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Experto en telecomunicaciones advirtió que la “ley de medios” crea cinco monopolios estatales que impactarán en la libertad de expresión

El proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que pretende regular a las estaciones de radio y TV “tradicionales” y que está a consideración del Senado, crea cinco nuevos monopolios para el Estado que afectarán la libertad de expresión en Uruguay, opinó el ingeniero Omar de León, consultor en materia de telecomunicaciones.

En una exposición titulada “Los medios físicos necesarios para la libertad de expresión”, De León —que fue jefe del Departamento de Telecomunicaciones y director de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de la República, responsable de la puesta en marcha de Ancel y de la unidad de negocios de Internet y datos de Antel y en la actualidad es consultor de organismos internacionales y de gobiernos y empresas para más de 30 países— enumeró ayer miércoles 11 en la Comisión de Industria del Senado dos artículos del proyecto de ley que estimó esenciales para la existencia de ese derecho humano. Mencionó el artículo 11, según el cual “el Estado tiene el deber de garantizar la diversidad y el pluralismo en el sistema de servicios de comunicación audiovisuales, previniendo la formación de oligopolios y monopolios”, así como el artículo 43: “Los monopolios u oligopolios en la titularidad y control de los servicios de comunicación audiovisual conspiran contra la democracia” y “es deber del Estado instrumentar medidas adecuadas para impedir o limitar la existencia y formación de monopolios y oligopolios” en esos servicios.

El experto, que dirige la firma Teleconsult, dijo a los senadores que “los artículos 11 y 43 son básicos pues no se puede garantizar la libertad de expresión con monopolios o con oligopolios con concertación en el sistema de servicios de comunicación audiovisual”.
Pero de inmediato advirtió que “el ejercicio de la libertad de expresión requiere que no la limiten los medios físicos sobre los cuales se ejerce, por lo que es imprescindible que la ley propicie la mayor diversidad en los medios físicos”.

En este sentido, De León opinó que los artículos 1, 48 y 70 del proyecto de ley de medios “son inconsistentes” con el 11 y el 43.
Y concluyó que, de ser aprobado, este proyecto creará “cinco monopolios reales a favor de servicios descentralizados” estatales “en las principales infraestructuras usadas para los servicios audiovisuales”.

El ingeniero sostuvo que el proyecto de “ley de medios” provee “instrumentos al Estado que serán cada vez más poderosos en el soporte de la libertad de expresión”.

Según De León, los cinco monopolios estatales que crearía este proyecto, si acaba sancionado como ley, son los siguientes:
1) Un “monopolio real de Antel sobre las redes de banda ancha fija” cuando “el contenido de alta y estable definición tiende en Uruguay y en el mundo a ser transportado por IP en la banda ancha fija que provee alta velocidad”.

2) Un “monopolio en la provisión de triple-cuádruple play soportado en la convergencia. Antel es el único operador que queda habilitado para prestar banda ancha fija y servicios de comunicación audiovisual al mismo tiempo”.

3) Un monopolio para “la provisión de contenidos de alta y estable definición sin sujeción a la ley de servicios de comunicación audiovisual” porque “el contenido transportado sobre la red de banda ancha fija de Antel no está sujeto” a esta eventual ley.
4) Un “monopolio de servicios descentralizados (Sistema Público de Radio y Televisión Nacional y Antel, SPRTN) sobre el transporte y emisión de transmisión de datos”.

5) Un “monopolio de una red en la que no se requiere licencia para prestar servicios de contenido. Cualquier persona puede prestar servicios de comunicación audiovisual sin necesitar licencia si usa la red de Antel”.

“Debido a la evolución acelerada de la difusión de los contenidos hacia la banda ancha en Uruguay y en todo el mundo, los monopolios reales que crea esta ley son de gran trascendencia” y “el ejercicio de la libertad de expresión pasará por los medios físicos sujetos a estos monopolios que se crean a favor del Estado”, alertó.

“Público e irrestricto”. De León recordó que Internet “es un servicio de uso público e irrestricto, de acceso y transporte de información entre terminales usando un conjunto de protocolos (reglas), entre ellos el Protocolo Internet (IP), sobre la llamada red de redes”.
El proyecto que impulsa el gobierno, precisó el especialista, excluye a los competidores del Estado al prever, por ejemplo, que “quien sea titular total o parcial de un permiso, autorización o licencia para prestar servicios de telecomunicaciones, de telefonía o transmisión de datos (o sea, banda ancha), no puede ser titular total o parcial de servicios de comunicación audiovisual, como la TV para abonados”.

“Como se ve, se establece una prohibición muy fuerte para todos los operadores, pero no para el operador estatal”, explicó.
De León dijo que, de este modo, “los únicos competidores posibles del operador estatal no pueden dar servicios de banda ancha fija que soporte todos los servicios de contenido en el futuro, como ya está sucediendo en el mundo desde hace años”.

Indicó que los prestadores de televisión para abonados por cable “en todo el mundo son fuertes competidores en servicios de banda ancha fija”. Además, por razones tecnológicas, la banda ancha móvil “no es y no lo será por muchos años competencia fuerte de la banda ancha fija en contenidos pagos o no pagos de calidad estable y alta velocidad”

De acuerdo con el experto, como “el operador estatal presta los servicios por las competencias otorgadas en el decreto-ley de creación (de Antel) N° 14.235”, el proyecto de “ley de medios” no lo afecta porque Antel no es titular de un “permiso, autorización o licencia para prestar servicios de telecomunicaciones de telefonía o de transmisión de datos”.

Sin embargo, “cuando se trata de los servicios de comunicación audiovisual, es suficiente con ser titular de un servicio para que les alcance la prohibición” y, por tanto, “les alcanza a todos”, excepto a Antel. Pero Antel “podrá entrar directa o indirectamente en el negocio de los contenidos audiovisuales y, adicionalmente, no se requiere licencia para prestar servicios de comunicación audiovisual si se usa la red del operador estatal”.

Al revés de lo que ocurre en el resto del mundo, protestó De León, “los competidores naturales de banda ancha en el Uruguay no están habilitados para prestar estos servicios”, aunque “el operador estatal no está inhabilitado para prestar servicios de comunicación audiovisual”.

De esa manera, “el operador estatal tendrá monopolio real en el principal medio de transporte de contenido audiovisual y podrá entrar directamente en ese negocio sin necesidad de licencia. Tampoco necesitan licencia quienes usen su red”.

Los desafíos de la regulación. De León recordó que este año la Unión Internacional de Telecomunicaciones destacó que “uno de los desafíos de los reguladores y de quienes definen las políticas es cómo asegurar que los consumidores obtengan completamente los beneficios de la convergencia en la distribución de contenidos”.

En el curso de su exposición, De León desarrolló su pensamiento en cuanto a cómo el proyecto de “ley de medios” no aplica al operador estatal. Dijo que el literal a) del artículo 1º “es clave” para “las consecuencias de la aplicación selectiva” de la ley cuando dice: “no son objeto de regulación de esta ley los servicios de comunicación que utilicen como plataforma la red de protocolo de Internet”.
“Se trata de una exclusión muy fuerte a la que, usando la expresión ‘Protocolo Internet’, se le otorga un alcance mucho mayor y muy preciso”, dijo, y añadió: “La exclusión de la aplicación de la propia ley a los servicios que usen IP, que es lo que significa el literal a), se aplicará a todos los servicios que preste un operador sobre red IP, y muy en particular al operador estatal, (que es) el que tiene el monopolio real sobre estas redes de banda ancha fija cableada”.

De León recordó que en Uruguay no hay disposiciones legales que protejan la “neutralidad de red” y, por tanto, “no está prohibida la discriminación injustificada” y “a los múltiples monopolios indicados se agrega la potencial indefensión legal frente a potenciales discriminaciones”.

Agregó que el artículo 70 del proyecto prevé que el SPRTN y el operador estatal sean “los únicos habilitados a brindar acceso a infraestructura de transmisión de radiodifusión a titulares de servicios de radiodifusión abierta de radio y de televisión que no dispongan de ella”.

Esa disposición, abundó, “establece un monopolio a favor de dos servicios descentralizados actuando individual o conjuntamente”, cuando “en los hechos es el operador estatal quien ha asumido y está ofreciendo este servicio”.

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