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El fútbol inmerso en la polémica ley de medios; AUF advierte daños

La ley de medios que el FA se apresta a aprobar genera dudas en los involucrados. Hay rechazo total de los canales, los publicistas dicen que los perjudicará y los productores plantean reparos. Hasta la AUF advierte que se vería afectada.

Tabaré Vázquez dijo la semana pasada que votar la ley de medios “es impostergable” y así reimpulsó la intención de la bancada frenteamplista de aprobarla luego de las elecciones. La idea es que en diciembre el texto sea aprobado en el Senado y luego en Diputados.

La inminente votación de la norma reavivó las dudas de los sectores implicados, que consideran necesario “limitar” su alcance y a la vez reclaman por no haber tenido acceso a los últimos cambios al proyecto.

En uno de los ámbitos en los que se sigue con atención las posibles derivaciones de la norma es en la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF). Allí preocupa que los derechos de la Selección terminen por desvalorizarse. Es que la ley plantea que “en caso de emitirse por televisión los eventos que involucren actividades oficiales de las selecciones nacionales de fútbol y de basquetbol en instancias definitorias de torneos internacionales y en instancias clasificatorias, deberán ser emitidos a través de un servicio de radiodifusión de televisión abierta y en directo y simultáneo”.

El secretario de Asuntos Económicos y Financieros de la AUF, Ignacio Alonso, dijo a El País que tal como está planteado el texto, se corre el riesgo de que algunos productos que la Asociación vende, principalmente los derechos de la Selección, pierdan valor por ponerse en riesgo su exclusividad.

“La reglamentación de la ley tendría que definir con mayor claridad cuál es el alcance de esta disposición”, señaló el dirigente. Explicó que cuando se vayan a vender los derechos de la Selección para el próximo Mundial, el asunto debe estar aclarado porque puede perjudicar a un eventual comprador.

Hoy en día la AUF mantiene negociaciones por la venta de los derechos de las Eliminatorias para el Mundial de Rusia en 2018 con dos empresas: Tenfield y Full Play. Si bien se había planteado que la venta se concretaría luego de que asuma el nuevo Ejecutivo en la Asociación, algo que ocurrió en septiembre, aún no hay noticias.

En las últimas Eliminatorias los derechos fueron adquiridos por Tenfield, que pagó US$ 11,5 millones, y el contrato terminó con el último partido antes del Mundial de Brasil. La clasificación para Rusia comenzará en el segundo semestre de 2015, por lo cual la AUF aún tiene margen para negociar. Los dirigentes esperan obtener por los derechos US$ 17 millones.

Alonso subrayó que el proyecto genera “dudas” en la AUF y dijo que lo ven “con preocupación”. Anunció que no han recibido noticias desde el Parlamento, por lo cual dijo que, cuanto antes, se pondrán en contacto con los legisladores para hacerles llegar su posición.

Control.
El experto en Derecho Constitucional, Martín Ris-so, coincidió en que la exigencia de transmitir el fútbol y el basquetbol por televisión abierta afecta a los derechos de la AUF y “tiene problemas de constitucionalidad”. “Es una limitación a los derechos de la AUF”, aclaró Risso. Y coincidió en que con esa obligación “se afecta el precio, o eventualmente se afectaría el precio, a pagar por los derechos y se interfiere en una empresa privada”.

“Lo más grave de todo es que el contralor sobre los medios de comunicación audiovisual queda a cargo de un órgano sometido a jerarquía del Poder Ejecutivo, hacen algunos dibujos jurídicos pero no es suficiente y de una forma u otra, el contralor está a cargo del poder político, lo cual es contrario a la Convención Americana” de Derechos Humanos, señaló.

La ley le brindaría al gobierno, entre otras potestades, la de “aprobar convenios con entidades extranjeras relativos a los servicios de comunicación audiovisual”, y “otorgar las concesiones, licencias y autorizaciones necesarias para la prestación de servicios de comunicación audiovisual” de radio, televisión abierta y para abonados.

Otra función que tendrá el Estado será “renovar, revocar y declarar la caducidad de las concesiones, licencias y autorizaciones para prestar los servicios de comunicación audiovisual”, y “autorizar las transferencias de la titularidad”.

“Hay una cantidad muy grande de infracciones, algunas son abiertas y hay sanciones muy importantes contra los medios, lo cual es una presión muy fuerte a cargo del poder político que genera censura indirecta”, advirtió Risso.

Por su parte, el presidente de la Asociación Nacional de Broadcasters (Andebu), Pedro Abuchalja, destacó la semana pasada la inconstitucionalidad de la ley y advirtió: “Los regímenes autoritarios son los que tienen ley de medios”.

Daño.
Emir Cámara, presidente de la Asociación de Agencias de Publicidad, dijo: “Hay artículos que atentarán contra las empresas pequeñas nacionales y contra las producciones”.

Explicó que al prohibirse en los contenidos infantiles la publicidad de tipo “no tradicional” (la que se hace dentro de los programas) se afectará al sector, dado que esa es “una de las pocas formas que tienen de anunciar las empresas sin rubros importantes”. Dijo que se perderán anunciantes.

El publicista subrayó: “El cable no está controlado e Internet tampoco, por lo cual habrá empresas que van a mudar su inversión publicitaria al exterior. Eso perjudica a la industria; sin duda que puede generar pérdidas de puestos de trabajo”. La ley de medios es “un cambio en las reglas de juego” y “no es buena para el país”, dijo.

Por otra parte, el proyecto establece que el 60% de la programación de los canales públicos y comerciales sea “de producción o coproducción nacional sin contar la publicidad y la autopromoción”. Por lo menos un 30% de la producción nacional “deberá ser realizada por productores independientes” sin que un mismo productor concentre más del 40% de ese porcentaje en el mismo canal.

Fuentes del sector cuestionaron que sea viable alcanzar el 60% de la producción nacional y preguntaron quién pagará eso. Sin embargo, el productor y director de OZmedia, Pablo Arriola, dijo que esta idea es realizable. “Seguramente los canales actuales de televisión abierta estén muy cerca de esos porcentajes”. Arriola opina que la ley es positiva porque ordena asuntos ya existentes, como el horario de protección al menor, que dice que hoy en día no se cumple.

Para el productor, es bueno que se establezca un porcentaje de producción uruguaya, pero no cree que la ley deba determinar la cantidad de horas de cada tipo de programa. La norma establece, por ejemplo, que los canales emitan como mínimo dos horas por semana de “programas de agenda cultural, entendiendo por tales aquellos que promuevan eventos y actualidad de las industrias creativas”.

Para Arriola, “eso no fomenta la promoción de la cultura en el sentido de espectáculos musicales y teatrales. La ley habla de programas de agenda, y eso es algo antiguo, es lo más sencillo y barato de producir, pero no impulsa la industria de contenidos”, explicó.

CLAVES DEL PROYECTO DE LEY
Cadenas oficiales
Se obligará a los “servicios de radio y televisión abierta” y para abonados “en sus señales propias y las señales de televisión establecidas en el país”, a “integrar las cadenas oficiales” que determine el Poder Ejecutivo por resolución, y “brindar espacios gratuitos para publicidad electoral”.

Sanciones.
El Poder Ejecutivo podrá suspender hasta 90 días “la prestación de la actividad, en casos de infracciones muy graves” y revocar “la concesión, autorización, licencia o registro”.

Antimonopolio.
El proyecto establece el deber del Estado de “garantizar la diversidad y el pluralismo en el sistema de servicios de comunicación audiovisual en todos los ámbitos de cobertura, mediante la prevención de la formación de oligopolios y monopolios”.

Nuevo organo
Se crea la Comisión Honoraria Asesora de Servicios de Comunicación Audiovisual “que actuará en forma independiente” y “será consultada” para reglamentar esta ley, elaborar “los pliegos y procedimientos de otorgamiento de autorizaciones y licencias, y la consideración de las solicitudes presentadas” y en las ocasiones que el Poder Ejecutivo considere “pertinentes”.

Sanción a medio por nota de menores
El semanario El Municipio de Carmelo fue sancionado con una multa de 50 Unidades Reajustables por el Instituto del Niño y del Adolescente del Uruguay (INAU) por exponer a menores. El diario El Observador informó ayer que, en enero de 2013, el medio de Carmelo había publicado un artículo acerca de una madre que pedía ayuda para mantener a sus dos hijos menores. Según El Observador, “aunque en la nota no se daban los nombres de los menores, su madre relató que habían sido violados, que uno tenía una enfermedad” y que había pedido ayuda al INAU “pero no había encontrado respuesta”. La multa se basa en la violación de los artículos 11 y 181 del Código de la Niñez y Adolescencia que resguardan la privacidad de los menores y establecen que la información difundida no puede perjudicarlos, “vulnerar” sus derechos ni promover la discriminación.

Según la resolución del INAU, “si bien no se utilizan imágenes de los adolescentes directamente, se individualiza a los involucrados”.

“Esta ley nos genera preocupación, nos deja muchas dudas. Hay que definir con claridad cuál es el alcance de la normativa, tendría que depurarse el proyecto”.

I. Alonso, Asuntos Económicos de AUF

“Lo más grave de todo en la ley es que el contralor sobre los medios de comunicación audiovisual queda a cargo de un órgano sometido al Ejecutivo”.

Martín Risso, experto constitucionalista

Publicado en El país, domingo 16 de noviembre

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