/ El País / Oposición niega unanimidad para restringir acceso a la información

Oposición niega unanimidad para restringir acceso a la información

La oposición aclaró que aún no resolvió si votará las restricciones que el Frente Amplio pretende agregar a la ley de Acceso a Información Pública. La senadora Lucía Topolansky había dicho que el proyecto será votado por “unanimidad”.

Los partidos blanco y colorado aún no han fijado posición sobre un proyecto de ley presentado por la senadora Topolansky, en acuerdo con la Unidad de Acceso a la Información Pública, dependiente del Poder Ejecutivo, para sumar causales de reserva de información pública en la ley 18.381 y facultades a los organismos para restringir su divulgación.

El cambio más importante del proyecto propuesto permite que los jerarcas puedan clasificar la información como reservada y negarla una vez que llegó a sus manos el pedido de acceso. Es decir, toda la información no clasificada podrá ser catalogada de esa forma y denegada en función de la oportunidad y el remitente del pedido. Como garantía, la modificación a la ley estipula que la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) pueda, en un plazo de cinco días, pronunciarse sobre el criterio aplicado por el organismo y, eventualmente, ordenar la desclasificación de la información. La UAIP depende del Poder Ejecutivo, por lo que los legisladores objetan su imparcialidad.

Ayer, la senadora Topolansky dijo a Radio País de Radio Rural que la modificación a la ley “se va a votar por unanimidad, por unanimidad, que quiere decir todos”. Sin embargo, la oposición aclaró que eso no es así.

El senador colorado José Amorín dijo a El País que “más bien tengo una posición contraria al proyecto. Quiero asegurarme que quien pida la información y le sea negada cuenta con todas las garantías y tenga a quién recurrir. Topolansky puso como ejemplo de mal funcionamiento de la ley el acceso a los datos de repetición en liceos y el gasto telefónico de los legisladores. Yo creo que esa información debe ser pública. Por eso quiero que si se va a modificar la ley existan todas las garantías para la sociedad y aún no he resuelto qué hacer”.

El senador blanco Gustavo Penadés cuestionó que se le otorgue al organismo la facultad de clasificar como reservada la información una vez que le llegó el pedido de acceso. “No hay unanimidad, eso no es así. Nosotros estamos analizando el proyecto y no tenemos claro que vayamos a votarlo tal como se presenta. Hay cosas que nos hacen mucho ruido”, señaló.

No obstante, explicó a El País que está de acuerdo con que se niegue la información que forma parte de un proceso de toma de decisión, como es el caso de una licitación, un aspecto que también contempla la modificación a la ley.

Topolansky propuso una evaluación del funcionamiento de la ley a cinco años de su aprobación, afirmó que se pregunta si la sociedad “está madura para usarla”, afirmó que “solo los periodistas han apelado a ella” y no la sociedad civil. “Si la ciudadanía no está usando la ley es porque no la conoce o porque no le interesa”, sostuvo Topolansky, quien afirmó que al amparo de la ley se hizo “politiquería”.

Pese a que se suman causales de restricción, la senadora Topolansky dijo: “no se pongan histéricos, se accederá a la información”.

El diputado Pablo Abdala, quien ha estudiado el funcionamiento de la ley desde su aprobación, dijo que con las modificaciones “el gobierno quiere contar con una serie de instrumentos que conducen a que el Estado le ponga un cerrojo a la información pública y termine apuntalando el secretismo”.

Cuestionó que los mecanismos de reserva de información o confidencialidad han sido utilizados “al barrer” por el Estado para negar información, “lo cual es absolutamente ilegal”.

“Estas son las cosas que acercan al gobierno a la idea de régimen y lo alejan del concepto democrático. Los regímenes quieren acumular poder y ejercer un dominio sobre los distintos estamentos de la sociedad. La transparencia, apertura y los límites para los gobernantes son la base de lo republicano y a Topolansky esto parece no gustarle”, consideró.

Datos en en bruto

Topolansky dijo que hay que evaluar la ley porque un pedido sobre el gasto telefónico de los legisladores demandó mucho trabajo. Indicó que la información se mandó en bruto, “eso da lugar a que se pueda leer como A, B o C; se presta a tergiversaciones. Hay que arreglar todo eso”.

 

El País, 23 de noviembre de 2013

 

 

Comments are disabled

Comments are closed.