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Una tardía e inconveniente ley de medios

El observador, domingo 2 de marzo de 2014. Opinión.

El Frente Amplio se ha embarcado, con la ley de medios, en un curso cuestionable por ser restrictivo de la libertad de prensa y que puede desembocar en otro fallo de inconstitucionalidad por la Suprema Corte de Justicia, como ya le ha ocurrido en varias oportunidades en el pasado reciente. Este proyecto fue originalmente anunciado como ordenador de la adjudicación de ondas de televisión y radio, que a veces han sido asignadas por amiguismos partidarios más que por la calificación de los interesados. Pero en su accidentado tránsito parlamentario sufrió cambios y ampliaciones, que han llevado a la oposición a adelantar recursos de inconstitucionalidad si la mayoría frenteamplista en el Senado aprueba el texto sancionado por sus diputados.

Estos legisladores modificaron de nuevo el proyecto, a último momento, al transferirle a la Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicación (Ursec) la distribución de la propaganda electoral entre los lemas. Esta función estaba correctamente asignada previamente a la Corte Electoral, como órgano autónomo en el manejo de todos los aspectos de las instancias de votación. Adicionalmente los diputados, en su intento de triquiñuela legal para eludir el requisito de mayorías especiales de dos tercios, también pusieron en manos de la Ursec el control de contenidos y la aplicación de sanciones, función que originalmente debía cumplir un Consejo de Comunicación Audiovisual, a ser creado. Como la Ursec depende del gobierno, el control de la ley perdería confiabilidad al quedar a criterio de un organismo del
Poder Ejecutivo.

La coincidente reacción de diputados de los tres partidos opositores ha sido tan fulminante como fundada.
Iván Posada, del Partido Independiente, afirmó que “claramente ha habido un desconocimiento de la Constitución”. El colorado Walter Verri denunció un “atropello a la Constitución” y el nacionalista Pablo Abdala compartió la severa censura al texto que salió de Diputados. Los tres afirmaron separadamente que si el Senado no corrige las deficiencias de la ley, presentarán recursos de inconstitucionalidad ante nuestro máximo tribunal. La oposición ya ha cuestionado otras leyes pero sin poder recurrir a la Suprema Corte por no ser parte involucrada. Pero Abdala explicó que los partidos pueden hacerlo en el caso de la ley de medios, porque el texto actual los afecta directamente al encargar a la Ursec la distribución de los espacios
gratuitos de propaganda en la campaña electoral.

La ley ha sido denunciada también por asignar al Estado el monopolio para la transmisión de datos. Más grave aún fue la lapidaria conclusión de Naciones Unidas de que el texto atenta contra la libertad de expresión por el peligroso antecedente de interferir con los contenidos de los informativos. El propio presidente José Mujica se ha declarado en contra de las atribuciones asignadas a la Ursec, sosteniendo que
los controles de la ley deben estar a cargo de un organismo independiente y pidiendo al Senado que corrija esta desviación de atribuciones. Pero la bancada legislativa desoye al presidente e insiste en otros muchos puntos objetables de la ley proyectada, ciegos al riesgo de que, por quinta vez en un año, una norma caiga
por contravenir disposiciones constitucionales en las que se basa todo estado de derecho.

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