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El debate pendiente: La democratización de los medios de comunicación

El Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT organizó, con el apoyo de la Facultad de Información y Comunicación de la UDELAR y la FESUR, un completo debate sobre la libertad de expresión, medios de comunicación y derechos de los trabajadores en Uruguay y la región.

Expertos internacionales y uruguayos fueron desmenuzando una realidad poco conocida y escasamente debatida en la sociedad uruguaya: la concentración de los medios de comunicación en pocas manos afectando la pluralidad de opiniones e incluso las fuentes laborales del sector. Además se recalcó la necesidad de que el PIT-CNT tome este tema como una de sus banderas centrales de lucha.

Iván Häfliger, director adjunto del Instituto Cuesta Duarte, abrió el seminario y recalcó la importancia de estos temas para poder seguir avanzando en democracia. Reconoció que a la central sindical le cuesta trabajar integralmente sobre estos temas, más allá de las denuncias y situaciones puntuales de reclamos.

Rafael Sanseviero de FESUR (Fundación Friedrich-Ebert-Stiftung en Uruguay), también destacó el interés del movimiento sindical al ser un actor principal en el debate político y social uruguayo. «Asumir este debate desde la perspectiva del perfeccionamiento democrático, la capacidad de discutir críticamente sobre estos temas», agregó.

Federico Beltramelli de la Facultad de Información y Comunicación (FIC), habló sobre la necesidad de discutir estos temas en una agenda nacional.

«Como institución proponemos articular encuentros de este tipo», puntualizó.

Una de las participaciones destacadas fue la del vicepresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el abogado Roberto Caldas abrió el debate advirtiendo que la democratización de los medios de comunicación, «no se construye de un día para el otro, sino a través de la lucha social. Ha sido así en todos los casos».

También recomendó a los sindicatos la utilización del sistema de Derechos Humanos. «Los casos que llegan a la Corte se refieren más a derechos civiles y políticos que a los derechos colectivos, sociales y económicos. «Los sindicatos pueden intentar llegar al sistema si no tienen éxito en su país», añadió.

Caso RCTV en Venezuela

Caldas se refirió al polémico tema de la sentencia sobre el retiro del usufructo por parte del gobierno de Venezuela a RCTV y afirmó que no se dio a conocer el fallo en su totalidad. Afirmó que la Corte reconoció el derecho de los individuos a la libertad de expresión, pero también realizó una importante descripción y contexto del momento que se estaba viviendo. El golpe de Estado en Venezuela. El espectro de radiodifusión es del Estado y por lo tanto pertenece a los ciudadanos, sin embargo mientras sucedía de todo en las calles, los medios de Venezuela patrocinaron un «apagón institucional». «Algunos transmitían dibujitos y películas», contó.

«La sociedad tiene el derecho a recibir información de lo que estaba sucediendo, sin embargo fue prohibido ese derecho por aquellos que debían transmitir lo que estaba sucediendo», puntualizó el juez internacional.

«No se conocen todos los casos en los que ha intervenido la CIDH, por ejemplo en el golpe de Estado en Honduras cuatro jueces asociados a la Asociación de Jueces para la Democracia, fueron apartados de su cargo por ejercer su derecho a la libertad de expresión. La Corte de Justicia de Honduras participó institucionalmente avalando el golpe de Estado», contó.

Edison Lanza Lanza, quién desempeña el cargo de Relator de Libertad de Expresión en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y fue uno de los promotores de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) en Uruguay, explicó que viene aplicando en el continente todo lo que aprendió en la Comisión Técnica que armó el proyecto de ley. «Lo que Uruguay ha logrado hacer lo intentamos hacer en la región», acotó.

«Las iniciativas legislativas salieron de las organizaciones que hoy están presentes acá y son conquistas democráticas», afirmó Lanza.

Democracia y libertad de Expresión

El abogado destacó cuatro puntos sobre la comunicación en la región de las Américas: 1) Libertad de expresión y democracia. No hay defensa de los derechos humanos si los ciudadanos no tienen garantizada la Libertad de Expresión. Hemos recibido denuncias sobre: Autoritarismo; Crimen organizado y Narcotráfico; Colusión del crimen organizado con el aparato estatal, muy comúnmente detectado en los casos de periodistas asesinados. Otros puntos son el excesivo uso de la fuerza en las manifestaciones y la falta de pluralismo en los medios de comunicación comerciales.

2) Libertad de expresión y los sindicatos. Denuncia de dirigentes sindicales que han sido perseguidos por defender los derechos de los trabajadores. Prohibición del derecho a asociarse y reunirse. Se presentó ante la Corte un primer caso de un dirigente sindical en Perú que fue despedido por criticar a sus empleadores.

3) La protección de los periodistas y los trabajadores de los medios de comunicación. Es necesario no estigmatizar el trabajo de los periodistas, denigrando su actividad. Los primeros que deben respetarlos son los funcionarios públicos. Es preciso evitar la generación de un clima de hostilidad contra los periodistas. Proteger la identidad de las fuentes de los periodistas.

«Otro tema preocupante es la vigilancia, lo del Guardián en Uruguay no es una tontería», acotó. «También le pedimos a los dirigentes sindicales que entiendan el trabajo de la prensa, conformando un debate abierto pero sin descalificar». En el caso de las amenazas el Estado tiene la obligación de proteger y sancionar a los culpables. La gran mayoría de los asesinatos ocurren en el interior de los países, en las provincias.

4) Acceso a la información. Sin pluralismo no hay Democracia. Los Estados tienen la obligación imperiosa de promover la pluralidad. «Hay que tomar decisiones y limitar la concentración de los medios de comunicación en manos de unos pocos. Tampoco hay políticas claras a favor de los medios más pequeños, ni comunitarios. Las políticas de discriminación positiva son necesarias, en caso contrario, no hay sustentabilidad para estos medios de comunicación que recién empiezan.

«En la región contamos con gobiernos que no han hecho reformas como es el caso de Brasil. La historia de América Latina, es la historia de la exclusión.

Al dirigente político le cuesta mucho meterse en estos temas», añadió.

Lanza afirmó que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) que debe pronunciarse sobre los recursos de inconstitucionalidad contra la Ley de Servicios Audiovisuales, «tiene una demanda enorme en sus manos, la ley de SCA, el fallo importa no solo para Uruguay sino para toda la región».

Brasil: «La privatización de la privatización».

Renata Mielli es periodista, Secretaria General del Centro de Estudios de Medios Alternativos Barao de Itararé, Brasil y denunció que en su país ni siquiera hay competencia lisa y llana en el sector privado. «La Red Globo controla el 70% del mercado de los medios de comunicación», denunció.

La experta afirmó que los medios de comunicación acabaron impidiendo el debate sobre la concentración y la necesidad de regular su accionar. En Brasil cada 20 años se renueva la licencia de forma automática.

«El escenario es grave, esperábamos avances en el primer gobierno de Lula cuando había una correlación de fuerzas a favor del gobierno. No hubo, ahora es difícil», reflexionó Mielli.

En el 2009 los movimientos sociales comenzaron a trabajar por la democratización de las comunicaciones para conquistar nuevas leyes. «Se han instalado debates absurdos como que la protección de la niñez coarta la libertad de expresión de los medios en pasar lo que quieran. En Brasil no hay organismos reguladores independientes. Hablamos de la privatización de la privatización».

Más adelante advirtió «En Brasil se aprecia un claro avance de los sectores conservadores en discusiones como la instauración de un código de la familia dónde solo serán considerados como tales aquellas integradas por un hombre y una mujer. También se discute una ley antiterrorista para criminalizar los movimientos sociales en Brasil».

Argentina: Un futuro incierto

Santiago Marino es doctor en Ciencias Sociales, Magister en Comunicación y Cultura de la UBA, Buenos Aires, Argentina. Ante la reciente victoria de Mauricio Macri el experto entiende que no hay claridad hacia donde van a ir las políticas de comunicación y no augura un prominente futuro para una serie de leyes que fueron pioneras en la región, aunque sin demasiada profundidad.

El futuro presidente argentino creó un Ministerio de las Comunicaciones, pero borrando todo lo realizado hasta ahora. En vista del corrimiento hacia la derecha Marino duda que en los próximos años la concentración de los medios sea tocada en Argentina.

Uruguay: un tema estratégico

El periodista Gabriel Mazzarovich habló en nombre del PIT-CNT y afirmó que en los últimos años la central sindical vivió «una campaña feroz de estigmatización, nunca fue diferente pero ha sido salvaje en estos tres años.

Con una calificación especial, el corporativismo del movimiento sindical».

«Se le puede decir cualquier cosa al movimiento sindical, menos corporativo. Tiene una historia heroica abonada con sangre, de compromiso con la Democracia y con todos los temas de la sociedad, con este también, aunque cueste y sea difícil entender», añadió Mazzarovich.

Para los trabajadores el compromiso va por dos vías, la perspectiva democrática, y la otra es la perspectiva emancipadora y de transformación-.

En ambas este tema es crucial. No hay emancipación completa de la sociedad sin ampliación de la libertad de información y la libertad de expresión. Sin la democratización de los medios y la información.

«Los patrones tienden a confundir libertad de prensa con libertad de empresa, que no son lo mismo. También se tiende a confundir el derecho de la libertad de expresión con el derecho de los dueños de los medios a decir lo que se les antoja, cuando, como y con quien se les antoje. Esa ha sido la tradición del Uruguay, a eso se ha enfrentado el movimiento sindical, a veces toscamente», recordó.

«Son derechos de toda la sociedad, de los individuos y de los colectivos y en ningún caso de un grupo escogido como nosotros los periodistas y mucho menos de un grupo privilegiado como los dueños de los medios de comunicación», planteó.

Esto hace a la calidad de la democracia. No se puede ejercer la ciudadanía si la calidad de la información de la que se dispone es limitada.

Históricamente se planteaba que el peligro de censura venía del Estado, pero hoy ya se plantea que el poder de los oligopolios mediáticos ha crecido mucho en el mundo. Diez corporaciones estadounidenses generan el 75% del contenido de espectáculos y entretenimiento que consumimos todos los seres humanos.

«Es tal el poder que es un peligro para la Democracia, por eso debe regularse la concentración de la propiedad y la producción de contenidos. Se trata de un desafío central», afirmó el periodista.

Desde el punto de vista de la perspectiva transformadora, de la lucha de clases, el sistema de medios es parte orgánica del poder en dos dimensiones: en la base material, porque son parte del grupo económico que sostiene el poder en la sociedad y orgánica porque integra el aspecto de la economía que más dinámicamente crece, donde se puede crecer aún más, con más ganancias. Porque pertenecen a grandes grupos financieros, porque están unidos al poder económico, concentran y reproducen la riqueza.

El segundo aspecto: constructores de valores, generadores de agenda pública, de sentido común dominante. En el marco de la actual agudización de la lucha de clase, los medios de comunicación son el terreno más dinámico de la lucha de ideas en toda su amplitud.

«Por estas razones debe ser central para la lucha de los trabajadores», afirmó.

¿Qué sistemas de medios tenemos en Uruguay?, se pregunta Mazzarovich, privado, comercial, concentrado y extranjerizado. «Impresentable», acotó.

«¿Cómo se llegó a esto? Adquirieron los permisos con prácticas clientelares, por ser obsecuentes con la dictadura, por ser diputados fracasados. Nadie que tiene una frecuencia hoy concurso contra nadie o se presentó a un concurso» añadió.

El tercer aspecto es que es una tarea democrática y siéndolo es una tarea emancipadora, transformadora de esta realidad. Concentran la ideología dominante, la riqueza y su producción y encima lo hacen usufructuando espacios que son de propiedad pública, como si fueran de ellos.

«Una tarea inminente es comprometer mucho más al movimiento sindical, en la defensa de la LSCA, en su cumplimiento y en su aplicación. Se trata de un paso histórico. No fue una ley impuesta, se debatió en todos lados. Tenemos que pelear porque se fortalezcan los medios públicos y los medios comunitarios. Tiene que estar en nuestra plataforma de lucha, en nuestro compromiso y también tenemos que defender a Antel. Porque en el terreno de la convergencia a la que vamos, si no se defiende el papel del estado en la infraestructura, la convergencia solo puede producir más concentración, oligopolio y monopolio», resumió.

Concentración de medios en Uruguay

Gianela Turnes, investigadora de la FIC explicó algunos preliminares de una investigación que se viene realizando en Uruguay sobre la propiedad y el control de los medios de comunicación.

Se trata de un trabajo a medio terminar debido a que la URSEC (Unidad Reguladora) les pidió más tiempo para completar la información que la FIC solicitó. «El próximo paso será seguir contrastando la información relevada en las entrevistas», añadió Turnes.

Según algunos datos relevados en tres departamentos por la investigación el mercado de medios está en proceso de cambios. Una reconfiguración «no muy clara» de la propiedad que en algunos casos ha pasados de manos a conglomerados extranjeros. Igualmente la concentración sigue gozando de muy buena salud en Montevideo y en el interior del país.

Es bueno acotar que en todos los casos los titulares de los medios no aceptaron conceder entrevistas a los investigadores a pesar de que se presentaron como un grupo académico de estudio.

Gustavo Gómez de OBSERVACOM, advirtió sobre el poco trabajo de investigación sobre la concentración de medios en Uruguay. «Algunos van a tener que cambiar el chip de las tres familias que dominan los medios, porque acá están planteando una mayor complejidad del mapa».

Por otra parte, «la convergencia termina de plantear cómo los actores de un mercado como la televisión, se vuelcan o quieren volcarse, hacia el mercado de las telecomunicaciones y cómo los actores de las telecomunicaciones se quieren volcar al mercado audiovisual», añadió el especialista.

Los actores de telecomunicaciones que se quieren volcar a lo audiovisual no son solo Antel. «Telefónica y Claro son dos actores muy importantes transnacionales que se están metiendo con mucha fuerza en el sector audiovisual. Si no han entrado en Uruguay con la fuerza de otros lados, ha sido por las barreras legales existentes», añadió.

«Llegan a los mercados como depredadores, con precios muy bajos para competir, por ejemplo, en el acceso al servicio de televisión por suscripción como sucede en Paraguay. O directamente con la compra de cableros en países como Colombia. Es un negocio que incluye la generación de servicios audiovisuales. En Uruguay está en fase de baja intensidad pero quedó claramente expresado cuando se discutió la LSCA. En otros países se ha vuelto una guerra entre actores nacionales (concentrados o no) y estos actores transnacionales», explicó Gómez.

«La discusión es como desconcentramos donde ya hay concentración. Estos grupos concentrados no solo tienen poder de audiencia, sino un poder económico muy fuerte. Ya no son grupos solamente de medios, están entrelazados con otras. Es gente que se va a resistir a cambiar sus privilegios de más de 50 años. Un mercado de TV cerrado a la competencia. Son tipos que no han pagado nada y que no han tenido competencia hasta este intento tibio de la TV digital», añadió.

«Esperamos que las señales de este primer año de gobierno cambien. Son necesarios fondos para desarrollar los medios comunitarios y los medios públicos, así como la aplicación acelerada del apagón analógico y el tránsito hacia la TV digital. Todos esos pasos positivos que están en las normas del gobierno pasado y en el programa del Frente Amplio. Hoy no hay designado ningún presupuesto para ninguna de estas cosas. Sin esta pata, los objetivos de democratizar los medios de comunicación van a estar muy lejos de ser logrados», criticó.

Desde la academia Gabriel Kaplún de la FIC habló sobre un reciente informe sobre el sistema mediático en Uruguay, una investigación realizada por las universidades públicas y privadas que tienen carreras vinculadas al área. La misma se basó en los estándares de calidad de la Unesco.

«Ordeno un montón de información que estaba suelta. Hicimos una encuesta de opinión pública y a la gente le importan muy poco estos temas. Tienen una sensación de que tenemos un sistema bastante bueno. Muchas de las críticas que hacemos aquí no son percibidas así por la población y es un elemento a tener en cuenta», añadió Kaplún. «La confianza que la sociedad tiene en su sistema de medios y es bastante alta en Uruguay».

El especialista recordó que la LSCA no avanzó con respecto a la prensa escrita, «en otros países la normativa tiene fuerza. Por ejemplo, en Estados Unido, aquel que ya tiene un diario importante en una localidad no puede tener a su vez un canal de TV».

«Estamos a cuatro meses de la última prórroga que, otra vez, dio el gobierno para instalar los canales digitales y en principio el panorama es preocupante.

La estrategia de apertura de nuevos actores no está mostrando indicios sólidos de concreción», reflexionó Kaplún.

«Tenemos una responsabilidad enorme por delante. Cuando flaquean los de arriba los de abajo tenemos que hacer todavía más fuerza», agregó.

¿Libertad de expresión o de empresa? Por su parte la periodista Alejandra Casablanca, quien participó del debate reflexionó sobre el término «libertad de expresión». «Me pregunto en voz alta si es libertad de expresión o libertad de empresa, en algún momento estaría bueno dar ese debate».

«Los empresarios están haciendo lo que quieren hoy al menos con algunos medios de comunicación. Trabajo en CX 30, con el apoyo de la APU y el PIT-CNT hemos tenido una negociación con un desgaste brutal con alguien que no entiende lo que es».

«Entiende de ser un empresario que se puede comprar una radio como un puesto de chorizo o un supermercado. Cuando hablamos de democratización también deberíamos hablar de calidad de los medios de comunicación y va más allá del debate de las redes sociales», agregó.

«Lo que está primando es la libertad de empresa, las cuentas no me dan y yo levanto el programa y alquilo la mañana de mi radio. Una radio emblemática que tiene un público muy particular. Esa gente ya no escucha esa mañana alquilada, que nada tiene que ver con una programación pensada, de buscar en el otro pensar juntos. Eso está pasando en la CX30 y si le sumamos los despidos que vienen sucediendo en las radios, está bravo.

«Ojala el PIT-CNT tome como suya esta agenda de derechos, sobre la libertad de expresión y la democratización de los medios, para entender la información y la comunicación como un derecho de los ciudadanos. Ojala veamos y nos veamos, así como hemos salido en esta maravillosa campaña que tiene que ver con la posibilidad del trabajo de las personas con discapacidad, con un cartel que también hable de nosotros y tengamos a dirigentes sindicales, deportistas, músicos, actores, políticos levantando ese cartel. Porque hemos avanzado en muchas cosas, pero en medios prácticamente nada», finalizó la periodista.

En un año hubo 100 trabajadores despedidos en los medios de comunicación

La concentración no es un tema menor desde la visión de los trabajadores de los medios de comunicación y sobre todo en el interior. Cuáles son las condiciones de los trabajadores cuando tienen el mismo dueño. En el interior es todavía más común el multiempleo», indicó el presidente de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU).

«En el interior los compañeros tienen muy bajos salarios, no les permiten mejorar su formación, las condiciones de trabajo no son las mejores. Luego tenemos la situación de Montevideo con varios despidos», añadió.

«Este año ha sido muy malo para los trabajadores de los medios, a grosso modo conté 100 pérdidas de puestos de trabajo. Realmente la enorme mayoría de esas personas no tienen lugar en otros medios. Por eso hay que buscar otras alternativas y por eso también ha crecido la comunicación organizacional», explicó Lema.

«Los trabajadores tenemos un papel y es tratar de hacer cumplir y denunciar las cosas que no se adecuan a la ley.

Tenemos que pelear para que se cumpla con la ley. No es fácil encontrar medios que publiquen este tipo de cosas. Termina siendo como un tema tabú», añadió.

A su vez la secretaria general de APU, Victoria Alfaro habló sobre «el alto grado de autocensura que tenemos los periodistas en este país por miedo a perder el trabajo. Así lo revela el último informe de investigación sobre el sistema de medios presentado hace unos días».

«La situación es general no es positiva, estamos en una etapa crítica donde todos tenemos que tirar hacia delante para salir a flote. Es terrible que una ley tan completa como la SCA esté trancada, una norma que además nos protege como periodistas. Esperamos que el PIT-CNT tome este tema como un ítem central dentro de su plataforma reivindicativa», añadió Alfaro.

En 15 meses hubo 51 casos de amenazas a la libertad de expresión en Uruguay

El periodista Fabián Werner, director de Sudestada y responsable del monitoreo sobre la libertad de expresión en Uruguay, destacó el encuentro para discutir sobre medios de comunicación.

«En general los periodistas solemos hablar de los demás pero no mucho de nosotros mismos, de nuestros problemas. No solemos hablar de los colegas, existe un tabú, donde no se atreven a hablar de otros medios cuando despiden periodistas o cuando se produce una compraventa de un medio por parte de otro», añadió.

«Ahora quiero hablar sobre las amenazas que tiene la Libertad de Expresión en Uruguay, un aspecto sobre el cual no se habla demasiado. Está vinculado con la manera en que los periodistas se sienten amenazados al momento de ejercer su profesión. La gente no se entera cuando hay un juicio a otro periodista. La ciudadanía no se entera y sin embargo tiene una consecuencia directa sobre la calidad de la información que se le da a la gente, porque lo más común es que el periodista se ve obligado a dejar de informar sobre ese asunto», explicó Werner. En Uruguay en los últimos quince meses hubo 51 casos registrados de amenaza a la libertad de expresión, según el Monitoreo realizado entre Cainfo y APU. «El motivo más habitual para las amenazas ha sido el hostigamiento a través de la justicia. Periodistas o medios de comunicación que fueron enjuiciados por alguna cobertura informativa que realizaron», explicó.

«La Justicia es utilizada, en buena medida, porque los magistrados no están mínimamente actualizados sobre la legislación de derechos humanos. Ocurren casos como el semanario del Eco de Colonia, que tuvo que ver con un abogado (que decía representar a una cámara antipiratería), que sin tener la legitimidad suficiente para hacerlo, se sirvió de la falta de capacitación e información que tenían la fiscal y la jueza, permitiendo que prosperara una investigación judicial que casi genera el cierre del medio», contó el periodista. «Gracias a una pelea que duro varios meses y donde jugó un papel fundamental la APU se pudo revertir esa situación».

En Montevideo hubo casos de periodistas que fueron casi que obligados a revelar sus fuentes de información, cuando existe legislación que garantiza el derecho de los periodistas a conservar el anonimato de sus fuentes.

«Si revisan la prensa de la época, van a ver que los informativos de televisión no informaron sobre estos casos. Ni siquiera en casos donde están involucrados periodistas de esos medios», agregó.

«Periodistas que no informaron que una cadena de supermercados fue sancionada por la intendencia de Montevideo, porque el dueño de esa empresa era a su vez dueño del canal. U otro caso cuando un candidato a la presidencia recibió una pregunta incomoda de un periodista y llamo a los canales para pedir que no pasaran esa pregunta y los canales le hicieron caso», finalizó citando algunos ejemplos.

El popular, 11 de diciembre de 2015

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