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Amplían posibilidad de declarar reservada información del Estado

Senado aprobó cambios en ley de acceso a la información pública.

El Senado votó ayer cambios a la ley de Derecho de Acceso a la Información Pública, aceptando que un organismo del Estado puede declarar  “excepcionalmente” reservada una información al momento de ser solicitada por un particular. Los senadores de todos los partidos coincidieron en el acierto de retirar la propuesta de la Rendición de Cuentas para analizarla por separado. También coincidieron que el texto aprobado reequilibra las modificaciones realizadas en Diputados donde se ampliaban las restricciones al acceso de datos en poder de la administración. En líneas generales, se aprobó que la declaración de reserva de una información por parte de un organismo estatal, deberá estar “debidamente fundada” y demostrar la existencia de elementos objetivos que permitan determinar la existencia de un daño al interés público .

También se estableció que “excepcionalmente” una información podrá clasificarse como reservada, tanto en el momento en que ésta se genere, obtenga o modifique, como al momento de recibirse una solicitud de acceso, si no estuviera con esa clasificación previamente. En caso de negarse una información por parte de un organismo, éste deberá remitir esa decisión, en un plazo de cinco días hábiles, a la Unidad de Acceso a la Información Pública que podrá ordenar su desclasificación.

El senador José Amorín Batlle(Partido Colorado) cuestionó que un organismo pueda decretar la reserva al momento que una persona le requiere datos específicos. Votó en contra ese aspecto al considerar que la reserva debería decidirse antes por parte de la administración.
La nueva ley prevé que se puede declarar la reserva cuando se comprometa la seguridad pública o la defensa nacional, se menoscaben negociaciones internacionales, se dañe la estabilidad financiera, se ponga en riesgo la vida o la dignidad humana, suponga pérdidas de ventajas competitivas para el organismo que deba dar la información, o para los casos en que se desproteja descubrimientos científicos, tecnológicos o culturales.

También se apoyó en el Senado la realización de un foro para que a cinco años de vigencia de ley, todos los actores presenten propuestas y se revise el funcionamiento de la norma.

En sala, la senadora Lucía Topolansky expresó sus dudas respecto al  nivel de conocimiento que tiene la población de este derecho, que mayormente utilizan los periodistas, dijo.

“Nos preguntamos si la sociedad tiene la madurez suficiente y el conocimiento” para manejar esta ley comentó la legisladora.

En la comisión que trató el tema se mencionó también que pueden darse casos de “abusos” del derecho de acceso a datos públicos. Desde el Partido Nacional, los senadores Gustavo Penadés y Francisco Gallinal bregaron para que se estableciera que la última instancia de decisión no la tuviera la Unidad de Acceso a la Información sino un juzgado en lo contencioso administrativo. Fue el senador Ope Pasquet (Partido Colorado) quien aclaró que la ley 18.381 ya prevé la intervención de la justicia como garantía última del proceso.

Varios de los cambios votados en el Senado surgieron del Consejo Consultivo previsto en la ley, que, entre otros, integra el Centro de Acceso a la Información (Cainfo). Su director Edison Lanza, dijo ayer a El Observador que ante “la evidencia” de las modificaciones que instrumentaría el Parlamento, se intervino para que la propuesta final cumpla con los estándares internacionales. Dijo que lo aprobado ayer en el Senado “mejora notoriamente la primera propuesta que era más restrictiva” y que había sido aprobada en Diputados en la rendición de cuentas. En el Senado se quitó de  esa ley y ahora se aprueba como una norma aparte. El texto pasará ahora a la Cámara Baja porque es una nueva iniciativa.

 

El Observador, 12 de diciembre de 2013

 

 

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