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Justicia negó acceso a información ambiental

El Tribunal de Apelaciones en lo civil de 6° turno (Dra. Elena Martínez, Dra. Selva Klett y Dr. Felipe Hounie) confirmó la sentencia de primera instancia que denegó a un grupo de vecinos de Sayago la posibilidad de acceder a información ambiental clave para conocer el impacto de la instalación de una regasificadora a pocos metros de la costa. La Coordinadora de Vecinos del Oeste Montevideano pidió a UTE y ANCAP el acceso a una consultoría realizada por la empresa Foster Wheeler, sobre la ubicación de la futura planta regasificadora cuya construcción e instalación fue adjudicada a la empresa GDF Suez.

La sentencia establece que “aparece como obvio que la información clasificada como reservada podría afectar negativamente la conducción de negociaciones”, por lo cual se aplica el literal E del artículo 9 de la ley de acceso a la información, que permite reservar toda aquella información que pueda “suponer una pérdida de ventajas competitivas para el sujeto obligado o pueda dañar su proceso de producción”. A juicio del tribunal también se aplica la confidencialidad de lo solicitado, resultando la causal del artículo 10 literal B de la ley de Acceso a la Información, que considera confidencial toda aquella información que “comprenda hechos o actos de carácter económico, contable, jurídico o administrativo, relativos a una persona física o jurídica, que pudiera ser útil para un competidor”.

En la sentencia se hace alusión a uno de los temas que actualmente se están discutiendo en el Senado en el marco de la reforma a la Ley de Acceso: la clasificación de información en el momento. La sentencia por este caso establece que “no existe requisito en la ley” para que la clasificación de la información por los sujetos obligados deba hacerse en el momento que ésta se produce, tal como reclamaban los vecinos de la Coordinadora. La sentencia agrega que “resulta irrelevante que la reserva se decida luego de la presentación de solicitud de acceso”, algo que tampoco contempla los estándares internacionales en materia de derecho a la información.

El tribunal resalta que no es aplicable el principio de divisibilidad de la información, “desde que tanto la declaración de reserva, como la cláusula de confidencialidad, no distinguen el contenido de la información alcanzada, razón por lo cual debe interpretarse que refieren en su totalidad”.

El principio de divisibilidad es un estándar internacional en materia de acceso a la información. La ley Modelo de la Organización de Estados Americanos (OEA) establece: “En aquellas circunstancias en que la totalidad de la información contenida en un documento no esté exenta de divulgación mediante las excepciones enunciadas en el Artículo 41, podrá hacerse una versión del documento que tache o cubra solamente las partes del documento sujetas a la excepción. La información no exenta deberá ser entregada al solicitante y hacerse pública”.

Esta garantía también está presente en la normativa uruguaya, en el artículo 7 del decreto que reglamenta la ley N° 18.381 de Acceso a la Información Pública.

 

CAINFO, 02 de diciembre de 2013  – Comunicado

 

 

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