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21 comentarios sobre la “ley de medios”

Por Claudio Paolillo, en Semanario Búsqueda 24 de abril de 20134.

Uruguay ocupa los primeros lugares en todos los índices que en el mundo miden el respeto por las libertades de expresión y de prensa. En todas las organizaciones promotoras de este derecho humano básico, Uruguay es puesto permanentemente como ejemplo.
Sin embargo, en plena campaña electoral, el gobierno continúa empeñado en tratar de hacer aprobar (con los solitarios votos del Frente Amplio) una polémica “ley de medios” que, aunque mejorada desde el primer proyecto presentado en Diputados, mantiene problemas serios que pueden afectar la libertad de expresión.
El proyecto, que ocupa ahora la atención del Senado, incluye siete muy importantes salvaguardas para la libertad de expresión (artículos 2, 5, 8, 14, 15, 16 y 95) y por esa razón es muy diferente a las leyes liberticidas que rigen hoy en Ecuador, Venezuela, Cuba, Bolivia, Nicaragua y Argentina. Pero, al mismo tiempo, asigna al regulador estatal potestades desmesuradas, ambiguas, vagas y, en definitiva, peligrosas para el ejercicio de ese derecho. No me refiero con esto a la legítima capacidad del Estado para regular las concesiones en el espectro radioeléctrico ni a la saludable prohibición de monopolios u oligopolios públicos o privados. Me refiero al control de los contenidos.
Veamos algunas de las inquietantes normas que se desea incorporar.
1
El gobierno quiere regular a las estaciones de radio y TV que funcionan en base a permisos estatales. Sin embargo, deja completamente libres (lo cual está bien) a los servicios de comunicación audiovisual que existen por decenas de miles en Internet. Es inexplicable por qué hace esta discriminación. El proyecto define así a los medios de comunicación: “son los mecanismos o instrumentos aptos para transmitir, divulgar, difundir o propagar, en forma estable y periódica, textos, sonidos o imágenes destinados al público”. Pues Youtube, Instagram, Twitter y Facebook, sólo por mencionar cuatro plataformas digitales, son exactamente eso: “mecanismos o instrumentos aptos para transmitir, divulgar, difundir o propagar, en forma estable y periódica, textos, sonidos o imágenes destinados al público”. Si unos y otros hacen exactamente lo mismo, ¿por qué el Estado controlaría estrictamente a unos y dejaría en completa libertad a los otros?
2
El gobierno quiere que los canales de TV y la radio difundan más “música nacional”. Y la define así: “es aquella en la que el compositor, el autor de la letra o su intérprete son personas de nacionalidad uruguaya (natural o legal) independientemente del lugar en que la misma haya sido grabada o el origen de su producción fonográfica. Por intérprete nacional se entiende al director, solista o acompañantes destacados”. Me pregunto: ¿dónde quedaría Gardel, cuya nacionalidad está en disputa? ¿Entraría dentro de la categorización de “música nacional” o sería considerado como un músico o cantante “extranjero”? ¿Qué pasaría con el tango en general, porque buena parte del mundo dice que el tango es de origen argentino? ¿Entrarían dentro de la categoría de “música nacional” solamente los tangos uruguayos? ¿La letra y la música tienen que haber sido escritas por uruguayos? ¿O bastaría con una de las dos cosas? ¿Y qué pasaría con “The Beatles Forever Band”? Esta es una banda formada por cuatro músicos y cantantes uruguayos que se dedica a reproducir lo más exactamente posible las canciones de los Beatles. Son uruguayos, pero tocan y cantan 100% de música extranjera (si es que a las canciones de los Beatles se les puede llamar a esta altura “música extranjera”). Supongamos que viniera al Uruguay Bono con su banda “U2” y grabara su música, con su grupo, pero utilizando todos los técnicos, logística y demás insumos uruguayos. ¿Eso no sería “música nacional”? Muchos ejemplos más podrían poner en tela de juicio esta idea provinciana de “música nacional”, sobre todo teniendo en cuenta que el mundo está cada vez más conectado y más globalizado. Es un concepto absolutamente arcaico.
3
Dijimos que sólo se trata de regular a la radio y TV “tradicionales”. ¿Pero es realmente así? El gobierno define a los “servicios de comunicación audiovisual” como aquellos que proporcionan “una oferta estable y permanente de señales de radio o televisión. Comprende, por tanto, una o más programaciones, con su respectivo formato, cada una de ellas entendida como la planificación y organización, en forma coherente, de una serie de programas de radio o televisión”. Pues bien: un diario, un semanario o un sitio online pueden, de acuerdo con esta definición, ser un “servicio de comunicación audiovisual”. Porque hoy, con la tecnología disponible, los diarios, semanarios, revistas o servicios 100% online están ya proporcionando ofertas “estables y permanentes” de radio o televisión, y planifican y organizan, “en forma coherente”, programas de radio y televisión. ¿Qué justifica regular a unos y no hacerlo con los otros? Y como es imposible hacerlo con los otros (con los que aprovechan las tecnologías digitales), ¿qué explicación hay para que unos sean estrictamente regulados por el Estado y los otros sean 100% libres? Si hoy un diario puede, como ya ocurre en Uruguay y en el resto del mundo, emitir videos y audios, ¿se regularía eso también por parte del Estado? De acuerdo con el proyecto del gobierno, no. Pero, ¿por qué no si está haciendo lo mismo (y, a veces, mejor) que los canales de TV y radios “tradicionales”? Y si la respuesta es “sí, habría que regularlos también”, entonces se estaría regulando a la prensa, lo que iría contra la libertad de prensa y contra la libertad de expresión. Lo mismo ocurre con la definición que el proyecto hace de televisión. Dice: “es la transmisión a distancia de programas de video con los sonidos asociados”. Si la definición de “televisión” es esta, ¡todo Internet es entonces “televisión”! Aquí se entiende por qué el presidente José Mujica declaró públicamente que este proyecto de ley, si es aprobado, va a quedar en muy poco tiempo como “un esperpento”, entendiendo por “esperpento”, tal como lo define la RAE, un “hecho grotesco o desatinado” o, en otra acepción, “cosa notable por su fealdad, desaliño o mala traza”.
4
El gobierno sostiene en el proyecto, con acierto, que “los servicios de comunicación audiovisual son soportes técnicos para el ejercicio del derecho humano a la libertad de expresión y a la libertad de información, preexistentes a cualquier intervención estatal”. Y es verdad: la libertad de expresión del pensamiento y la libertad de información son derechos humanos que existen antes que el Estado y antes que cualquier intervención que el Estado se proponga hacer sobre ellos. Entonces, ¿por qué esta intervención estatal (porque la ley es siempre una intervención estatal)? Si la intervención estatal se limitara a regular la concesión y administración de las ondas públicas del espectro radioeléctrico —tal como ocurre en todos los países del mundo— nada habría para objetar. Pero este proyecto va mucho más allá de esa actividad legítima del Estado. ¿Será porque el gobierno actual cree que esos soportes técnicos no están amparando el ejercicio de esos derechos humanos? Si es así, no lo dice. Y si el gobierno cree que sí los están amparando, ¿para qué la ley en estos términos?
5
El gobierno quiere declarar “de interés público” a las radios y canales de TV “tradicionales” porque cree que “constituyen uno de los principales medios de información social, permiten el ejercicio del derecho a comunicar y a recibir información para el ejercicio pleno de la libertad de expresión de la ciudadanía, la difusión de valores como la identidad y la diversidad cultural y el apoyo a la educación, componiendo un sistema esencial para promover la convivencia, la integración social, la igualdad, el pluralismo y los valores democráticos”. Perfecto: ¿y por qué no se declara “de interés público” también a Internet? ¿No son todas las plataformas online principalísimos “medios de información social” que permiten (mucho más que la TV y las radios “tradicionales”) “el ejercicio del derecho a comunicar y recibir información…” y todo los demás? Pero los autores de la ley no quieren regular Internet. Entre otras cosas, porque no es posible hacerlo. ¿Entonces?
6
El gobierno quiere en su proyecto de ley que los canales de TV y las radios establecidas “garanticen” el “derecho de las personas a acceder a una pluralidad de informaciones y opiniones”. Pero, ¿cómo se “garantiza” esto? Se puede “propender” a que las personas accedan a una pluralidad de informaciones y opiniones, pero ningún ser humano puede “garantizar” que eso ocurra. Porque habrá tantas interpretaciones de que ese acceso está realmente “garantizado” como personas existan.
7
El gobierno quiere que las radios y los canales de TV “tradicionales” difundan y promuevan “la identidad nacional”. Esto es por demás discutible. ¿Por qué habría que “promover” la “identidad nacional”? ¿Y qué se entiende por “identidad nacional”? ¿Qué hacemos con Artigas, con los que sostienen que nunca concibió al Uruguay como un país y aportan argumentos que, por lo menos, merecen consideración? ¿Por qué no se podría criticar y atacar, en lugar de promover, cualquier interpretación de la “identidad nacional”? ¿Por qué no promover la solidaridad y la cooperación internacional y la condición de “ciudadanos del mundo” de todos los habitantes del planeta, incluidos los uruguayos, en vez de exacerbar su “patriotismo”? ¿Quién va a interpretar cuál es la “correcta” “identidad nacional” que debe ser promovida? Por ejemplo, una persona nacida en Uruguay puede creer que es necesario difundir y promover “lo uruguayo” y que el folclore “nacional”, el mate, las tortas fritas y las “gauchadas” son aspectos que forman parte de “lo uruguayo” (de “la identidad nacional”). Pero otra persona, también nacida en Uruguay, puede creer que es necesario difundir y promover una crítica fuerte a todo eso que el otro considera “lo uruguayo” porque entiende que es lo que hunde al Uruguay. ¿Le van a dar los legisladores al Estado la potestad de dictaminar quién es “patriota” o defensor de “la identidad nacional” y quién no lo es? ¿Quiénes son el Estado y sus circunstanciales administradores, cualquiera sea el partido en el gobierno, para expedir patentes de “patriotismo” o de “defensores de la identidad nacional”? No olvidemos que las dictaduras militares suelen exaltar su concepto de “patria” y de “identidad nacional” casi como el leitmotiv de su propia existencia. Esta propuesta puede ser esencialmente retrógrada. Y, por cierto, nada progresista.
8
El gobierno quiere que las radios y los canales de TV “tradicionales” fomenten “la identidad cultural del país”. Me pregunto: ¿qué cosa será “la identidad cultural del país”? ¿Será la que defina el gobierno de turno? Por ejemplo, hay muchos uruguayos que creen que parte de la actual “identidad cultural” del país es el estilo de gobierno del presidente José Mujica, su modo austero de vivir y su forma de hablar y de vestir. Hay otros uruguayos que creen que todo eso es contrario a la “identidad cultural” del país. Hay uruguayos que creen que el dinero que el Estado entrega a las personas más pobres para que subsistan forma parte de la “identidad cultural” del país porque es una demostración de “solidaridad”. Hay otros uruguayos que creen que eso va contra la “identidad cultural” del país porque erosiona los valores del esfuerzo, del trabajo y del sacrificio para salir adelante, sustituyéndolos por los valores de la holgazanería y de esperar todo de “Papá Estado”. Y así podrían multiplicarse los ejemplos para todas las áreas imaginables. Entonces, ¿cómo hará el Estado para “fomentar la identidad cultural del país” si hay tantas y tan diversas interpretaciones sobre eso como ciudadanos tiene la República? ¿Impondrá el Estado a los canales de TV y a las radios establecidas su propia concepción de “identidad cultural”? Si eso fuera así, se estaría atacando la libertad de expresión y de prensa. Porque la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión adoptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) establece en su punto 5º que “la imposición arbitraria de información (…) viola el derecho a la libertad de expresión”. Y en su punto 13º dice que “los medios de comunicación social tienen derecho a realizar su labor en forma independiente” y que “presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales son incompatibles con la libertad de expresión”.(1) A su vez, la Declaración de Chapultepec, que fue la base para la Declaración de la CIDH, sostiene, también en su punto 5º, que “la imposición arbitraria de información (…) se opone directamente a la libertad de prensa”(2). Las previsiones para asegurar lo que el gobierno llama “identidad nacional” e “identidad cultural” en las radios y canales de TV “tradicionales” se encuentran en los artículos 52, 53 y 54 del proyecto, con cuantificaciones específicas sobre porcentajes y prioridades para las producciones “nacionales”.
9
El gobierno, en un mismo artículo, asegura la libertad editorial de los emisores y, a la vez, los limita. Dice que las radios y canales de TV “tradicionales” tienen derecho a la “libre selección de contenidos, producción y emisión de la programación”, pero inmediatamente advierte que eso debe hacerse “de conformidad con los principios y finalidades reconocidos en esta ley”. Naturalmente, este artículo puede dar lugar a largas discusiones y, eventualmente, a abusos de poder. Porque se establece la libertad para que determinen lo que quieran difundir, siempre y cuando eso esté de acuerdo con los “principios y finalidades” de esta ley. Es decir, la libertad está acotada a lo que el Estado decida. Eso se contradice con los artículos garantistas mencionados previamente: o son libres y el Estado no tiene capacidad de injerencia en los contenidos, o no son libres y el Estado sí puede imponer sus puntos de vista. Por eso, cualquier víctima de una sanción estatal por no cumplir con lo que el Estado define como “principios y finalidades” de esta ley puede acudir a otros artículos de la propia ley para ejercer su defensa. Lo cual es, al menos, extraño.
10
El gobierno quiere declarar “de interés general la promoción de los derechos culturales de todos los habitantes de la República (…) muy especialmente a través de los servicios de comunicación audiovisual” regulados. No queda claro qué deberían hacer las radios y canales de TV “tradicionales” para cumplir con este artículo, a efectos de promover “los derechos culturales de todos los habitantes de la República”. ¿Cuáles son “los derechos culturales de todos los habitantes”? ¿De “todos”? ¿De los 3.300.000 ciudadanos? Si fuera así, ¿cómo se implementaría? ¿Cómo haría una radio o un canal de TV “tradicional” para conformar a más de tres millones de personas que reclamen por sus “derechos culturales”? Y si la línea editorial del emisor —que en otros pasajes de este proyecto se declara libre— contradice lo que un ciudadano considera son sus “derechos culturales”, pero éste quiere hacerlos efectivos al amparo de esta ley, ¿quedaría obligado el emisor a difundir un contenido que violenta su línea editorial y su conciencia? ¿Quién decidiría en ese caso y, sobre todo, quién impondría al emisor que el ciudadano tendría derecho a difundir en una radio o en un canal de TV “tradicional” determinado lo que él/ella consideraría su “derecho cultural”? Se podría abrir la puerta aquí para todo tipo de arbitrariedades, imposiciones, litigios y situaciones realmente absurdas. ¿Se imaginan al canal digital del PIT-CNT, ya concedido por el Poder Ejecutivo, cediendo su pantalla ante la solicitud de un grupo de ciudadanos que crean que es su “derecho cultural” difundir música o literatura “pro capitalista”, “neoliberal” o, incluso, antisindical elaborada por ellos? ¿No tendría el canal del PIT-CNT derecho a negarse a difundir esos contenidos?
11
El gobierno quiere prohibir a las radios y canales de TV “tradicionales la difusión de “contenidos que inciten o hagan apología de la discriminación y el odio nacional, racial o religioso, que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, sea motivada por su raza, etnia, sexo, género, orientación sexual, identidad de género, edad, discapacidad, identidad cultural, lugar de nacimiento, credo o condición socioeconómica”. Hay que tener cuidado con el empleo de las palabras. Está claro que ningún medio de comunicación debería “hacer apología” del odio, la violencia, la discriminación, etc. En cambio, el verbo “incitar”, aquí incluido, puede dar lugar a decisiones arbitrarias del regulador toda vez que queda habilitado a interpretar que una información u opinión determinada pudo “mover o estimular a alguien para que ejecute algo”. Pero una prohibición tiene que ser taxativa. Es decir, tiene que quedar 100% claro para todos los actores —y no librado a la interpretación de los reguladores— la definición de qué es lo que concretamente no se podría hacer o sería ilegal, particularmente cuando se habla de “discriminación”. Delinear qué es “discriminatorio” y qué no, es extremadamente difícil. Por ejemplo, muchas personas que profesan la fe católica (y muchísimos jerarcas de la Iglesia Católica) sostienen públicamente que el aborto es un crimen. Que las personas que abortan y las que las defienden son asesinas. Han dicho incluso que la ley que despenalizó el aborto provoca una suerte de “genocidio”. ¿Sería considerado “discriminatorio” contra los que están a favor de despenalizar el aborto que los medios regulados por esta ley difundan una homilía del Papa en la que dijera que “el aborto es un crimen”? Las vaguedades en este tema favorecen la posibilidad de que se produzcan arbitrariedades, aun cuando quienes las cometan actúen con las más nobles de las finalidades. El párrafo que se añadió a este artículo (“en ningún caso estas disposiciones deben interpretarse como una imposibilidad de informar sobre los hechos, o de analizar y discutir sobre estos temas, en particular durante programas educativos, informativos y periodísticos”) ciertamente atenúa en parte la disposición anterior, pero no elimina los riesgos que aquella plantea.
12
El gobierno quiere que el Estado “incentive” a las radios y canales de TV “tradicionales” a “difundir programas y servicios que tengan por finalidad promover” el “bienestar social y afectivo” y la “salud física y mental” de niños y adolescentes. Me pregunto: ¿cómo los “incentivará”? ¿Les dará dinero? ¿Los convocará a reuniones periódicas para expresarles que vería con agrado que difundieran… qué cosas? ¿El gobierno creerá que los directivos de los medios que este proyecto quiere regular están en contra del bienestar social y afectivo y de la salud física y mental de los niños? ¿No habrá algún padre o alguna madre entre los permisarios de las radios y los canales de TV “tradicionales” con sentimientos tan elementales a favor de los niños? ¿Creerán los redactores de este proyecto que esos directivos son tan cínicos y tan mala gente que hay que decirles que deben velar por el bienestar social y afectivo y la salud física y mental de los menores, porque no saben lo que es eso? Si el gobierno cree eso y tiene evidencias que lo demuestren, no sólo debería decirlo, sino que debería retirarles los permisos y concesiones que ya les otorgó.
13
El gobierno quiere que las radios y canales de TV “tradicionales” respeten la privacidad de los niños y adolescentes, que no usen sus imágenes “en forma lesiva” y que no publiquen “ninguna información que los perjudique y pueda dar lugar a la individualización de su persona”. En general, eso está bien. El gobierno agrega que “en el contexto de hechos delictivos, así como en circunstancias donde se discutan su tutela, guarda, patria potestad o filiación, los servicios de comunicación audiovisual se abstendrán de difundir nombre o seudónimo, imagen, domicilio, la identidad de sus padres o el centro educativo al que pertenece u otros datos que puedan dar lugar a su individualización”. Esta disposición debería permitir excepciones. Si un muchacho de 17 años mata a 25 escolares con una metralleta luego de ingresar a una clase en una escuela pública o privada, ¿la sociedad no tendría derecho a saber quién es el asesino?
14
El gobierno quiere que el horario de protección al menor en las radios y canales de TV “tradicionales” se extienda desde las 6:00 horas hasta las 22:00 horas, todos los días, y que los programas que se difundan en ese lapso sean “aptos para todo público”. Quiere prohibir en ese horario la emisión de “imágenes con violencia excesiva”, “truculencia”, “apología o incitación de la violencia”, “pornografía”, “escenas de actos sexuales explícitos, obscenos o degradantes” y “exhibición de consumo explícito y abusivo de drogas legales e ilegales”. La única salvaguarda que prevé este proyecto es que “en programas informativos, cuando se trate de situaciones de notorio interés público, excepcionalmente, podrán incluirse imágenes de violencia excesiva, (…) incluyendo avisos explícitos para prevenir la exposición del público infantil a las mismas”. Para empezar, si este proyecto se aprueba, en las próximas semanas, meses y años habrá mucha censura y autocensura en los medios regulados porque la información y las concomitantes imágenes sobre la legalización de la marihuana, impulsada por el mismo gobierno que promueve esta ley, no podrán ser exhibidas. Además, no debería ser novedad para nadie que las guerras son la primera noticia y los accidentes aéreos la segunda (con todo lo que implica de pánico, horror y sus efectos residuales, más que ninguna otra noticia). Y eso ocurre por decisión de la gente, en Uruguay y en todas partes del mundo. ¿Sobre eso sólo se puede informar después de las 22 horas? Y si hablamos de “truculencia”, ¿qué otra cosa sino “truculentos” son casi todos los cuentos infantiles con que nos criamos todos? “La Cenicienta”: ¿habrá algo más cruel y discriminatorio que “La Cenicienta”? ¿Y “El Patito Feo”? ¿Y qué hacemos con los desalmados padres de “Pulgarcito” y con todos sus hermanos, que lo llevaban al bosque donde estaba el ogro? ¿Y con “Hansel y Gretel” o el pobre “Bambi”? ¿Y con la truculencia de “Caperucita Roja”? En otras palabras, ¿quedaría prohibida en la TV y radios uruguayas “tradicionales” la difusión de estos cuentos infantiles? ¿Y alguien cree, en su sano juicio, que esa prohibición bastaría para que los niños no los conozcan? ¿No habría que dejarles algo de responsabilidad y de la obligación de cumplir con su deber de primer educador de sus hijos a los padres? ¿Hasta dónde se va a meter el Estado en lo que es un derecho de los padres? Estas prohibiciones explícitas pueden quedar atenuadas con una frase agregada a continuación: “en ningún caso estas pautas deben interpretarse como una imposibilidad de informar, analizar y discutir, en particular durante programas educativos, informativos y periodísticos, sobre situaciones de violencia, sus causas o sus repercusiones en materia de seguridad ciudadana u otros abordajes sobre la realidad uruguaya, ni sobre temas relacionados a la sexualidad, ni sobre temas relacionados a las drogas legales e ilegales, ni sobre temas relacionados a la discriminación, todos ellos en sus más variadas dimensiones. En particular, las presentes directivas no deben ser interpretadas como una limitación a las expresiones surgidas en el debate de opinión o durante manifestaciones políticas, aun si ellas pudieran considerarse agresivas o hirientes para las autoridades públicas o actores políticos y partidarios”. Pero sigue sin quedar claro si en la palabra “información” quedan incluidas las imágenes. Porque la información no es solo textos a leer o a decir, sino muchas veces, y con mucha mayor fuerza, las imágenes. Es información pura el video sobre el estallido de la bomba atómica en Hiroshima, aunque ese haya sido un acto en el que murieron en un instante decenas de miles de personas. Y esa imagen vale más que mil palabras descriptivas de ese asesinato masivo.
15
El gobierno quiere prohibir la publicidad que “incite directamente a los niños, niñas y adolescentes a la compra o arrendamiento de productos o servicios aprovechando su inexperiencia o credulidad”. Aquí, los redactores del proyecto parecieron caer en cuenta de la potencial vaguedad del verbo “incitar”, señalada anteriormente, y agregaron “directamente” como para que quede claro que una cosa es simplemente “incitar” y otra “incitar directamente”. ¿Por qué no siguieron el mismo parámetro en artículos anteriores donde este verbo no va acompañado de expresiones como “directamente” o “explícitamente”? Igualmente, no está claro si cierto tipo de publicidad quedaría prohibida o no. Por ejemplo, recientemente, el estatal Banco de la República promovió, mediante avisos publicitarios en la TV “tradicional” el ahorro entre los adolescentes mediante una tarjeta que emitía para ellos. ¿Eso sería considerado un aprovechamiento de la inexperiencia o credulidad de los menores de edad? Hay, además, otro párrafo en el proyecto en el que se prohíbe a las radios y a los canales de TV “tradicionales” presentar publicidad “de una manera que se aproveche de la lealtad de niños, niñas y adolescentes, o de su confianza, sobre todo en los padres, profesores u otras personas. No puede socavar la autoridad de estas personas y su responsabilidad”. Esta disposición es vaga de toda vaguedad y, por tanto, pasible de ser interpretada por el regulador de la manera que se le antoje.
16
El gobierno quiere limitar el derecho de las personas a elegir. El proyecto dice que “el total de suscriptores de las empresas de televisión para abonados autorizadas en todo el territorio nacional no podrá superar el 25% del total de hogares con televisión para abonados de todo el país” ni “el 35% del total de hogares con televisión para abonados de cada territorio donde existan otras autorizaciones o licencias de menor alcance”. Estas limitaciones son incompatibles con el derecho de los ciudadanos a elegir libremente lo que quieren ver en TV. Si, por ejemplo, un 50% de la población decide libremente que le gustaría ser abonado del canal X a nivel nacional, solo la mitad de esa gente podría satisfacer su preferencia. A la otra mitad el Estado le prohibiría hacer lo que libremente ha decidido hacer. Eso supone una discriminación inaceptable en cuanto al derecho de los ciudadanos a decidir lo que les conviene, por sí y ante sí.
17
El gobierno quiere asignar el papel de controlador, fiscalizador y eventual sancionador respecto a los contenidos de las radios y canales de TV “tradicionales” a la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación (Ursec), que está dirigida por una comisión integrada por tres miembros designados directamente por el presidente de la República. Todas las organizaciones promotoras de la libertad de expresión y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH marcaron, cuando el proyecto aún estaba en Diputados, la necesidad de que el regulador sea un organismo independiente del poder político y comercial. Si esto se modifica de acuerdo con lo planteado por la Relatoría de la CIDH —como lo han prometido integrantes del gobierno— el escenario cambia. Pero lo que aprobó Diputados y lo que está a consideración del Senado configura un ataque directo a la libertad de expresión. La Relatoría ha recordado que, en su Declaración Conjunta de 2001, los relatores para la libertad de expresión de la ONU, la OEA y la Organización de Seguridad y Cooperación de Europa (OSCE) destacaron que “las entidades y órganos gubernamentales que regulan la radiodifusión deben estar constituidos de manera de estar protegidos contra las injerencias políticas y comerciales”.(3) La Relatoría ha dicho asimismo que “dada la importancia de las funciones que deben cumplir, es fundamental que los órganos encargados de aplicar políticas y fiscalizar el cumplimiento de la regulación en materia de radiodifusión sean independientes, tanto de la influencia del poder político como de los intereses de los grupos económicos”.(4)
18
El gobierno quiere que “el contenido de las señales de radio y de televisión establecidas en Uruguay” se atenga a “los principios y valores constitucionales”, que proteja a los “consumidores y usuarios”, y que respete el “derecho al honor” y “a la intimidad” de las personas. Esta redacción es suficientemente vaga como para dejar demasiado campo de acción para el regulador, que podrá considerar, a su particular arbitrio, si el contenido “respetó” los “principios y valores constitucionales” (¿qué pasa si un difusor decide atacar “principios” o “valores” constitucionales por considerarlos incorrectos o negativos, y promueve su sustitución por otros “principios y valores constitucionales”? ¿Sería sancionado o el Estado privilegiaría su derecho a expresarse libremente, incluso contra disposiciones constitucionales?), si “protegió” a “consumidores y usuarios”, o si respetó el “derecho al honor” y la “intimidad” de alguien que haya sido sujeto de informaciones u opiniones. Como todo el mundo sabe, muchos jerarcas públicos o ex jerarcas públicos suelen afirmar que, cuando se difunde una información u opinión que los deja mal parados, están siendo atacados en su “derecho al honor” y en su “intimidad”; ¿cabría la posibilidad de que un difusor comprendido en este proyecto de ley pudiera ser sancionado por el Estado por alguna de estas razones?
19
El gobierno quiere declarar “de interés nacional” que las radios y canales de TV “tradicionales” permitan el acceso gratuito de los políticos a la publicidad electoral. Incluso quiere fijar pormenorizadamente los “tiempos de pantalla” que le tocarían a cada candidato a presidente, a intendente, a senador, a diputado, etc. Dice, por ejemplo: “en los casos de elecciones nacionales y elecciones legislativas complementarias, los espacios gratuitos serán distribuidos entre los lemas en función de los votos obtenidos por cada uno de ellos en las inmediatamente anteriores elecciones nacionales”. Esto aseguraría al partido de gobierno, cualquiera sea, más publicidad gratuita que sus competidores siempre. Y si hay partidos políticos nuevos, el Estado les asignaría la cantidad de minutos equivalente al que votó peor en la elección anterior. Esta disposición podría acarrear injusticias impropias en una competencia electoral leal.
20
El gobierno quiere que los servicios de comunicación audiovisual públicos tengan “preferencia sobre los particulares en cuanto a la asignación de canales radioeléctricos, ubicación de estaciones y otras infraestructuras necesarias para prestar el servicio, así como en todo lo relativo a las demás condiciones de instalación y funcionamiento”. El proyecto promueve la creación de un Sistema Público de Radio y Televisión Nacional (SPRTN), dentro del Ministerio de Educación y Cultura, y sostiene que “la actividad desarrollada por el SPRTN se considera un servicio fundamental para la comunidad, mediante el cual se brinda a la sociedad en su conjunto y en todo el territorio, información, cultura, educación y entretenimiento, consolidando a la ciudadanía en dichos ámbitos, siendo de carácter permanente su rol social, por lo cual debe garantizarse el acceso y la continuidad del mismo”. Los autores del proyecto parecen dar por hecho que el Estado difunde mejor “información”, “cultura”, “educación” y “entretenimiento” que los medios privados. ¿De dónde sale esta presunción, en la que se fundamenta el hecho de que los medios públicos tengan “prioridad” sobre los medios privados? Además, según el proyecto, los medios públicos cumplen un “rol social”. ¿Quiere decir que los medios privados cumplen un “rol anti social”? ¿Y quién se encarga de definir qué es un “rol social” y qué no lo es?
Las arbitrariedades y una competencia desleal y despareja pueden ser el corolario de estas disposiciones claramente discriminatorias y potencialmente totalitarias.
Además, el Directorio del SPRTN sería integrado por tres personas designadas por el Ministerio de Educación y Cultura. Con estos jefes, pertenecientes a una “unidad ejecutora” de un Ministerio y, por tanto, legalmente sometidos al poder político, y teniendo en cuenta las potestades que se les asignan en diversos artículos del proyecto, es legítimo preguntarse qué clase de “independencia” tendrán los medios del Estado. ¿Quiénes aconsejarán al SPRTN? Una “Comisión Honoraria Asesora” integrada por 12 miembros: dos representantes de los trabajadores del SPRTN, uno del PIT-CNT, de la Universidad de la República, dos “de la sociedad civil que trabajen en temas vinculados a los cometidos del SPRTN”, un no legislador designado por la Asamblea General, uno del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, uno de la Administración Nacional de Educación Pública, uno del sindicato de trabajadores APU, un “representante de los ciudadanos, en su calidad de usuarios, que se designará de acuerdo a lo que establezca la reglamentación” y uno del Congreso de Intendentes. Aquí el sesgo incluyente y excluyente rompe los ojos por su carácter discriminatorio: la asesoría de quienes dirigirían a los medios públicos (que no pertenecen al gobierno de turno sino a toda la ciudadanía) tendría un representante del PIT-CNT y ninguno de las cámaras empresariales; un representante del sindicato de trabajadores de los medios y ninguno de los empresarios de los medios; un representante de la Universidad de la República estatal y ninguno de las cuatro universidades privadas; y un representante de la estatal ANEP y ninguno de los colegios privados.
21
El gobierno quiere que entre las infracciones graves y muy graves —que podrían determinar sanciones que van desde la observación, pasando por las multas, hasta la revocación de la concesión, autorización, licencia o registro— se incluya “la difusión, de manera reiterada, de programación en violación al derecho de no discriminación (…) y a la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes”. Valen aquí los mismos comentarios realizados con anterioridad en el análisis de los peligros que supone la redacción de algunos artículos, maximizados porque son colocados en el capítulo de “infracciones muy graves”, que son las que pueden determinar hasta la cancelación de una licencia. Además, el gobierno quiere establecer que sea una “infracción muy grave” la “violación de las obligaciones en materia del respeto a los derechos de las personas establecidas en los artículos de esta ley”. Nuevamente, estamos ante un amplio campo sancionatorio reservado para el Estado. ¿Quién decidirá que “los derechos” de una o varias personas no ha(n) sido respetado(s)? ¿Y si el irrespeto presunto de esos “derechos” supuso un bien mayúsculo para la sociedad? Un gobernante corrupto que ha estado robando millones de pesos a los ciudadanos puede sentir que su “persona” no fue respetada por una información que develó su conducta. Y el proyecto no le dice al regulador qué privilegiar en un caso como ese. Puede parecer obvio, a priori, que el regulador actuará “sensatamente”, amparando al difusor. Pero eso tiene que estar claramente establecido. Incluso, porque puede haber situaciones no tan evidentes como el ejemplo anterior que dejen al regulador sin pautas claras y objetivas para decidir.
(1) http://www.cidh.oas.org/basicos/declaracion.htm
(2) http://www.declaraciondechapultepec.org/declaracion_chapultepec.htm
(3) Relator Especial de Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y Expresión (ONU), Representante de la Organización de Seguridad y Cooperación en Europa para la Libertad de los Medios de Comunicación (OSCE) y Relator Especial para la Libertad de Expresión (OEA). Declaración Conjunta sobre Desafíos a la Libertad de Expresión en el NuevoSiglo.Aprobadael20 denoviembrede2001.Disponibleen: http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=48&lID=2. En el mismo sentido, la Recomendación Rec(2000)23 del Comité de Ministros del Consejo de Europa indica que las “reglas que rigen a las autoridades de regulación del sector de la radiodifusión, en particular su composición, son un elemento clave de su independencia. Estas reglas deberán estar definidas de manera que estén protegidas de toda injerencia, particularmente de parte de fuerzas políticas o de intereses económicos”. Council of Europe. Committee of Ministers. Appendix to Recommendation Rec(2000)23 of the Committee of Ministers to member states on the independence and functions of regulatory authorities for the broadcasting sector. Provision 3. 20 de diciembre de 2000. Disponible en: https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=Rec(2000)23&Language=lanEnglish&Ver=original&Site=CM&BackColorInternet=99 99CC&BackColorIntranet=FFBB55&BackColorLogged=FFAC75
(4) http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/2013_06_28_CARTA_ECUADOR(VP)_ESPANOL.PDF

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