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Es hora de aplicar plenamente Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual

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No es necesario esperar hasta la última sentencia de la Corte para comenzar a implementar una norma fundamental para democratizar las comunicaciones en Uruguay.

Ante declaraciones a la prensa de autoridades del Ministerio de Industria, Energía y Minería referidas a que no se avanzará en la reglamentación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual hasta que no se conozca el último fallo de la Suprema Corte de Justicia, la Coalición por una Comunicación Democrática quiere hacer pública su discrepancia con esta decisión y advertir que no es necesario esperar hasta la última sentencia de la Corte para comenzar a implementar una norma fundamental para democratizar las comunicaciones en Uruguay.

La afirmación del MIEM se da en momentos que desde la Corte se afirma que recién en diciembre estarían prontas las decisiones sobre los recursos ya presentados, y voceros empresariales han hecho saber que podrían presentarse nuevos recursos de inconstitucionalidad.

De mantenerse esta posición se congelaría la implementación de políticas públicas que aseguren mayor diversidad y pluralismo en nuestro concentrado sistema de medios al menos hasta 2017, cada vez más próximos al año preelectoral, donde se hará muy difícil avanzar en cambios en este sector.

En opinión de esta Coalición y sus integrantes, así como de abogados y analistas consultados, los seis fallos de la Corte conocidos hasta el momento están marcando una clara jurisprudencia a favor de la ley, y esa tendencia se mantendrá en las próximas sentencias.

La Coalición considera que se podría avanzar en la aplicación de artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que la Suprema Corte de Justicia ha declarado constitucionales y que no necesitan reglamentación, como la transmisión en TV abierta de los próximos partidos de la selección uruguaya de fútbol en las Eliminatorias a Rusia 2018 o el inicio del proceso para crear el organismo de aplicación de la ley (Consejo de Comunicación Audiovisual) y designar el Consejo Honorario Asesor de Servicios de Comunicación Audiovisual (CHASCA), entre otros.

La Coalición también hace notar la parálisis en que ha entrado el Ministerio de Industria al detenerse procesos que estaban en marcha durante la anterior administración, por ejemplo para la asignación de nuevas frecuencias comerciales y comunitarias en el Interior del país o el proceso de transición a la TV digital.

La Coalición por una Comunicación Democrática reclama un cambio en esta interpretación de las autoridades del MIEM porque implica, más allá de sus intenciones, beneficiar los intereses de los principales grupos mediáticos que buscan revertir o al menos demorar la aplicación integral de la Ley.
Una ley en vigencia que no se implementa y políticas públicas que dejaron de aplicarse significan un retroceso en los procesos de democratización de las comunicaciones en que nuestro país había logrado avances significativos en los últimos años.

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