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Un órgano dependiente del Poder Ejecutivo controlará los contenidos de radio y TV; en diciembre, Diputados aprobaría la “ley de medios”

El Frente Amplio aplicó esta semana la “política de la aplanadora” y empleó su mayoría automática para hacer aprobar en la Comisión de Industria, Energía y Minería una nueva versión de la “ley de medios” que deja en manos de un organismo controlado por el Poder Ejecutivo la regulación de los contenidos y las licencias de radio y televisión.

El proyecto, que será considerado a mediados de diciembre por el plenario de la Cámara de Diputados, asigna a la Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicaciones (Ursec) todas las funciones que en el planteo original eran atribuidas a un Consejo de Comunicación Audiovisual (CCA).

El CCA había recibido críticas unánimes de todos los organismos nacionales e internacionales de defensa y promoción de la libertad de expresión porque su integración inicial, de cinco miembros, dependía exclusivamente del presidente de la República, como ocurre en Venezuela y Ecuador, por ejemplo. Las advertencias motivaron una revisión que, en un nuevo proyecto, permitían al Poder Ejecutivo nombrar solamente al presidente del CCA; la designación de los otros cuatro miembros dependía de una mayoría de, al menos, dos tercios en el Senado, aunque se preveía que si la Cámara Alta no arribaba a un acuerdo, en 60 días quedarían nombrados por mayoría simple.

Tanto los relatores para la Libertad de Expresión de la ONU como de la OEA, así como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), la Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR), el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por su sigla en inglés), Human Rights Watch (HRW) y Reporteros Sin Fronteras (RSF), destacaron la necesidad de que el organismo regulador encargado de aplicar la ley fuera independiente del poder político. De otro modo, la libertad de expresión podría ser afectada.

Pero como durante el debate parlamentario los diputados del Frente Amplio fueron advertidos de que no se pueden crear nuevos cargos en el período de un año anterior a las elecciones por disposición constitucional, el Poder Ejecutivo envió otro proyecto de ley eliminando el CCA y pasando sus atribuciones a la Ursec.

Con esa decisión, el problema volvió al punto de partida puesto que el Directorio de la Ursec está integrado por tres miembros designados por el presidente de la República. En la actualidad, el Directorio de la Ursec está presidido por Gabriel Lombide e integrado, además, por Mariela Machado y Gustavo Delgado.

Ayer miércoles 20, en la Comisión de Industria, Energía y Minería, donde el proyecto era discutido, los diputados oficialistas negaron una solicitud del legislador blanco Álvaro Delgado para invitar al director nacional de Telecomunicaciones, Sergio de Cola, y a los tres directores de la Ursec, a efectos de que éstos opinaran sobre los nuevos cambios en el proyecto.

El diputado Julio Battistoni (MLN-MPP-FA) dijo que “no es conveniente seguir agregando delegaciones”, que el proyecto “ya ha sido ampliamente discutido” y que aceptar el pedido de Delgado “sería dilatar más aún” la consideración de la nueva norma.

Delgado respondió: “Yo no quiero que la Ursec venga a opinar sobre el contenido del proyecto: quiero que venga porque se le asignaron más de 20 competencias nuevas y no sé si el organismo está en condiciones jurídicas, económicas y prácticas para poder asumirlas”.

“Quiero saber si la Ursec fue consultada y cómo las van a instrumentar. Este planteo me parece de orden, común y absolutamente lógico y atendible, y no intenta dilatar la discusión”, destacó. Añadió que, al haber pasado a la Ursec las competencias del CCA, el nuevo proyecto “es mucho más peligroso que antes” en cuanto a la posible afectación de la libertad de expresión.

Walter Verri (VU-PC) coincidió en cuanto a que “ante la transferencia de competencias a un órgano que no estaba preparado, y cuyas autoridades ni siquiera sabían que se estaba redactando un proyecto de ley que las afectaba, es lógico consultarlas acerca de si están preparadas para recibir todo lo que se les transferirá ahora, a raíz de los impedimentos constitucionales”.

“No ha sido la oposición la que ha dilatado (el tratamiento del proyecto), sino el propio Poder Ejecutivo, con sus marchas, sus contramarchas y sus modificaciones permanentes a un proyecto que debe tener el récord histórico de cantidad de modificaciones. Más de la mitad del proyecto ha sido modificado, y en los últimos momentos se ha modificado su esencia”, añadió.

Verri planteó asimismo convocar al ministro de Industria, Energía y Minería, Roberto Kreimerman, “para que nos explique los cambios, que son muy fuertes”.

Delgado recordó las palabras del relator especial para la Libertad de Expresión de la ONU, el guatemalteco Frank La Rue, quien cuando analizó en Montevideo el proyecto de ley hizo hincapié en que el organismo regulador debía ser “independiente” del poder político.

La diputada blanca Verónica Alonso se sumó a sus dos colegas de la oposición. Pero las cartas estaban echadas y el Frente Amplio no daría el brazo a torcer.

Felipe Carballo (711-FA) opinó que “este tema ya está liquidado” y que “se han agotado todas las instancias”. Battistoni agregó que “esta ley es mucho más que el Consejo que se acaba de eliminar por cuestiones constitucionales. Es una ley que abarca muchos aspectos de algo que nunca estuvo regulado y que, realmente, fue campo de batalla del clientelismo político”.

Carlos Varela (AU-FA), que preside la Comisión, dijo que existe “una realidad política y hay mayorías para definir el tema” e insistió en que “más allá de las últimas modificaciones, la discusión está agotada”. Además, notificó a su auditorio que “hay una decisión política de considerar este proyecto en el plenario durante los primeros días de diciembre y queremos votarlo hoy en la Comisión para dar cierre a nuestro trabajo”.

Así se hizo. Ahora, la Cámara de Diputados definirá en diciembre. Y, luego, el proyecto pasará al Senado en plena campaña electoral.

 

Búsqueda, 21 de noviembre de 2013

 

 

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