/ Brecha / Un spot repetido

Un spot repetido

La “ley de medios” y la publicidad electoral gratuita.

Las empresas de tevé y radio deberán ofrecer espacios gratuitos de propaganda electoral a los partidos políticos, de aprobarse el proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual (lsca). Esta iniciativa fue incluida inicialmente en la ley de financiamiento de los partidos, en 2009, pero el lobby mediático, la presión de la oposición y el temor del oficialismo a que influyera en la campaña electoral lograron retirarla. Ahora, cinco años después, la resistencia se repite. Y los argumentos también. Rafael Michelini volvió a dar la voz de alto, el Frente Liber Seregni puso el freno de mano y Tabaré Vázquez aceitó la reversa. El lunes se sabrá si el resto del oficialismo posterga para después de octubre la aprobación. Otra vez se frenaría el acceso transparente de los partidos políticos a la radio y la televisión privadas. La publicidad gratuita, incluida en la legislación europea y en la mayoría de los países latinoamericanos, apunta a disminuir la dependencia que el sistema político tiene del financiamiento privado –y de las tarifas diferenciales que los medios aplican a cada partido–, y a reforzar así el acceso democrático a las frecuencias públicas que usufructúan las empresas de comunicación. “Los partidos no pueden seguir gastando cifras millonarias en propaganda durante las campañas electorales en las que está en juego el sistema democrático, y cuando las frecuencias son un bien público”, afirmó a Brecha una fuente política.
Pero la inclusión de esta cuña democrática en el sistema de medios uruguayos ha sido fuertemente resistida en los últimos años. Cuando se discutió la ley de financiamiento de los partidos políticos en 2009, los grandes medios audiovisuales (nucleados en Andebu) presionaron para que se quitara la propaganda gratuita porque disminuirían sus ingresos por publicidad en el horario central, violando –decían– los principios constitucionales de igualdad y derecho de propiedad. Haciéndose eco de estos reclamos, la oposición rechazó que se obligara a las empresas privadas a brindar un servicio gratuito sin contrapartidas, e insistió en que la normativa era inconstitucional si no se aprobaba con mayorías especiales. Ante la proximidad de la elección, algunos dirigentes frenteamplistas –entre los que se destacó el senador Rafael Michelini (Nuevo Espacio)–, abogaron por retirar la iniciativa. Y así fue.
Ahora, en una suerte de revival, los argumentos en contra vuelven a repetirse. “¿Quién paga la cuenta? Ese es el problema. Supongamos que el Estado dice: ‘Usted está obligado a ofrecer un espacio durante el período electoral para que los candidatos expongan sus ideas’. Esto no sería un abuso siempre que hubiera una contrapartida”, demandó sin tapujos en la Comisión de Industria Alexandre Jobim, presidente de la Asociación Interamericana de Radiodifusión. A la resistencia empresarial se sumaron otra vez los partidos de la oposición, para quienes sería inconstitucional legislar en esta materia sin mayorías especiales, además de que se le daría ventaja al Frente Amplio (fa) porque el espacio publicitario se distribuiría en proporción a la cantidad de votos obtenidos en la elección anterior.
Y hubo una coincidencia más: otra vez, como hace cinco años, fue Michelini quien propuso aplazar el proyecto hasta el próximo período de gobierno, según confirmaron a Brecha varios legisladores. Pero frente a la polémica que se desató en el fls, se acordó votarlo en este período e insistir para que el fa lo aprobara después de octubre, según confirmó a Brecha el diputado Carlos Varela (Asamblea Uruguay). De hecho, la bancada de senadores del fa acordó esta semana que el proyecto se terminará de aprobar en la Comisión de Industria este mes (llevan sancionados 119 de los 183 artículos del proyecto), a pesar de “la acción dilatadora de los legisladores de la oposición, que buscan enlentecer el trabajo de la comisión”, cuestionó, en diálogo con Brecha, el senador Enrique Rubio.
Pero será recién el próximo lunes cuando el oficialismo resuelva si se aplaza o no la votación definitiva para después de las elecciones. “Hay acuerdo en el fa para votarlo en comisión ahora y en este período de gobierno, pero no lo hay para votarlo en el plenario antes de octubre. Hay quienes argumentan que no sería oportuno porque interferiría con la campaña”, explicó Rubio. Y confirmó que Tabaré Vázquez está de acuerdo en la postergación porque teme que el proyecto sea declarado inconstitucional al prever cargos nuevos en año electoral (aunque el oficialismo sortearía ese impedimento sancionando después de las elecciones el artículo que crea los cargos, tal como lo sugirió el constitucionalista Ruben Correa Freitas). “Más allá de lo que opine Vázquez, aprobarlo antes o después de octubre tiene sus pros y sus contras, tenemos que evaluar muy bien qué es lo que conviene”, consideró Rubio.

PROPORCIONALIDAD. El oficialismo tiene otro desafío: defender el sistema de distribución de publicidad electoral que establece el proyecto. El candidato del Partido Independiente (pi), Pablo Mieres, aseguró a Brecha que no se opone a regular esta materia, pero sí al “oportunismo” de cambiar las reglas en pleno año electoral y sin las mayorías especiales que requeriría la Constitución (véase recuadro). “Hay tres posibles soluciones. Una es que todos los partidos tengan el mismo espacio de publicidad gratuita. El segundo es un sistema mixto con una cuota común y un porcentaje variable en función de los resultados electorales. Y el tercer modelo es el que quiere instalar el Frente: espacios gratuitos sólo en función de los votos obtenidos. Tendrían así el 47 por ciento del total. Eso es una barbaridad. Ningún país de América Latina lo ha hecho así”, enfatizó (el pi tendría el 2,4 por ciento del espacio gratuito, según su votación en 2009).
No obstante, el politólogo Oscar Bottinelli, que asesoró a la Comisión de Industria el mes pasado, explicó a Brecha que los ejemplos de América Latina no son válidos porque los partidos políticos carecen de estabilidad de una elección a otra (a diferencia de Uruguay y México). Para Bottinelli sería más adecuado comparar a Uruguay con Europa, donde hay partidos estables de larga data, en los que tiende a predominar la proporcionalidad en la distribución de la propaganda.“Sobre el contenido (de la publicidad electoral), reitero, no sugiero modificaciones porque sería coherente con una de las interpretaciones más usadas en el mundo”, explicó el politólogo, según consta en las actas de la sesión.
Así y todo, en el oficialismo hay quienes evalúan que el sistema de proporcionalidad puede ser un flanco débil durante la campaña, aunque comparten que es un modelo legítimo que se aplica “sin tanto escándalo” cuando el Estado les paga a los partidos según los votos obtenidos en las elecciones. Pero para evitar la “mala prensa” de los medios y la oposición, prefieren que se incluya una disposición transitoria para que la publicidad electoral no rija durante esta elección.

América Latina
Diversidad de regulaciones
El financiamiento de los partidos y el acceso equitativo a los medios son las áreas más débiles de los procesos electorales latinoamericanos, según una investigación comparativa.1 Sus autores afirman que “el dinero es capaz de introducir distorsiones importantes en el proceso democrático”, y alertan sobre la necesidad de incluir subsidios robustos y transparentes para evitar que el narcotráfico, el crimen organizado y las empresas privadas acaben financiando las campañas políticas a cambio de privilegios o impunidad. Aseguran que los medios privados “han devenido en un crucial donante en especie” a través de las “tarifas diferenciadas”, y recomiendan obligarlos a “reportar las tarifas y descuentos concedidos a los candidatos”, además de que una parte del espacio publicitario se distribuya “en forma igualitaria” entre todos los partidos. Brasil, Argentina, Chile y México distribuyen la propaganda política gratuita en los medios con un porcentaje igual para todos los partidos y otro proporcional a la cantidad de votos obtenidos en la elección anterior, a la vez que prohíben la propaganda política paga. Bolivia, Paraguay y Uruguay, en tanto, asignan un espacio exiguo pero igual a todos los partidos, aunque sólo en los medios públicos. n

1. El financiamiento de los partidos políticos en América Latina, Gutiérrez, Pablo, y Zovatto (coordinadores). Idea Internacional, oea y unam, 2011.

José Korzeniak
“Es constitucional”

En caso de aprobarse la lsca, el pi presentará un recurso de inconstitucionalidad contra los cuatro artículos que regulan la publicidad electoral, porque cambiar las reglas electorales exigiría mayorías especiales (dos tercios) en cada cámara. No obstante, el constitucionalista José Korzeniak explicó a Brecha que la Constitución requiere mayorías especiales para modificar o interpretar las leyes electorales, pero exceptúa los casos de gastos y presupuestos, para los cuales alcanza con la mayoría simple (artículo 77, numeral 7°). Legislar sobre la publicidad electoral gratuita, según el constitucionalista, no afecta las garantías electorales, sino el gasto de los partidos. “No me meto a opinar si es justo o injusto, pero claramente es constitucional porque no modifica las reglas electorales sino que regula el gasto o el financiamiento de los partidos políticos en el acceso a los medios”, afirmó.

Publicado en Brecha, 4 de julio de 2014

Comments are disabled

Comments are closed.