/ todo / Martínez: ley de medios era “una deuda que se tenía con la democracia”

Martínez: ley de medios era “una deuda que se tenía con la democracia”

Durante toda la jornada de este martes se está debatiendo en el Senado la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Con los votos del oficialismo, el proyecto pasará a Cámara de Diputados para ser aprobado. Luego de hablar con el nacionalista Álvaro Delgado, En Perspectiva entrevistó al senador frenteamplista Daniel Martínez, quien defendió la ley como “garantista” pero “mejorable”. Además agregó que es necesario avanzar “para crear una ley que garantice el objetivo supremo, que es que cada ciudadano pueda escuchar todos los puntos de vista sobre cada tema para elegir con su propia cabeza”.

(emitido a las 7.35 hs.)

EMILIANO COTELO:
Hoy, sobre las 9.30, la Cámara de Senadores se reunirá en sesión extraordinaria para votar la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Habrá dos altos en el receso parlamentario, el de hoy en la cámara alta y el del lunes 22 en Diputados, con los cuales la bancada del oficialismo piensa dar por finalizado el trámite de la llamada “ley de medios”, que insumió más de dos años de discusión.

Ayer tuvimos aquí en En Perspectiva la opinión de unos de los legisladores de la oposición que han trabajado en este tema, el diputado del Partido Nacional (PN) Álvaro Delgado. Hoy será el turno del Frente Amplio (FA).

¿Por qué es necesaria una normativa que regule la prestación de servicios de radio, televisión y televisión para abonados? ¿Cómo responde el gobierno a los cuestionamientos que ha lanzado la oposición sobre el espíritu de la ley, que dicen que busca “controlar los medios”?

Vamos a conversarlo con el senador Daniel Martínez (PS, FA), presidente de la Comisión de Industria de la cámara alta.

Uno de los aspectos que han dado lugar a debates es el trámite. Ayer, cuando hablamos con el diputado Álvaro Delgado, él se encargó de dejar claro que, además de las objeciones puntuales que puede tener con algunos de los artículos de la ley, discrepa, y su partido discrepa, con la forma en que se ha procesado la discusión y con los tiempos escogidos para aprobar el proyecto. Lo decía de esta manera:

(Audio Álvaro Delgado.)

“Primero hay un tema de forma y hay un tema de tiempos. En cuanto a la forma, creo que se necesitan niveles de acuerdo y de consenso que este proyecto de ley no tiene ni tuvo. Hubo recepción de propuestas de los actores sociales, pero no hubo un intercambio entre los partidos políticos a fin de buscar niveles de consenso para avanzar en determinadas cosas o para desestimar otras.

Y cuanto a los tiempos, me parece a todas luces bastante complicado aprobar al final de una legislatura, entre las fiestas, un proyecto de estas características, que va a modificar radicalmente al menos el panorama de los medios de comunicación en Uruguay, más allá de que en algún tiempo la tecnología y el control remoto le van a pasar por arriba a la ley”.

(Fin.)

EC – ¿Qué responde usted?

DANIEL MARTÍNEZ:
Primero, creo que el diputado Delgado reconoce algo, que tuvo un largo proceso de debate en el que se buscó dar la más amplia participación a todos los sectores empresariales y sociales. El debate de esto para ver de qué forma poner a Uruguay en el primer mundo en cuanto a la institucionalidad y terminar con la discrecionalidad histórica que lamentablemente tenía el país en este tema.

Este proceso de buscar aprender de las mejores prácticas legislativas en países como Estados Unidos, países de Europa, etcétera, empezó a fines de 2008, en 2009, cuando con un grupo de gente empezamos a reunirnos, a discutir de qué forma avanzar para crear una ley garantista y con un marco institucional que garantizara el objetivo supremo, que es que cada ciudadano pueda escuchar todos los puntos de vista sobre cada tema para elegir con su propia cabeza.

Creo que la verdadera democracia es cuando tenemos el mayor número posible de verdaderos ciudadanos. Y para eso el papel de los medios de telecomunicación es llegar con pluralismo, con apertura, dar la posibilidad de escuchar distintas opiniones –no con concentración de medios–, con todas esas reglas que uno ve en las leyes de España, de Francia, de Inglaterra, de Estados Unidos, que tienen un montón de directivas, de las que se aprendió y se trata de avanzar en ese sentido.

Este trabajo tuvo varias etapas, el tema –no te voy a negar– tuvo matices dentro de la propia fuerza de gobierno. Además no es que cada uno coincida en un 100% con lo que sale, se buscó la mejor ley, que generara garantías en torno al objetivo fundamental de institucionalizar el derecho de información, la absoluta libertad de prensa, el derecho a escuchar todas las campanas, etcétera, en el marco de crear una institucionalidad que ayudara a eso. Obviamente después es un problema de realidad, de correlación de fuerzas, del éxito de los empresarios de los medios de telecomunicaciones, hay un montón de factores que trascienden la ley. Pero se buscó hacer una ley garantista.

En ese proceso se terminó en una comisión asesora que incluía a los gremios de la prensa, a la Universidad de la República, a Andebu, a organismos de protección de la infancia, a gente que representaba la defensa de los derechos humanos en cuanto a la lucha contra cualquier tipo de discriminación –racial, religiosa–; participó no solo el sector social tradicional sino también el propio sector empresarial. Y se terminó en el lugar donde se discute y donde los partidos políticos, con quienes son elegidos por la gente, terminan de decidir las cosas, que es el Parlamento.

EC – Pero en ese ámbito no hubo posibilidad de acuerdos, y vamos a llegar ahora a la votación en el Senado con el Parlamento dividido, el oficialismo votando la ley y la oposición toda, en bloque, no acompañándola.

DM – No veo que no voten los primeros capítulos de la ley, que hablan de los derechos del ciudadano y de los medios de radiocomunicaciones, parecería un disparate. Hay algunos temas opinables, el Partido Independiente (PI) cuestiona algunos aspectos del tema electoral para los cuales vamos a plantear hoy alguna modificación.

EC – La pregunta era más conceptual. En un asunto como este, tan delicado, ¿no debió haberse procurado por todos los medios no digo la unanimidad, pero sí un amplísimo consenso político?

DM – Nueve meses en Diputados y como cinco meses a marcha forzada, porque nos reunimos hasta tres y cuatro veces por mes, con sesiones largas, en las que se recibieron 80, 90 delegaciones en Diputados y 40, 50 en Senadores. ¿Te parece que no hubo un proceso de discusión? La búsqueda de acuerdos fue permanente. Es más, hay temas para los que se está terminando de buscar una alternativa escuchando todos los puntos de vista.

En definitiva ha habido un proceso de debate en el cual hay quienes han dicho “nosotros no estamos de acuerdo en que exista una ley”. (No sé si es el caso del PI, su crítica es más puntual, ellos en general están a favor de que exista una ley del sistema de comunicación audiovisual; porque no es una ley de medios, se refiere a las telecomunicaciones por la vía de frecuencias o de trasmisión de cable.)

Por eso recuerdo: Uruguay no está planteando algo que se haga en Marte; se hace en países como Inglaterra, Francia, España, Estados Unidos, estos países tienen normas de regulación, algunos en algunos aspectos coincidentes con la nuestra y otros que en algunos puntos los tienen y en otros no. Pero es un criterio que se ha adoptado a nivel mundial, justamente, porque la fundamental garantía de la democracia es la institucionalidad. La institucionalidad permite la defensa sobre todo de los más débiles ante los más poderosos, y permite fijar reglas de juego que sean conocidas por todos.

Es clarísimo que eso en el sistema de telecomunicaciones de Uruguay no existía. Te cuento una anécdota: cuando empezó este proceso yo era ministro de Industria, Energía y Minería, y me empiezan a llegar decretos para adjudicación de frecuencias. Recibo una hojita, que sería media carilla escrita, en la que se hablaba de cuestiones formales legales, y de estar al día con el BPS y la DGI, y miraba para el otro lado y estaba vacío, y pedí un informe anexo y no había.

Ahí fue cuando descubrí que en Uruguay la adjudicación de frecuencias es absolutamente discrecional. Aquello que había escuchado toda la vida, que en la historia del Uruguay se dio muchas veces que el presidente de la República antes de irse adjudicara a troche y moche frecuencias a amigos políticos, que fue una cosa muy tradicional durante mucho tiempo, podía hacerse porque no había institucionalidad alguna. No había criterios para algo tan importante. Recuerdo el objetivo fundamental que al menos para mí tienen las telecomunicaciones: lograr ciudadanos conscientes, que sobre cada tema escuchen todos los puntos de vista y puedan, a partir de su espíritu crítico, formarse opinión.
    
En ese marco, las ondas –que aparte son de la nación, no son de una u otra persona, el éter es del conjunto del país, de los ciudadanos– se daban y se manejaban con absoluta discrecionalidad. Yo sinceramente estoy convencido de que era una deuda con la democracia que el Uruguay no tuviera una ley de estas características.

Aunque tal vez dentro de cinco o diez años estemos reformándola, por el desarrollo de internet, que todavía abre un montón de capítulos para ver cómo se hace, porque siempre hay que tener mucho cuidado de no violar la libertad de expresión, de contenidos, etcétera. Tal vez internet nos obligue a cambiar cosas, o de repente hay que cambiar porque nos damos cuenta de que en la práctica alguna parte de la ley no es correcta o no está cumpliendo el objetivo o se está excediendo del objetivo que tenía. En eso vamos arriba.

Lo bueno es que en Uruguay, pese a la discrecionalidad que existía, nunca hubo una violación excesiva, que de repente en otro país se puede dar, de los códigos de libertad de expresión y de prensa.

EC – Este proyecto tuvo cambios en su pasaje por el Senado, algunos que se trataron en comisión en el primer semestre de este año y otros muy recientes, que se están incorporando ahora mismo, en este mes de diciembre. Si Diputados va a votar el texto el lunes que viene, ¿en qué momento esa cámara podrá analizar todos esos cambios que se introdujeron en los últimos tiempos? Parece claro que no habrá margen para eso, que Diputados no tendrá ese tiempo.

DM – Sí, pero por ejemplo los cambios en lo electoral en buena medida nacen de planteos hechos por la propia oposición, porque se ha discutido internamente dentro del FA y se ha entendido que era cierto, que había que buscar sistemas que mejoraran la propuesta. Y así en todos los ámbitos, todos los temas que están propuestos reflejan puntos de vista u opiniones que la oposición argumentó fuertemente y el FA decidió cambiar, como en tantos otros temas.

Recuerdo perfectamente el Código de Minería. Fue un tema en el que trabajamos como locos en la Comisión de Industria y Energía –esta misma comisión–, trabajamos meses, y un 60% de los artículos tuvieron cambios porque eran correctas las opiniones de la oposición para mejorar el contenido. Pero después se fue a sala y no se votó. Es muy lindo decir “no se toma nuestro punto de vista”, pero muchas veces se toman muchísimos, sin embargo hay definiciones políticas, cuestiones políticas y no conceptuales, que hacen que tampoco se vote.

Yo estoy de acuerdo en que tiene que haber el máximo de coincidencia y se trabajó muy fuertemente en este tema para que fuera así. Tú mencionas cambios que se hicieron en el Senado; recuerda también la cantidad de cambios que se dieron en Diputados, se dieron muchísimos cambios que mejoraron muchísimo la ley, y está bien, para eso está el Parlamento. Pero creo que lo que está en el fondo es que hay gente que tiene la visión –respetable totalmente, en democracia cada uno puede pensar y decir lo que quiera– de que no tiene que haber ley.

Y mientras acá se califica esta ley de fascista –un exabrupto–, la Sociedad Interamericana de Prensa habla de la importancia de que haya una ley; critica párrafos puntuales, pero en general está de acuerdo en que exista la ley, y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA y la Relatoría Especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y de Expresión resaltan esta ley como una ley ejemplar a nivel del mundo, y garantista.

Está todo bien, yo no digo que uno haga todo bien, y uno siempre tiene que dejar la puerta abierta porque en algunos temas puede estar equivocado. Hay temas en los cuales uno termina acordando, en los que de repente no pondría exactamente algunas que están puestas. Pero es un colectivo y en definitiva lo que importa es cómo es visto lo que está planteado en el contexto global y a la luz de la experiencia mundial.

Y si las relatorías especiales para la Libertad de Expresión de la OEA y de la ONU y la Sociedad Interamericana de Prensa ven con buenos ojos esta ley, y las dos primeras hablan de que es una ley ejemplar para ser tomada de modelo en otras partes del mundo… ¡pucha, me cuesta creer que sean justificados algunos apelativos y comentarios que se han hecho –algunos muy agresivos– sobre toda esta ley!

EC – Hablemos de cambios que se han introducido hace poco. La norma que obliga a los medios de comunicación a otorgar determinada cantidad de espacios gratuitos para publicidad electoral (artículos 142, 143 y 144), según la última redacción, la que salió de la Comisión de Industria del Senado. En este punto hay discusión sobre el contenido de los artículos, pero también sobre la forma en que deben votarse esos artículos. Con respecto al sistema de asignación de publicidad electoral gratuita, la oposición criticaba que la distribución se realizaría en función de la votación obtenida por cada partido en las elecciones anteriores, con lo cual de hecho se favorecía al oficialismo de turno, y en el otro extremo se impedía el acceso a esos espacios a los partidos debutantes.

Ahora se atenuó ese criterio. ¿Cómo termina siendo el esquema?

DM – En el mundo generalmente hay tres modelos. El modelo proporcional, que es el que se aplicaba al principio en este articulado (tuviste tantos votos, te corresponde tanto tiempo, a llorar al cuartito si no existías antes), que beneficiaría al más votado, que lo fue porque la gente lo votó, es un tema discutible. El modelo igualitario (cada uno tiene tanto tiempo, si se presentan 20 cada uno tiene 45 minutos a lo largo de dos meses o de un mes y medio), todo el mundo igual. Y el modelo mixto, que es el que acordamos algunos y se llevó de común acuerdo la bancada, que es poner un piso, que haya un porcentaje del total del tiempo que se reparta en partes iguales entre todos los partidos que se presenten, de forma de favorecer a los partidos nuevos y romper la proporcionalidad estricta, y que el resto fuera en función de la última votación. Esto último se hace con el pago de los votos, el adelanto para las campañas electorales se hace en función de los votos que se tuvieron en la elección anterior.

EC – Entonces el 20% de los espacios se repartirá de manera pareja para todos, y el 80% en función de las votaciones anteriores. ¿Esa fórmula se usa en el mundo, con esa proporción? Porque de hecho también beneficia de manera importante al oficialismo de turno.

DM – Está bien, pero el oficialismo de turno fue votado por la gente. Habría que revisar entonces de qué forma se da el reparto de dinero antes de las elecciones para financiar las campañas, que sigue el mismo criterio. Otra posibilidad era poner el 30%, pero a nivel mundial se toma entre 10 y 25% como el piso de reparto. Obviamente, depende de un montón de temas, hasta de cuánta gente se presenta a votar. Pero siempre hay que terminar adoptando un criterio.

Se entiende, y a nivel internacional se da como un tema importante, que está bien generar un piso que permita la presentación electoral de los partidos nuevos y con ella una cierta igualdad en las condiciones, pero siempre vale también lo que fue la decisión de la ciudadanía. Ese es el estándar internacional. Al menos en lo que me mostraron –porque estuvimos trabajando en el tema y analizando– no vi ningún caso de 30%; hay alguno de 25%, pero en general todos andaban entre el 15 y el 20%.

EC – Y con respecto a la forma de votación de una norma de este tipo, el PI ya resolvió que si estos artículos se aprueban como se aprobaron en Diputados, por mayoría simple, va a presentar un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia. El PI y otros partidos de la oposición entienden que al tratarse de cambios en la legislación electoral estas normas requieren mayorías especiales, dos tercios. Entonces, ¿el Poder Ejecutivo y el FA van a correr el riesgo de una nueva declaración de inconstitucionalidad?

DM – Es un tema opinable. Y todavía estamos en un debate parlamentario, hasta que se vote la ley hay posibilidades de conversar y buscar alternativas. De repente se termina votando o de repente buscamos alguna solución de compromiso que permita ir adelante en este punto con todo el sistema político junto. Veremos qué pasa.

EC – Falta una hora y media para la sesión del Senado… ¿Usted dice que todavía hay margen para que en este punto se logre algún tipo de entendimiento?

DM – Todo puede ser, yo he visto cosas increíbles [se ríe] en el Parlamento, lograr acuerdos y lograr soluciones de compromiso a último momento que dejan la puerta abierta para encontrar la salida. Una hora y media para que empiece; estate seguro de que esta sesión va a durar mucho, y va a haber tiempo para negociar.

***
EC – En su argumentación, el diputado Delgado ponía ayer énfasis en uno de los aspectos que más han dado que hablar: el control que el proyecto introduce sobre los contenidos que sean emitidos al aire en radio, en televisión abierta o en televisión para abonados.

En un momento de la entrevista decía lo siguiente:

(Audio Álvaro Delgado.)

“No digo que el objetivo o la voluntad sea censurar, pero creo que la consecuencia de la aplicación de este proyecto de ley puede generar autocensura, que quizás sea la peor de las censuras. Quizás si digo esto, si hago esto o si informo esto, pueda caer en algún tipo de sanción de quien es una especie de gran hermano de contralor del cumplimiento de una ley tan extensa, que es el CCA, que puede terminar poniendo desde sanciones económicas hasta retirarle la frecuencia”.

(Fin.)

EC – Ese es un punto que también mencionan otros legisladores blancos, como el senador Sergio Abreu: la variedad de multas que el proyecto establece, tanto multas muy graves, graves como simples. Todo ese paquete es el que genera esta inquietud. ¿Qué dice usted?

DM – En cuanto a sus posiciones, me parece que el tema de la autocensura tiene que ir en correlación con de qué se está tratando. Entre los elementos que son pasibles de sanciones se habla de protección a la infancia, de no permitir discriminación social, política, religiosa, de raza, de ningún tipo, exabruptos de excitación a la violencia, cuestiones que son las mismas acá y en cualquier parte del mundo.

Vuelvo a recordar –porque uno nunca tiene que creerse el dueño de la verdad, lo mismo pienso en lo personal y por eso escuchamos con mucha atención, cambiamos unas cuantas cosas y buscamos perfeccionar la ley, y creo que del otro lado también tiene que haber un no sentirse dueño de la verdad– que a nivel internacional quienes se encargan de vigilar la libertad de expresión en el mundo y en América Latina están hablando muy bien de esta ley y la quieren poner como un ejemplo, de ser aprobada, como referencia a nivel mundial y en particular en América Latina. Entonces me parece que de repente hay gente que está haciendo una interpretación excesivamente negativa o está previendo cosas que no tienen por qué pasar.

De la misma forma que te decía que en Uruguay la discrecionalidad sustituía a la institucionalidad democrática y por eso nació esta ley –y creo que es muy malo para la democracia lo que pasaba en Uruguay, de la misma forma te digo que es cierto que si bien hubo excesos como los que te mencionaba, que tenían poco de carácter democrático–, es cierto que no había un clima de violación sistemática de la libertad de expresión ni nada por el estilo. Es un país que por suerte y por tradición tiene más que asentada una vocación democrática, una interpretación y una forma del sistema político de reaccionar ante los hechos, que creo que lo reconocía el propio diputado Álvaro Delgado.

Las sanciones son las mismas que se ponen en cualquier parte del mundo, tú no podés sancionar igual cualquier tipo de falla. Por eso hay sanciones leves para cuando no corresponde más que un apercibimiento, una cosa mínima, y un par de niveles de mediana gravedad para terminar con los casos extremos. Es lo que se aplica en todos lados. Lo que importa es qué es lo que se puede sancionar, de qué forma está y cómo se decide. Eso está muy bien marcado en la ley, e incluso en algún tipo de sanciones ni siquiera es el Consejo de Comunicación Audiovisual (CCA) que se va a formar el que decide, sino que le pasa el caso a la justicia.

EC – Ese es el punto. Llegado el momento de aplicar las sanciones, y teniendo en cuenta que existe la posibilidad de aplicar sanciones a propósito de contenidos, ¿qué garantías tienen los medios? ¿Cómo es el procedimiento?

DM – Hay todo un procedimiento en el que se dan apelaciones, obviamente también en función de la gravedad de la falla. Si un medio de prensa llama a atacar una sinagoga o a una mezquita o a una iglesia católica y convoca a hacer actos vandálicos y de terrorismo, ese medio tiene que ser cerrado y habrá toda una apelación. Eso está perfectamente estipulado dentro del marco de la institucionalidad y de derecho del país. En eso la ley hace referencia sistemáticamente a artículos del Código Penal. Y por supuesto están todos los métodos de defensa, de permitir apelar la decisión. Eso es lo que tradicionalmente se hace.

Repito, en algunos casos la comisión puede tomar un tema, analizar determinada publicación, determinadas palabras dichas en un sistema de telecomunicaciones, y tiene derecho a pasárselo a la justicia para que decida si hubo violación de la institucionalidad y de las normas.

Por eso creo que es una ley absolutamente garantista. No dudo de que sea mejorable. En el debate fue siempre más bien la discusión filosófica, el ataque a la ley globalmente, porque algunos entienden que no tiene que haber ley, mientras otros entendemos que, de la misma forma que han venido mejores prácticas en el mundo y de países que creo que desde el punto de vista de la institucionalidad democrática son por lo menos atendibles o estudiables –algunos países de Europa y el propio Estados Unidos–, a nivel mundial se entiende que la democracia se basa en la institucionalidad, en la existencia de reglas de juego, en un marco regulatorio que sea garantista.

Eso fue lo que se buscó hacer –y estamos convencidos de que esto lo es–. De todos modos, si nos convencen en el futuro de que hay que cambiar algún artículo porque en definitiva no va a favor del espíritu que mencionábamos, sin ninguna duda se hará.

EC – Hubo cambios en la integración del CCA, que es el que va a estar encargado de velar por el cumplimiento de la ley y que, entre otras cosas, tendrá la atribución de aplicar sanciones…

DM – No, de aplicar no, de pasarle los casos a la justicia, de valorar las sanciones.

EC – … Había una preocupación con el texto original porque de sus cinco miembros una mayoría eran designados por el Poder Ejecutivo, aunque requerían visto bueno del Senado. Ahora se pasó a una integración diferente, la Asamblea General tiene más peso en la designación.

DM – Exactamente, cuatro de los cinco miembros necesitan dos tercios de la Asamblea General, con lo cual obliga a un acuerdo de todos los integrantes del Parlamento. En esas cosas se avanzó en el sentido garantista, en el sentido de tener personas que en un tema tan delicado como este no dependan del Poder Ejecutivo sino que tengan el aval del conjunto del sistema político y te diría de la sociedad uruguaya.

EC – Allí lo que se hizo fue atender reclamos que venían de la oposición y de algunas organizaciones sociales.

DM – Totalmente de acuerdo. Tú estás mencionando una de las tantas pruebas de los cambios que se fueron haciendo y que en lo personal creo que mejoraron mucho la ley.

EC – Pasemos a algunas preocupaciones que han surgido en el sector empresarial y también en la oposición. El proyecto se propone prevenir, limitar e impedir los monopolios y oligopolios (artículo 51). A esos efectos, introduce una regulación fuerte sobre los medios de comunicación audiovisual tradicionales, pero dicen quienes observan con discrepancia este punto que en realidad solo se ocupa de impedir los monopolios u oligopolios privados y no regula con el mismo énfasis los públicos. Por el contrario, va más allá, y en el caso concreto de Antel le asegura el monopolio en la infraestructura básica de banda ancha fija. Le asegura por vía indirecta el monopolio sobre la trasmisión de datos por fibra óptica. Esto está previsto en el artículo 56, que dice textualmente:

“Las personas físicas o jurídicas que presten servicios de comunicación audiovisual regulados por esta ley no podrán a su vez prestar servicios de telecomunicaciones, de telefonía o de trasmisión de datos. Esta incompatibilidad alcanza a las personas físicas o jurídicas integrantes de las personas jurídicas involucradas”.

Los operadores de televisión cable denuncian que eso implica un obstáculo muy importante para ellos, ya que les impide migrar hacia la tecnología IP, como es la tendencia vigente en el mundo. ¿Qué responde?

DM – Es un tema opinable. Globalmente, como concepto filosófico, la defensa de Antel es un tema importantísimo, porque en un tema tan importante como las telecomunicaciones Antel se encarga de tener la infraestructura básica que permite el desarrollo de las telecomunicaciones con igualdad para todos los ciudadanos.

Creo que históricamente el plebiscito que en la década de los 90 evitó la privatización de Antel es de los plebiscitos en que creo que con más inteligencia el pueblo evitó que se hiciera. Entre otras cosas, no habría Plan Ceibal ni habría el desarrollo de internet que hay si no hubiera sido gracias a que existe una empresa del Estado que busca llegar a todos los ciudadanos por igual.

De todos modos es objetivo que esta solución que se ha adoptado es opinable.

EC – En otros países del mundo las empresas operadoras de televisión por cable ofrecen también el servicio de acceso a internet por fibra óptica, por ejemplo.

DM – Estoy totalmente de acuerdo en que es un tema opinable. Incluso, si tú recuerdas, en el período pasado se había manejado y empezado a trabajar el Plan Cardales, que buscaba potenciar la infraestructura existente sumando lo propio de Antel a lo de los cableros en un marco de contrapartidas que obligaban a cablear y a llegar con la señal no solo a los barrios con mayor poder adquisitivo y que contrataban los servicios, sino también a otros barrios. Son puntos de vista. El tema tuvo largo debate en su momento.

EC – Tuvo largo debate y no se laudó, y lo que critica el sector de las operadoras de televisión para abonados es que en esta ley, que es una ley sobre otro tema, se termina laudando el asunto con este párrafo de este artículo, cuando en realidad debería ser pasible de una ley de telecomunicaciones aparte.

DM – Sí, es un punto de vista. Se decidió incluir este tema en un marco global. Pero así como algunos opinan que este tema no tendría que haber estado, de repente deberían haber estado otros temas que son muy importantes y que van a ser motivo de una ley aparte. Por ejemplo el tema de la publicidad oficial, en el que en cuanto a equidad democrática también me parece muy importante ir avanzando.

Repito, se ha buscado generar un marco institucional en un tema en que existía un vacío absoluto. La institucionalidad es la base de la democracia, porque es la única garantía de que la discrecionalidad no predomine sobre los derechos de todos los ciudadanos. Por lo tanto se ha buscado avanzar y colaborar en todos los temas posibles.

No estoy diciendo que sea una ley perfecta, sí que es una buena ley. Por algo la Sociedad Interamericana de Prensa, que nuclea a los dueños de los medios, lo reconoce, por algo las relatorías especiales para la Libertad de Expresión de la OEA y de la ONU lo mantienen.

Por supuesto que la propia experiencia podrá ir marcando cambios. El desarrollo de internet es un tema en que a la larga vamos a tener que ver –también viendo mucho la regulación internacional, qué es lo que se hace– de qué forma lograr regulaciones sin afectar la libertad de expresión ni hacer controles de contenido sobre temas que no sean los que en el mundo se reconoce que hay que controlar, como el llamado a la violencia, la discriminación de todo tipo, etcétera. Así que para trabajar eventualmente queda mucho.

EC – Pero en este mismo tema que mencionaba recién, el del artículo 56, más allá de la polémica sobre el fondo de ese párrafo que citaba, está la discusión sobre la constitucionalidad. Hay quienes entienden que al establecerse un monopolio se requiere mayoría especial, cosa que no se va a lograr. ¿Cómo observan esto? Hay expertos que sostienen que este proyecto tiene todavía por lo menos cinco artículos que son pasibles de declaración de inconstitucionalidad. ¿No les asignan importancia a estas advertencias?

DM – El tema de constitucionalidad es bien diferente de la profesión que yo he abrazado y que tú al principio de tu vida pensaste en abrazar, que es mucho más blanco o negro…

EC – La ingeniería…

DM – El tema legal me asombra, creo que el 80% de las cosas que hemos hecho han sido tildadas de inconstitucionales. Es cierto que algunas lo fueron, por ejemplo el caso del ICIR, que fue el más notorio, pero también algunos otros temas fueron tildados de inconstitucionales. Uno escucha a quienes tienen experiencia y autoridad para opinar, y lo que encuentra es que en cada tema hay dos o tres posiciones como mínimo. Está el respaldo de quienes elaboraron la ley y de aquellos a quienes hemos consultado, en quienes uno confía, porque hay gente que nos dice que esos cinco artículos son inconstitucionales y otros que nos dicen que no son inconstitucionales. En definitiva para eso hay un sistema democrático que tiene a la Suprema Corte de Justicia como último garante de la constitucionalidad de las decisiones que toma el Legislativo. En todo caso, será por ese lado.

EC – Pero eso abre todo un período de incertidumbre, de controversia en torno a estas disposiciones; la ley va a estar cuestionada.

DM – A la oposición le pasa como al pastor mentiroso, como prácticamente todo ha sido inconstitucional, ya esta altura te lo plantean y te viene la duda. [Se ríe.] Más cuando hay otras bibliotecas. No lo voy a hacer, pero estaría bueno ponerse a escuchar en los debates parlamentarios y de las comisiones en cuántos temas se esgrimió la declaración de inconstitucionalidad. Te asombraría, creo que de los relativamente importantes el 95% tuvieron ese tipo de calificativo. Claro, no hay que dejar de reconocer que algunos temas fueron declarados inconstitucionales, así que uno tampoco puede decir “estoy seguro de que esto no es inconstitucional”. Mentiría si dijera que tengo esa certeza.

Insisto, cada cosa que vamos a hacer, cada paso que vamos a dar es tildado de inconstitucional. Creo que detrás de esto hay en el fondo una visión política: hay gente que preferiría que el statu quo fuera que no existiera institucionalidad en este tema. Son puntos de vista y para eso está el Parlamento, para decidir, porque en definitiva la ciudadanía nos eligió para tomar esas decisiones.

***

Transcripción: María Lila Ltaif

 

El Espectador, 16 de diciembre de 2014

 

 

Comments are disabled

Comments are closed.