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La Ley de Medios ya pasó por el Senado y el lunes la vota Diputados

El Senado, solo con los votos del Frente Amplio y en medio de una lluvia de críticas de la oposición, aprobó ayer la Ley de Medios. El lunes 22 la trata la Cámara de Diputados.

En la sesión de ayer estaban los 16 senadores de gobierno. De la oposición había 10.

El proyecto de ley, de 186 artículos, regula los servicios de radio, televisión y otros servicios de comunicación audiovisual, pero deja fuera Internet y las redes sociales.

Por eso, de entrada en su informe, el socialista Daniel Martínez admitió que en el proyecto “puede haber cosas para corregir”, pero destacó que ante todo es “una ley garantista”.

“La regulación de Internet ha quedado expresamente fuera del alcance de esta ley”, aclaró, porque “hoy no estamos en condiciones de avanzar por allí porque continuamente está cambiando”, dijo Martínez.

El primer orador de la oposición, el colorado Pedro Bordaberry, dijo que esta ley “pone en juego la libertad”, y que “afecta principios fundamentales de la Constitución y el ser nacional”. También aludió a lo que declaró el presidente José Mujica hace dos años, cuando dijo que “la mejor ley de medios es la que no existe”. Agregó que con esta ley va a haber seis organismos que controlarán los medios, además del Poder Judicial.

Asimismo, dijo que todo el capítulo de la publicidad electoral “es flagrantemente inconstitucional” y que “requiere una mayoría especial porque modifica la ley electoral”.

Uno de los momentos más polémicos de la sesión ocurrió cuando Bordaberry sostuvo que las candidaturas de los senadores oficialistas Lucía Topolansky y Martínez a la Intendencia de Montevideo “se van a llevar el 50% de la propaganda gratuita y el Partido de la Concertación que no compitió en el proceso electoral no tendrá nada”.

“Es decir que el Frente Amplio sacará una ventaja electoral aprobando esta ley. Ellos no deberían participar en la discusión de esta ley porque serán los beneficiados directamente”, subrayó.

La ley distribuye la publicidad electoral gratuita en función de los votos de cada partido en la elección anterior. Como el Partido de la Concertación debutará en las departamentales de mayo, no le correspondería espacios gratuitos en televisión.

El oficialista Enrique Rubio explicó que el Frente Amplio no tiene inconvenientes en que esta disposición cobre vigencia después de las elecciones departamentales de mayo.

Luego, Sergio Abreu anunció que el Partido Nacional no votaría la ley. Entre otras razones, sostuvo que con esta ley “está en juego el Estado de derecho”, aunque aclaró que comparte procedimientos transparentes para la adjudicación de frecuencias. “Desde lo legal, no hay demasiado para decir a favor de este proyecto”, precisó.

“Esta ley pretende interpretar la Constitución, y al hacerlo la viola. Se regula en forma discriminatoria afectando a los prestadores privados que quedan en desventaja frente a los estatales y extranjeros”, precisó.

Para Abreu “se crean nuevos monopolios, y se regula en exceso, con fallas técnicas. Hay redacciones vagas que dejan puertas abiertas a futuros gobiernos para que puedan realizar interpretaciones abusivas”.

La ley “instaura un sistema intervencionista, restringiendo a los particulares y dejando al administrador una excesiva discrecionalidad. Daremos un paso atrás como nación plural, democrática y tolerante”, se quejó Abreu. Para él, la ley “es inconstitucional porque viola el derecho a la libertad de comunicación del pensamiento”.

Según Abreu, esta ley “crea varios monopolios y favorece a Antel” porque le da el monopolio en la transmisión de datos.

Como cierre de su discurso, Abreu sostuvo que esta ley estipula “una triple censura”. “La primera es la que proviene del gobierno, la segunda es la de dejar los soportes del derecho en manos de un ente monopólico, y la tercera es la autocensura”, explicó.

En tanto, oficialista Rubio argumentó que la ley “no es mordaza” y que “no generará el cierre de medios”. Este “es un proyecto a la uruguaya, no estamos haciendo un proyecto parecido a otros países”, precisó Rubio. “Es una ley garantista porque da transparencia a la hora de conceder las frecuencias”, remarcó.

Es una ley “larga, barroca y peligrosa”, según la definición del nacionalista Luis Alberto Lacalle, y suscribió todas las observaciones de sus colegas de partido.

Lacalle recordó también que la opinión de Mujica “ha cambiado” porque dijo en su momento que no debía haber una ley de medios. “Le enmendaron la plana en el Frente Amplio”, dijo Lacalle. Aseguró que hay un “desprecio y vaciamiento constitucional” que “ha sido la conducta presidencial”, y advirtió que en el Frente Amplio “algunos quieren seguir un camino bolivariano”.

Control a medios

n El senador colorado Ope Pasquet consideró que el Consejo de Comunicación Audiovisual (CCA) es una oficina con “amplísimas atribuciones” que está en el ámbito del Poder Ejecutivo y que será quien controle a los medios. Eso se considera “un avance” del Estado sobre los medios porque “ese órgano del Poder Ejecutivo podrá dirigirse a un medio de comunicación y decirle cómo actuar”.

Los puntos más polémicos del proyecto de ley de medios

Libertad de expresión. La oposición sostiene que esta ley afecta la libertad de comunicación del pensamiento. Además, sostiene que la distribución de publicidad electoral gratuita requiere de mayorías especiales por tratarse de una norma electoral.

Monopolios. También sostiene la oposición que esta ley regula el mercado de forma discriminatoria afectando a los prestadores privados que quedan en desventaja frente a los estatales y extranjeros. Además se indica que se crearán nuevos monopolios y que se favorece a Antel.

Triple censura. La ley crea un sistema intervencionista, restringiendo a los particulares y dejando al administrador una excesiva discrecionalidad. Consagra una triple censura: la del gobierno, los derechos en manos de un ente monopólico, y la autocensura.

El Consejo de Comunicación Audiovisual es una oficina con amplísimas atribuciones en el ámbito del Poder Ejecutivo. Será quien controle a los medios. Eso se considera un avance del Estado sobre los medios porque ese órgano podrá dirigirse a un medio y decirle cómo actuar.

Programación.La oposición cuestionó que se establezca que en la televisión pública al menos el 60% de la programación emitida deba ser de producción o coproducción nacional, sin contar la publicidad y la autopromoción. Eso no garantiza la calidad de la programación.

Regulación.La bancada del gobierno se defiende diciendo que en todos los países hay leyes de regulación. El principal argumento es que es una ley garantista porque da transparencia a la hora de conceder las frecuencias. También rechaza el argumento de que es una “ley mordaza”.

 

El País, 17 de diciembre de 2014 – Daniel Isgleas

 

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