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En blanco y negro

Con los votos del FA, la Cámara de Diputados aprobó ley de medios audiovisuales.

“Tenemos diferencias ideológicas”, reconoció en la sesión el diputado blanco Jorge Gandini. La discusión del proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA) ayer en la Cámara de Diputados fue, efectivamente, un debate ideológico sobre la libertad, el derecho a la libre expresión y los roles del Estado y del mercado. La oposición sostuvo que la iniciativa es “inconstitucional, inoportuna, desbalanceada y antigua”. El Frente Amplio (FA) defendió que se busca promover la transparencia, la pluralidad y la libertad de expresión, así como definir “reglas claras”.

Los móviles de los canales de televisión estaban apostados en la otra cámara, la de Senadores, donde se trataba la iniciativa de regulación de la marihuana. El proyecto de ley de SCA llegó al plenario con tres informes en minoría. El del Partido Nacional (PN) definió la ley como “restrictiva de libertades”. Lamentó que se “impongan” contenidos y que “nada quede librado al mercado”. El informe del FA sostuvo que “el actual marco regulatorio no brinda seguridades jurídicas” y que se pretende “establecer reglas claras” que permitan “una competencia equilibrada y justa entre los operadores”. Otros objetivos del proyecto, indica el oficialismo, son la promoción de la libertad de expresión, el fortalecimiento de la industria audiovisual nacional, y la promoción de la transparencia, la pluralidad y la diversidad de medios.

Uno de los principales cuestionamientos de la oposición al texto fue que la Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicaciones (Ursec) asumiera las competencias que inicialmente estaban previstas para el Consejo de Comunicación Audiovisual (CCA). Se indicó que la Ursec es un organismo dependiente del Poder Ejecutivo -y, por tanto, el Estado “termina siendo juez y parte”, afirmó Álvaro Delgado (PN)- y que no tiene recursos ni personal como para hacer frente a las nuevas competencias que se le asignan. El oficialismo se comprometió a aprobar en la próxima legislatura un proyecto de ley que cree el CCA, que asumirá las potestades adicionales que se atribuyen a la Ursec.

Además, la oposición consideró que la iniciativa es inconstitucional, ya que entiende que establece un monopolio para Antel en el caso de la transmisión de datos por fibra óptica, lo que requeriría mayorías especiales para su aprobación. Jorge Orrico (FA) respondió que las mayorías especiales se requieren en el caso de los monopolios privados, no de los públicos. La oposición evaluó que es inconstitucional que se creen 15 cargos honorarios en la comisión asesora del Ejecutivo (CHASCA), ya que la Constitución prohíbe la creación de cargos en los 12 meses anteriores a las elecciones, sean honorarios o rentados. Cuestionó además las disposiciones que establecen publicidad electoral gratuita para los partidos, porque éstas dan más minutos a los que tienen más votantes y porque entiende que este tipo de regulación es electoral y requiere mayorías especiales. Por esto, el FA resolvió durante la sesión sustituir a la Corte Electoral por la Ursec como organismo encargado de distribuir la publicidad entre los lemas. Esto motivó críticas de la oposición, que entiende que la Ursec no da las garantías suficientes, ya que es designada por el Ejecutivo. El diputado José Bayardi (FA) argumentó que la Ursec sólo tiene que aplicar una fórmula predeterminada y “no tiene discrecionalidad alguna”.

No faltaron las habituales comparaciones con las leyes de medios de Ecuador y Venezuela. El diputado blanco Jaime Trobo afirmó que lo que pasó en esos países de la región “ahora va a ocurrir en Uruguay”, y Carlos Varela (FA) se apresuró a responderle. Recordó que Claudio Paolillo, de la Sociedad Interamericana de Prensa, organización que nuclea a los dueños de medios, dijo a El Espectador que “claramente ninguna de las leyes de Venezuela y de Ecuador contienen tantas concepciones garantistas como este proyecto de ley”.

Blues de la libertad

Pero el debate de fondo fue ideológico. La oposición afirmó que el proyecto “viola la libertad de expresión”, así como la libertad de empresa y comercio. “Estamos asistiendo al mayor ataque a la libertad de expresión desde la dictadura”, declaró Ana Lía Piñeyrúa (PN). “El objetivo no es proteger, es controlar, atemorizar, tener más poder”, sostuvo Gandini. El informe del Partido Colorado (PC) lamentó que el proyecto no confíe “lo suficiente en la selección natural que el mercado podría hacer”.

El PN se mostró contrario a la transmisión de los partidos de la selección por televisión abierta, porque entiende que “afecta el negocio central de la Asociación Uruguaya de Fútbol, que no podrá elegir libremente con quiénes comercializar”.

El diputado del FA Hermes Toledo dijo que oficialismo y oposición tienen “una gran diferencia” respecto de quiénes son sujetos de la libertad de expresión. “Para la oposición son los dueños de los medios. Para mí no, no en forma exclusiva. La libertad de expresión es un derecho de las personas”, sostuvo.

“Estoy en la vereda de enfrente de la ideología que proclama que la mejor ley de medios es la que no existe”, manifestó en tanto Bayardi. Sostuvo que durante muchos años en el país había que ser “buen amigo de las familias [dueñas de los medios] para obtener beneficios inmorales”. También expresó que le llamaba la atención que se invoque el derecho de propiedad de los medios, cuando los permisos para el uso de las frecuencias son precarios y revocables. Julio Battistoni (FA) comentó que la oposición sólo parecía preocupada “por la situación económica de las empresas” y recordó que la concentración económica “también es concentración de opinión y de ideas”.

Luego de más de 12 horas de discusión, el proyecto obtuvo media sanción sólo con los votos del FA.

 

La Diaria, 11 de diciembre de 2013  – Natalia Uval

 

 

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