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Organizaciones reclaman que se avance en la creación del Consejo de Comunicación Audiovisual

Foto: El Observador 25/02/2016

La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (o ley de medios) se aprobó en diciembre de 2014, pero aún no tiene reglamentación. El presidente Tabaré Vázquez dijo en marzo del año pasado que el Poder Ejecutivo no emitirá el decreto hasta que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) termine de fallar sobre los más de 20 recursos de inconstitucionalidad que presentaron empresas y particulares. Hace casi un mes, sin embargo, Vázquez empezó a enviar señales políticas a su entorno para avanzar en la implementación y reglamentación de la ley, independientemente del proceso en la SCJ. En el panorama actual, además, sí se puede avanzar en algunos temas, como la creación del Consejo de Comunicación Audiovisual (CCA) que establece el artículo 66 de la ley.

El CCA sería un órgano desconcentrado del Poder Ejecutivo, que tiene a cargo “la aplicación, fiscalización y cumplimiento de las disposiciones” de la ley y las reglamentaciones que no correspondan a ese poder o a la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones. El consejo, según la ley, debe actuar “en función del interés general, protege y promueve el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, derecho a la información y los derechos culturales de todas las personas y de los prestadores de servicios de comunicación audiovisual”, mediante el monitoreo de las políticas de los medios públicos, el asesoramiento al Poder Ejecutivo, la elaboración de los pliegos para futuros llamados a prestadores de servicios de comunicación y “desalentar las prácticas monopólicas u oligopólicas”, entre otros cometidos.

Entre los cinco integrantes del CCA habrá un presidente, designado por Presidencia. Los cuatro miembros restantes serán propuestos por una comisión especial de nueve miembros, con representación de todos los partidos, y deben contar con los votos de dos tercios de los integrantes de la Asamblea General. O sea que, para ponerlo en marcha sólo hace falta que el Poder Ejecutivo y el Legislativo pongan manos a la obra.

Amparada en el artículo 30 de la Constitución, que establece que todo habitante tiene derecho a hacer peticiones ante cualquier autoridad, la Coalición por una Comunicación Democrática (CCD) presentó ayer una solicitud ante la Comisión de Constitución y Legislación de la Asamblea General para que se ponga en marcha la conformación del CCA. Conformada por organizaciones como la Asociación de la Prensa del Uruguay, el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo), Cotidiano Mujer, Ovejas Negras, el PIT-CNT, el Servicio Paz y Justicia y el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay, la CCD visitó la comisión en conjunto con la Asociación de Productores y Realizadores de Cine del Uruguay (Asoprod).

La recepción por parte de los legisladores fue “muy positiva”, dijo a la diaria José Imaz, miembro de Cainfo e integrante de la CCD; según Imaz, “expresaron la necesidad de que de una vez por todas una ley que lleva dos años de sancionada empiece a funcionar con sus organismos”. “El proceso es muy detallado, así que no es necesario esperar a la reglamentación de la ley. Hay muchísimos artículos que son de aplicación directa”, afirmó: “El proceso de crear toda la estructura es muy largo: para designar a los cuatro miembros del CCA, la asamblea general tiene 90 días. Si vamos dilatando el tiempo, llegamos en 2020. Queremos que los distintos organismos que tienen responsabilidades las vayan asumiendo”. Imaz destacó, por ejemplo, la función de defensoría del público, que la ley de medios atribuye a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo; si bien el Consejo Directivo de la institución aún tiene que designar un relator especial, está en condiciones de cumplir otras funciones, como “comunicarse directamente con los titulares o administradores de los servicios de comunicación audiovisual para tratar de solucionar los eventuales apartamientos de la normativa”, elaborar un registro de las denuncias que reciba, presentar informes periódicos y públicos a la Asamblea General y coordinar con los organismos competentes la formulación e implementación de un Plan Nacional de Educación para la Comunicación.

La sociedad entre la CCD y Asoprod también se puso en contacto con el Poder Ejecutivo, el otro jugador en la conformación del consejo. “Fuimos recibidos por el secretario [Miguel Ángel] Toma, y la respuesta fue que se está esperando que avancen los recursos de inconstitucionalidad para designar al presidente del CCA”, dijo Imaz.

En alerta

El Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT difundió ayer un comunicado en el que declara que le llama “fuertemente la atención la dualidad de criterios de la SCJ para fallar sobre un mismo tema”, en relación con la resolución de los magistrados contra el artículo 56 de la ley de medios, que establece que las personas físicas y jurídicas que presten servicios de comunicación audiovisual no pueden prestar a la vez servicios de telecomunicaciones de telefonía o de transmisión de datos. Basándose en un informe elaborado por el Sindicato Único de Telecomunicaciones (Sutel), el PIT-CNT afirma: “Queremos suponer que [la serie de fallos] no responde a ningún tipo de presión de alguna empresa específicamente”, y, “de ser así, rechazamos de plano este tipo de prácticas a la hora de definir sobre un tema que para el movimiento sindical es de vital importancia, en el entendido de que afecta a la democracia y a la soberanía nacional”, ya que la caída del artículo atenta contra el monopolio de telefonía de Antel.

Publicado en La Diaria, el 18 de octubre de 2016

http://ladiaria.com.uy/articulo/2016/10/organizaciones-reclaman-que-se-avance-en-la-creacion-del-consejo-de-comunicacion-audiovisual/

 

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