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Detrás de cámaras

A partir de la aprobación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA), en diciembre de 2014, la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) sumó una nueva función: ejercer como organismo defensor de los derechos de la audiencia de las radios y los canales de televisión.

Para ello, la propia norma dispone que la INDDHH deberá designar un “relator especial de los servicios de comunicación audiovisual”. Se trata de una figura similar a la que existe en Argentina, tras la aprobación de la ley que regula la radio y televisión en dicho país. En Argentina se denomina “Defensoría del público” y la ejerce actualmente la periodista y docente universitaria Cynthia Ottaviano, a quien la INDDHH evalúa invitar para un conversatorio específico sobre el tema.

En Uruguay, el artículo que crea esta función está vigente, sin necesidad de reglamentación -y por tanto sin necesidad de aguardar a mediados de año, que es cuando se aprobaría la reglamentación de la ley SCA, según los planes del presidente Tabaré Vázquez-. En la norma uruguaya se establece como cometidos de la INDDHH el diálogo con los titulares de los medios para “tratar de solucionar los eventuales apartamientos de la normativa”, “ejercer la representación” de los intereses de las audiencias ante órganos jurisdiccionales o administrativos, elaborar un registro de las denuncias recibidas sobre apartamientos a la normativa, así como coordinar la formulación e implementación de un Plan Nacional de Educación para la Comunicación “que comprenda la alfabetización mediática y el desarrollo de las competencias comunicacionales de todos los ciudadanos, el estímulo al papel educativo de los medios, la formación profesional de calidad y la investigación sobre estas áreas”. Además, en las disposiciones transitorias de la propia ley, se establece que hasta que se designe el Consejo de Comunicación Audiovisual, la INDDHH se hará cargo de las funciones nuevas que crea la ley, por ejemplo la evaluación del cumplimiento de los planes comunicacionales de los medios.

Los integrantes del Consejo Directivo de la INDDHH coinciden en señalar que actualmente no disponen del presupuesto necesario para enfrentar estas tareas. Estiman que, además del sueldo de relator, hará falta contratar entre tres y cuatro personas más para desarrollar las tareas vinculadas con la ley SCA, e incluirán estas previsiones en su próximo pedido presupuestal.

De todos modos, la INDDHH ya está pensando en cómo será el proceso de designación de la relatoría, y así se lo transmitió a representantes de la Coalición por una Comunicación Democrática, con quienes se reunió el martes de la semana pasada. “Estamos pensando en un modelo como el de la elección de los integrantes de la INDDHH, en el que la sociedad civil pueda presentar personas con capacidad técnica e independencia, se haga una selección y luego audiencias públicas, y se designe a un relator externo a nosotros”, explicó a la diaria Ariela Peralta, directora de la INDDHH.

En paralelo, la institución está manteniendo reuniones con representantes de la Administración Nacional de Educación Pública para la formulación de un plan nacional de educación en medios que se incorpore a la currícula.

La diaria, 23 de marzo de 2015

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