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La senadora y el secreto

La senadora Lucía Topolansky sigue irritada por la publicación de las cifras de repetición y deserción de los liceos hecha por este diario tras recurrir ante la justicia, en aplicación de la ley de Acceso a la Información Pública. Tan fastidiada está, que en vez de desvelarse como debiera por mejorar la situación de la enseñanza, busca retocar esa ley para restringir las normas que permiten conocer y difundir datos sobre las actividades estatales.

De ese modo, a instancias suyas revivió en el Parlamento una norma que habilita a los organismos públicos a negar información en el preciso momento en que se la pide. Aunque esa prerrogativa tendría carácter “excepcional”, su vigencia le daría al Estado la posibilidad de mantener en secreto cualquiera de sus actos, lo que contradice el espíritu de la ley. Esa norma ya había sido propuesta en la Rendición de Cuentas y desechada por el Senado. Ahora, gracias a Topolansky se fortalece la tendencia al secretismo de los funcionarios públicos, ésa que el Frente Amplio prometió combatir en nombre de la “transparencia”.

Es cierto que después de aprobada la ley se permitió que los ministerios del Interior y de Defensa Nacional, basados en artículos de la misma ley, declararan materia reservada grandes áreas de su actividad que quedaron por fuera del alcance del público. Algo similar pasó con los Bancos Central y República. Pero la diferencia está en que en esos casos, la difusión está vedada a priori y no como en la norma propuesta en donde se podría invocar el secreto después que alguien -un periodista o un simple ciudadano, por ejemplo- se interese por un asunto específico.

Según Topolansky la publicación de los datos de repetición y deserción de los liceales “se utilizó para hacer politiquería barata”, una acusación absurda que ni siquiera comparte buena parte de sus correligionarios, más preocupados por lo que esos datos revelan que por el recurso legal empleado para conocerlos. Tozuda, la senadora insistió en que hubo “un manejo equivocado de la ley”, afirmación incomprensible a la vista de la decisión judicial que ordenó divulgar la información. Y como remate expresó sus dudas sobre “si la sociedad tiene la madurez suficiente” para usar esa ley.

Aparte de petulante, esta última consideración de Topolansky es inadmisible. La ley 13.381 fue aprobada en octubre de 2008 con votos de todos los partidos políticos. Al promulgarla, el entonces presidente Tabaré Vázquez la presentó como “un gran avance democrático” y como “la solución al tradicional secretismo del Estado uruguayo”. A partir de allí las quejas que se oyeron nunca recayeron sobre los eventuales reclamantes, miembros de “la sociedad” aludida por la senadora, sino que versaron sobre la renuencia de ciertos organismos estatales a brindar información como manda la ley.

Entre los omisos figuraron ministerios y entes estatales reticentes a publicar las cifras sobre su gestión o a rendir cuentas ante los pedidos de información de legisladores, periodistas o ciudadanos en general. El “tradicional secretismo del Estado uruguayo” del que hablaba Vázquez quedó de manifiesto en casos tan emblemáticos como el escándalo de Pluna en donde los documentos de su gestión financiera fueron declarados confidenciales por la Auditoría Interna de la Nación. Algo similar pasó con la reserva con que Ancap se condujo en la creación de más de una docena de sociedades que funcionan bajo el derecho privado y de las cuales hay escasas noticias. O con Antel cuya presidenta mantiene su negativa a revelar la forma en que distribuye los fondos de su abultada cuenta publicitaria pese a los pedidos de información que se le hacen.

A la vista de estas muestras de escasa transparencia es claro que el Estado no está maduro, algo que debería alertar a Topolansky cuya primera obligación es procurar que las leyes que ella votó, dictadas por el Parlamento que ella integra, sean acatadas por los funcionarios. Una vez logrado que el Estado cumpla la ley a rajatabla (incluida la difusión voluntaria de presupuestos, balances y auditorías de todos los organismos públicos), estaría la senadora en condiciones de extender su mirada crítica sobre “la sociedad”.

Una sociedad uruguaya más madura de lo que Topolansky cree como lo prueba la inquietud general desatada no por el uso legítimo de una ley sino por el calamitoso estado de la educación.

 

El País, 26 de noviembre de 2013 – Editorial

 

 

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