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Sabremos cumplir

Por Constanza Moreira.

Este lunes, volvemos a discutir en la bancada de senadores del FA sobre la votación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA). Inicialmente, el Frente Líber Seregni había planteado postergar la votación para después de la elección.

¿El argumento? La necesidad de no “mezclar” en la discusión electoral, un tema como el de la regulación de los medios de comunicación.

Sin embargo, ya había sido acordado en la Agrupación de Gobierno del Frente Amplio, compuesta por todos los diputados y senadores, conjuntamente con los representantes del Poder Ejecutivo y los intendentes, que se aprobaría la LSCA antes de terminar el período de gobierno. Obviamente, se sabía que su aprobación parlamentaria caería en el período electoral.

Y sí, la probabilidad de que una ley caiga en un período electoral es alta, puesto que el período electoral toma más de un año del total del período de gobierno. Pretender no aprobar “leyes polémicas” durante todo ese tiempo es como privarse de lo más elemental: el arte de gobernar porque se están disputando elecciones.

La Comisión del Senado continuó trabajando en el proyecto de ley, y se resolvió votarlo allí, sin dilación, a la espera de una definición de la bancada de senadores del FA, sobre la fecha de su aprobación en la cámara. Recordemos que el texto de la ley es extenso y en la Comisión del Senado se modificaron muchos de sus artículos, por lo cual el proyecto debe volver a la Cámara de Diputados para su sanción definitiva.

Las resistencias a la ley se comenzaron a hacer sentir, apenas se vislumbró que podía ser aprobada, y los medios de comunicación, ellos mismos objeto de la ley, fueron los que visibilizaron y viabilizaron toda esa resistencia.

Muchos se rasgaron las vestiduras en nombre de la “libertad de expresión”, cuando la ley está destinada justamente a proteger la libertad de expresión… de los ciudadanos. La confusión entre la “libertad de expresión” de las empresas y la “libertad de expresión” de los ciudadanos, no permite ver hasta qué punto ambas perspectivas coliden, en muchas circunstancias.

Pero “la voz del ciudadano” es mucho más débil que la voz de las empresas de comunicación fuertemente instaladas; especialmente cuando el poder del oligopolio de los medios de comunicación llega a ser capaz de doblegar al poder político. Nada menos que eso está en juego en estos días.

El Uruguay repite el escenario de una disputa mayor en el panorama internacional, entre el poder político, el poder ciudadano, y el poder de los medios. No en balde se los llama “el cuarto poder” (siendo los otros tres los poderes republicanos, Parlamento, Ejecutivo y Poder Judicial). Y es por ser un poder público por lo que deben ser regulados y normatizados, como cualquier otra institución pública.

Oponerse a cualquier regulación (y la ley es básicamente regulatoria) no es ser un “liberal” a ultranza. Oponerse a cualquier regulación es como decir: “yo no estoy sujeto a ninguna ley”. Y en una democracia, todos estamos sujetos a la ley. También las empresas. Y por supuesto, las empresas de comunicación.

En 2005 la Unesco dio una importante contribución, cuando se aprobó la Convención sobre la Protección de la Promoción y Promoción de la Diversidad de Expresiones Culturales. El acceso de la ciudadanía a la información y a la cultura es parte esencial de sus derechos políticos y, para eso, la oferta debe ser variada y diversa: debe ser diverso el producto (el contenido), la fuente (los propietarios) y los puntos de vista.

La tendencia oligopólica y monopólica de los medios de comunicación en el mundo, es más que evidente; y en América Latina, es enorme. Para evitar ese poder concentrado, los Estados regulan. Es contra esa regulación contra la que se elevan las voces.

Y lamentablemente, la mitad de la clase política nacional, muy propensa a regular y controlar tantas cosas, aquí se desdice de su cultura normativa para acompañar el “no toquen nada” como la mejor estrategia política. Si la mejor estrategia política es “no toquen nada”, ¿qué hace la política? ¿Cuál es su rol, cuál es su fuerza, cuál es su misión?

El texto del proyecto de ley, y su sentido, no son un “experimento” de reciente cosecha del Frente Amplio, sino que resultan de un largo proceso de discusión y búsqueda de convergencias al que fueron invitados todos los actores de la sociedad civil involucrados y también los medios de comunicación, que trabajaron pacientemente durante más de un año y le llevaron al Presidente Mujica un texto de acuerdo, poco más de un año después de iniciado el período parlamentario.

No hay que olvidar que el tema del imprescindible avance de nuestra sociedad en torno a los medios de comunicación viene postergándose desde el final del primer gobierno de Tabaré Vázquez. Recién el año pasado, el Poder Ejecutivo mandó el texto que está a consideración en el Senado. Diputados ya lo votó (como en tantas otras leyes, sólo contamos con los votos de la bancada del FA) y ahora vemos cómo comienza a dibujarse una resistencia enorme que alcanza a los senadores del FA y pone en riesgo la votación.

Todos los objetivos de la ley son compartibles. Las dudas sobre la “constitucionalidad” de los artículos relativos a la creación del Consejo Asesor, no hacen a la esencia del problema. También fueron planteadas cuando se votó la Ley de Regulación del cannabis y en varios proyectos más. En la mayoría de ellos, no hubo reparos sobre la creación de figuras jurídicas en el año anterior a las elecciones, ya que lo que se impide es la creación de cargos que entrañen gastos presupuestales. Claramente, buena parte de la implementación de la ley, siempre y cuando se aprobara, recaerá, con el próximo presupuesto, en el Ejecutivo que emerja de las elecciones de octubre-noviembre de este año.

Y este es el quid de la cuestión: si no aprobamos la ley ahora, será prácticamente imposible aprobarla después de la elección y antes de que asuma el nuevo gobierno. En síntesis: debe quedar claro que si no votamos la ley ahora, quedará para una futura legislatura.

El tema es que no sabemos si en una próxima legislatura tendremos mayoría parlamentaria. Como dice el dicho: “más vale pájaro en mano”. Hoy tenemos mayoría parlamentaria; mañana, no lo sabemos. Y aún suponiendo que la tengamos… ¿quién nos asegura que el próximo Ejecutivo la tendrá entre sus prioridades? ¿Figura acaso la reforma del sistema de medios de comunicación en los objetivos de la campaña electoral que el FA lanza ahora de cara a octubre? ¿Está entre las medidas? ¿Está en el Plan de Gobierno que se está armando?

El futuro se juega hoy, ahora. Y les debemos a los miles de frenteamplistas el cumplimiento de los objetivos que nos unen programática, política e ideológicamente. ¿Sabremos cumplir? Esperemos que sí. Es la única sabiduría que siempre paga en política: la de la coherencia entre los principios y las acciones.

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