad de expresión del medio de decir lo que piensa y lo que quiere y de recortar la información que publica, pero también está la libertad de expresión de quien lee la información”.

“Si la información no es completa se esta afectando la libertad de expresión de la población de estar debidamente informada”, en este caso de estar informada sobre los aspectos que fueron declarados constitucionales de la norma, dijo Gómez. Y señaló que la lectura de los fallos revela que tres de los cinco ministros de la Corte “han marcado una clara tendencia sobre el apego de la Ley SCA a la Constitución”, expresó.

En este contexto, Gómez recordó que un estudio -publicado en el semanario Brecha- sobre la cobertura del diario El País en torno al debate del proyecto de ley determinó que de los 91 artículos referidos a la norma -incluido editoriales, columnas y cartas de los lectores-, el 78% tuvieron contenidos contrarios al proyecto de ley (54,5% “totalmente en contra”, 23,6% “mayormente en contra”), mientras que un 19% fueron notas “neutras” (información de hechos o equilibrio informativo de las posiciones o conceptos incluidos), mientras que sólo 2,7% fueron consideradas como “mayormente a favor” de la ley.

A esto se suma que el 97% de los artículos de opinión tuvieron una posición contraria a la norma. Pero “lo más grave”, que dos de cada tres notas periodísticas tenían un sentido negativo a la norma, algo que se extendió a la tapa del matutino, con la utilización de términos y adjetivos con una fuerte valoración negativa de la norma.

Artículos sustitutivos

Más allá de la crítica a la cobertura mediática, Gómez valoró que el Poder Ejecutivo debería enviar sustitutivos de aquellos artículos que fueron declarados inconstitucionales, en particular, el 56 y el 143, que son de suma importancia para la norma.

El artículo 56 es el que prohíbe la propiedad cruzada de servicios de telecomunicaciones, con el objetivo de evitar los oligopolios. Este artículo fue, en un principio, declarada constitucional (ante los recursos presentados por Direct TV y Multiseñal), pero posteriormente dos ministros, Jorge Larrieux y María Elena Martínez, cambiaron su posición y declararon su inconstitucionalidad.

Gómez consideró que ese cambio de la Corte genera incertidumbre y un trato desigual para algunos actores”, ya que trata en forma desigual a empresas que compiten entre si. “Por ejemplo, hoy tanto Montecable como Nuevo Siglo podría solicitar una licencia para brindar el servicio de transmisión de datos, pero Direct TV no podría hacerlo y eso genera una competencia desigual”, dijo Gómez.

En este marco, Gómez afirmó que el Poder Ejecutivo “no debería dar por perdida la batalla” para consagrar un marco legal que evite los oligopolios en materia de telecomunicaciones y por eso no debería plantear la derogación del artículo declarado como inconstitucional, sino que presentar una redacción sustitutiva. “Se deberia plantear un articulo sustitutivo del artículo 56 para evitar los aspectos más complicados y polémicos de ese punto: que medios de comunicación que ya tienen una fuerte concentración nacional y regional puedan ampliar su nivel de concentración”.

El especialista afirmó que, en este punto, “lo mejor es una ley clara que valga para todo el mundo y que despeje todas las dudas”, y señaló que esto implicaría “una oportunidad” para modificar otros artículos, entre ellos, el artículo 143. Gómez explicó que el artículo 142 estableció la obligación de los medios de comunicación de ceder minutos gratuitos de publicidad electoral para los partidos políticos, lo que fue cuestionado por las empresas pero amparado por la Corte.

Sin embargo, la Corte declaró -ante un recurso presentado por el Partido Independiente- la inconstitucionalidad del artículo 143 que establece la forma en que se repartirá esa publicidad electoral gratuita. “Entonces tenemos una ley que fue declarada constitucional pero que no sabemos como repartirlo porque el artículo 143 cayó, será necesario que alguien envie un proyecto para que se establezca como se distribuye ese paquete de minutos libres”, dijo Gómez. También debería buscarse un sustitutivo para el artículo 60.

Publicado el 2 de noviembre de 2016 por Caras y Caretas

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