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“El acceso a la información no se conquista de una vez y para siempre”

Edison Lanza es director del Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo), organización uruguaya miembro de la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información. Desde ese lugar y por solicitud de la organización IDEA de nuestro país, aportó al proceso de redacción del anteproyecto de ley de Acceso a la Información Pública, que se encuentra en la Cámara de Senadores para su tratamiento en segunda vuelta. Lanza es uno de los seis finalistas del concurso convocado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para ocupar el cargo de relator/a especial para la Libertad de Expresión. En Asunción participó en estos días de varias actividades, en el marco de la 44 Asamblea General de la OEA, en medio de las cuales lo abordamos para plantearle cuanto sigue:

–Hasta ahora no todos los países tienen ley de acceso a la información pública. ¿Por qué este es un tema resistido, sobre todo en los Parlamentos?

–Si uno lo mira con una perspectiva histórica, la sociedad civil ha logrado que los Estados adopten recientemente leyes de acceso a la información pública en la región. En los últimos 10 años la mayor parte de los países de América del Sur se han ido sumando a esta tendencia. Uruguay, Chile, Brasil, recientemente Colombia. Perú fue uno de los primeros países en tener ley de acceso a la información pública. O sea, cada vez son menos los países que no adoptan esta ley.

–Entonces la tendencia es esa, ¿no?

–Hay una tendencia. Claramente. Además, si sumamos América Central y el Caribe, estamos ya cerca de 20 países en la región con leyes de acceso a la información pública.

En cuanto a por qué es tan complicado que se adopte esta ley tiene que ver con cuestiones del manejo del poder, con una ruptura y combate de la asimetría histórica que a veces hay entre el Estado y los ciudadanos. Es empoderar a los ciudadanos cada vez más.

Entonces son cuestiones centrales del modelo democrático y por eso cuesta tanto el debate como aprobar la ley.

Después, también implementarla bien. Ya van a ver en Paraguay que la ley es una precondición necesaria, pero no es suficiente para mantener un Estado transparente.

–¿Qué más hace falta para que realmente se cumpla este derecho?

–Políticas públicas transparentes. Es muy políticamente correcto decir: “Yo soy transparente, a mí me encanta la transparencia”, pero para los demás. No para mí. Cuando me toca a mí, la reacción es ¿por qué estos periodistas están preguntando tanto? , ¿por qué tengo que rendir cuenta, ¿por qué tengo que perder tiempo en explicar todo lo que haga y por qué lo hago, si por algo me han elegido? Los políticos piensan de ese modo, y por lo tanto, es bárbaro hablar de la idea de ser transparente, pero a la hora de adoptar medidas de autorregulación y de exponerse, muchas veces hay dudas, y cuesta.

–Más allá de la adopción de una ley de acceso a la información, ¿hay un avance en la comprensión y ejercicio de este derecho?

–Notoriamente. Me parece que hay evidencia clara en cuanto a que la región, vista en su conjunto, ha avanzado en estos temas. Tanto en la producción de leyes como en la implementación de políticas.

Hay Estados que han adoptado mecanismos muy eficientes para aplicar las leyes. Por ejemplo, México le dio carácter constitucional al órgano de control de la ley de transparencia y acceso a la información pública. Chile tiene consejos para la transparencia; Uruguay tiene una Unidad de Acceso a la Información Pública.

Es decir, los Estados generan institucionalidad para ir desarrollando el derecho. Obviamente, la situación no es igual en todos los países.

Justamente aquellos donde hay menos transparencia, donde hay más problemas de acceso a la información pública, o donde no se ha adoptado una ley sobre esta materia, los ciudadanos me van a decir: “Aquí estamos peor, porque pasan los años y nuestros sistemas políticos no se abren”. Y eso es así, falta mucho para avanzar, pero si vemos el conjunto de países, hay una propensión a la transparencia. Claro, no ajena de problemas. Por ejemplo, en muchos casos hubo intenciones de adoptar reformas regresivas, por lo tanto este es un tema que no se conquista de una vez y para siempre.

–¿Cómo evitar que eso suceda, considerando que el peligro a un retroceso siempre está latente?

–La sociedad civil y el periodismo juegan un papel central en monitorear las veces que el derecho se incumple, o que haya intento de acotarlo a través de otras leyes o de reformas posteriores.

En Uruguay, por ejemplo, se había adoptado la ley de acceso a la información, pero el año pasado tuvimos el intento por parte de varios legisladores de reformar la ley en forma regresiva. Afortunadamente hubo una campaña por parte de la sociedad civil, un debate muy grande, y finalmente no se adoptó ninguna reforma regresiva. Hay que estar atentos.

–Algunas autoridades, renuentes a recibir críticas, plantean regular y establecer sanciones a quienes los critican a través de las redes sociales. ¿Ha planteado y prosperado esto en algún país de la región?

–Yo creo que los derechos humanos y entre ellos, la libertad de expresión, tienen que tener la misma vigencia en el mundo online que en el mundo offline. Está claro que los estándares de los derechos humanos en materia del conflicto entre la libertad de expresión y otros, como la privacidad o el honor, pasan por un estándar que es que quienes ocupan cargos públicos están sometidos a una crítica mayor. Por lo tanto, una norma que restringiera la crítica en internet estaría violando este y otros estándares de la libertad de expresión.

–¿Y si la persona realmente es afectada por una publicación que no es verdad?

–El uso en forma excesiva del derecho para penalizar expresiones, sobre todo si son de interés público, es una violación de la libertad de expresión.

Me parece que las democracias están maduras en la región, como para que el sistema político acepte que tiene que esta sometido al escrutinio público y a una crítica mayor.

Esto no ampara la real malicia o el uso de información falsa para destruir a alguien. Pero aún en este caso, la recomendación es que se apliquen sanciones civiles y que el derecho penal sea utilizado en su mínima expresión.

Publicado en www.ultimahora.com

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