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Ley de medios: Mujica propuso que la Justicia decida sanciones

El proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual elaborado por el Poder Ejecutivo, más conocido como ley de medios, ya tiene sanción de la Cámara de Reprensentantes. Al inicio del último año de la legislatura, la comisión del ramo del Senado recibió a delegados del gobierno para iniciar el debate. El texto necesita la mayoría de votos en la rama alta para terminar su trámite parlamentario. Si bien no aparecen en el horizonte obstáculos que amenacen su futuro, en la bancada del oficialismo se maneja con seguridad algunas modificaciones.
Según pudo saber El Observador, los legisladores de la coalición de izquierdas Frente Amplio piensan “mejorar” la redacción del proyecto en lo que refiere al organismo encargado de controlar el cumplimiento de la norma.
El texto original creaba un Consejo de Comunicación Audiovisual, que sería integrado por las personas que estime el Poder Ejecutivo. Es decir, a dedo. Ello fue observado por los críticos del proyecto, entre otros tantos puntos polémicos, y finalmente se quitó del articulado. Pero quedó a un lado sobre todo porque a menos de un año de las elecciones nacionales no es posible crear cargos en el organigrama del Estado. La solución salomónica del oficialismo fue volcar esa responsabilidad en la Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicación (Ursec). Ese organismo ya está creado y funcionando, con lo cual se eludía el obstáculo constitucional de la generación de cargos, pero mantiene el inconveniente de ser dirigido por personas puestas de forma directa por el gobierno. Es por ello que ahora el Poder Ejecutivo y la bancada de senadores del FA trabajan para buscar la forma de evitarlo.
El rol de ese consejo es muy importante, porque decide y aplica sanciones muy duras a los medios que incumplan lo dispuesto en el articulado de la ley.
Una fuente oficial informó a El Observador que entre otras propuestas, se considera una realizada por el presidente José Mujica, que consiste en dejar en manos de la Justicia la aplicación de sanciones graves, tal como sucede hoy cuando la Dirección General Impositiva (DGI) clausura un negocio. De esa forma, evita que decisiones drásticas como quitar el permiso a un medio lo decida un juez y no jerarcas designados directamente por el Poder Ejecutivo de turno. La decisión está ahora en manos de la bancada de senadores del FA.
El proyecto prevé sanciones graves para los medios que incumplan con las nuevas disposiciones. Algunas son económicas pero otras llegan hasta la revocación o no del permiso.
El penúltimo artículo del texto votado indica que el Poder Ejecutivo “podrá” enviar al Parlamento un proyecto para crear un consejo como “órgano desconcentrado”.
Castigos
El proyecto con la aprobación de Diputados separa las sanciones según sean infracciones leves, graves y muy graves.
Entre las muy graves se ubican transferir la titularidad del medio sin autorización del Poder Ejecutivo; e incumplir de forma “reiterada” la emisión mínima de contenidos en promoción de la industria audiovisual, como exige la ley, entre otras faltas. Considera una actitud “reiterada” cuando se suscita en “tres o más oportunidades” en el correr de tres años.
Una infracción grave para un medio audiovisual será, por ejemplo, incumplir por más de tres períodos con el pago de los tributos a los que está obligado; violar la obligación en materia de promoción de la producción audiovisual nacional establecidas en la ley; o incumplir con la emisión de campañas de bien público o cadenas nacionales.
En tanto que infracciones leves serán considerados todos los otros incumplimientos por fuera de la lista de los graves y muy graves, según dice la ley.

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