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Secreto de Estado

La semana pasada los uruguayos pudimos acceder a las cifras de repetición de cada uno de los liceos públicos. La información se conoció como consecuencia de la decisión judicial que acogió la acción interpuesta por periodistas de El País. No era, sin embargo, la primera vez que esto pasó, ya que, para obtener los datos correspondientes a Primaria y Bachillerato se debió adoptar igual procedimiento.

Estamos cansados de escuchar dos palabras a las que el FA reviste de poder casi mágico: transparencia y democratización. Son palabras que las vamos a encontrar en discursos y actos de gobierno. Democratizar la educación; democratizar los medios de comunicación; democratizar la democracia; la Salud, las relaciones laborales, democratizar el acceso a los servicios financieros, etc. Sea cual sea el significado atribuido a la expresión, es seguro que tiene como eje la búsqueda de un mayor involucramiento de la sociedad en las decisiones y en las políticas públicas, y su acceso a determinados bienes. La otra palabra mágica es “transparencia”, esto es que la gestión del gobierno, el uso que hacen las autoridades públicas de los recursos asignados sea conocido con la mayor amplitud posible, evitando las zonas grises y de oscuridad que escapan al escrutinio ciudadano.

A la hora de la verdad no hay ni transparencia ni democratización. El gobierno oculta información que los ciudadanos tienen derecho a conocer. Se trata de que los ciudadanos sepan con exactitud los resultados de cada liceo y, en general, de la educación pública.

Respecto a los gobernantes su divulgación los obliga a dar explicaciones y proponer soluciones. Para los padres la información es valiosa a la hora de elegir a dónde enviar a sus hijos. Quizás algunos concluyan en que prefieren una escuela o un liceo más lejano a su casa ante la expectativa de que sea beneficioso para sus hijos.

La dirección de la Educación, por su parte, tiene el deber de mostrarle a la ciudadanía qué hacen con los recursos que se les confían, y, en especial, qué acciones están llevando a cabo para atender de manera distinta a los liceos que son distintos. Eso no es estigmatizar, sino llamar a las cosas por su nombre.

Si era un secreto celosamente guardado la información atinente a los resultados académicos de cada uno de los liceos del país, lo son también otras informaciones que el Estado se reserva para sí bajo diferentes argumentaciones, pero que terminan siempre por negar a los ciudadanos el derecho a conocer. El Ministerio del Interior el año pasado clasificó como reservada información cuya divulgación no implica riesgos de seguridad como, por ejemplo, las compras de vehículos y uniformes. En la misma línea no es aceptable que no se difunda la información sobre sanciones aplicadas a los policías. Tampoco atenta contra la seguridad institucional que se haya conocido la compra del equipo Guardián. El Ministro se enojó con el argumento de que la divulgación del negocio, que ascendió a dos millones de dólares más el costo de mantenimiento, ilustraba a los delincuentes de los medios de que dispone la Policía.

Nada bueno aporta al sistema democrático la esquizofrénica convivencia del discurso de la transparencia de la función pública y la democratización con el del secretismo más absoluto, digno de otros tiempos de conspiración y silencio.

 

El País, 19 de noviembre de 2013

 

 

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