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Preocupa intervención de dos organismos de comunicaciones en Argentina

La Coalición por una Comunicación Democrática de Uruguay expresa su honda preocupación ante el decreto de intervención de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual de Argentina (AFSCA), decreto por el que también se interviene la la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC).
Ambos organismos, creados por leyes de 2009 y 2014 respectivamente, son entes descentralizados y autárquicos cuyas autoridades tienen mandatos de cuatro años, hasta 2017 en el caso de AFSCA y 2019 en el caso de AFTIC, precisamente para no coincidir con los mandatos presidenciales.

Estas autoridades pueden ser removidas por decisión del Consejo Federal, tal como establece la legislación vigente, pero no por el Poder Ejecutivo, que no tiene facultades para intervenir. Esta intervención implica entonces una violación de las leyes de creación de estos organismos, que no pueden ser modificadas por decreto.

Cabe recordar que ambas leyes fueron aprobadas por sólidas mayorías parlamentarias, incluyendo votos de congresistas afines y opuestos al gobierno. En el caso de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual se trata, además, de una norma impulsada desde hacía mucho tiempo por la Coalición por una Comunicación Democrática de Argentina y discutida ampliamente en múltiples instancias ciudadanas, recogiendo muchas propuestas que fueron tenidas en cuenta en el texto finalmente aprobado.

Una ley que, tras un largo proceso jurídico fue declarada constitucional por la Corte Suprema de Justicia en 2013 y que es considerada un gran avance en materia de libertad de expresión por los organismos internacionales especializados en la materia, tales como UNESCO y las Relatorías de Libertad de Expresión de la ONU y la OEA.

Más allá de las críticas que pueda merecer la aplicación que se ha hecho hasta el momento de estas leyes, esta intervención por decreto, que viola autonomías establecidas legalmente sin pasar por la debida discusión parlamentaria y sin ningún diálogo con la sociedad, implica un retroceso en materia de libertad de expresión y democracia. Manifestamos entonces nuestra solidaridad con la Coalición por una Comunicación Democrática de Argentina, que reúne a trabajadores de la comunicación, organizaciones de la sociedad civil y de la academia y que ha expresado su rechazo a las medidas adoptadas y su compromiso con la aplicación plena de la legislación vigente.

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