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El otro repechaje; LSCA

Ley de servicios audiovisuales se votará con recortes

Para sus promotores, la situación del proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual (lsca) se parece mucho a la clasificación uruguaya al Mundial. Estamos en Brasil 2014, pero el empate con Jordania no permitió desatar el festejo como la ocasión lo merecía. Probablemente la ley se apruebe, pero en lo inmediato no tendrá una institucionalidad adecuada, pese a que es el tema central para transformar el sistema de medios.

El proyecto finalmente será considerado por la Cámara de diputados en la primera semana de diciembre, aunque los legisladores del Frente Amplio decidieron el miércoles retirar un aspecto sustantivo de ese proyecto: la creación del Consejo de Comunicación Audiovisual (cca). Como trasfondo está el temor de un nuevo golpe de la Suprema Corte, similar al que declaró institucional a la ley de Pluna.

En el oficialismo advirtieron que no se pueden crear cargos en los 12 meses previos a las elecciones por prescripción constitucional (artículo 229 de la Carta), por lo tanto optaron por derivar la aprobación de una nueva ley una vez culminadas las elecciones. Lo más preocupante para las organizaciones sociales que acompañan la democratización del sistema de medios es que mientras tanto las competencias del cca serán ejercidas por la Ursec.

En un comunicado aprobado ayer la Coalición por una Comunicación Democrática recordó que el informe del Consejo Técnico Consultivo (ctc) que elaboró las bases de la ley “dejó constancia del consenso existente en torno a todos los actores de la comunicación, sobre la necesidad de crear un organismo autónomo, independiente y especializado en temas de libertad de expresión y regulación de medios de comunicación” y que “estos extremos no se verifican en la institucionalidad de la Ursec”.

Luego de escuchar las recomendaciones de los relatores de libertad de expresión de la onu y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el gobierno y la bancada del fa habían aceptado modificar la integración del Consejo de Comunicación Audiovisual, encargado de la aplicación de la nueva ley.

La redacción original establecía que los cinco miembros fueran designados políticamente (tres por el presidente, uno por el Ministerio de Industria y otro por el de Educación). Esta disposición luego se modificó, y así solamente uno sería designado por el titular del Ejecutivo, mientras que los cuatro restantes lo serían por dos tercios de los votos de la Asamblea General legislativa. En caso de que no se llegue a esa mayoría especial en la primera votación será suficiente una mayoría simple.

La destitución de estos cuatro integrantes del cca (que tendrán un mandato de seis años, prorrogable por otros tres) sólo podrá disponerse mediante una nueva votación por mayoría especial en el Parlamento, mientras que el miembro designado por el Ejecutivo (cuyo período caducará con el cambio de gobierno) podrá ser destituido por voluntad presidencial. Por otro lado, para dotarle de mayor independencia, se había decidido que el consejo tuviera una vinculación administrativa con el Ministerio de Industria, y que no estuviera subordinado a la opp, como establecía el texto original.

La Coalición por una Comunicación Democrática recordó que la nueva formulación del cca fue un logro y un compromiso expresado por el Poder Ejecutivo y el Parlamento en ocasión de que varios expertos visitaran el país para opinar del proceso. La creación de un órgano de este tipo también es clave para la transformación del sistema de medios, a partir de la aplicación de la ley y sus diversos instrumentos, como puede observarse en el caso de Argentina.

NUEVA VERSIÓN. Sin embargo, la Comisión de Industria de diputados votó el miércoles 20 una nueva versión del proyecto de lsca, y lo remitió al plenario con un dictamen negativo (los tres diputados oficialistas votaron a favor y los tres opositores en contra). Por aquello de que el que se quema con leche ve la vaca y llora, la sensibilidad de los diputados frenteamplistas con las inconstitucionalidades los llevó a borrar todo vestigio del nuevo cca en el proyecto, aunque tenían otras alternativas.

De hecho, en el año electoral anterior (2008-2009) se aprobó la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh), un organismo similar al que ahora se discute para la regulación del sistema audiovisual. En aquella oportunidad el Parlamento creó el organismo durante el año previo a la elección, estableció cómo sería su consejo directivo y la forma de elección del mismo, pero indicó que la selección y la remuneración de los cargos quedaban sujetas a una ley posterior. Y así se hizo, luego de las elecciones.

Esa opción parece mucho más adecuada y clara en términos de emitir una señal política. Derivar todas las competencias del cca a la Ursec no parece lo más adecuado, ya que se trata de un organismo cuestionado, justamente, por la falta de capacidad para hacer cumplir la pobre regulación existente en materia de medios audiovisuales.

Por lo demás, la decisión de la bancada de gobierno no desalentó el afán que pone la oposición en lograr postergar la aprobación de la norma –lo que favorecería a los grupos de comunicación más concentrados–, ni calmó los anuncios de que se presentarán una catarata de impugnaciones contra la futura ley.

“Estas leyes necesitan serenidad, mucho trabajo, un consenso importante político para su aplicabilidad, basta ver lo que pasó en otros países de la región”, declaró el diputado Álvaro Delgado a El Espectador. Pero el diputado Carlos Varela (Asamblea Uruguay), presidente de la Comisión de Industria, explicó que es voluntad del fa aprobar finalmente la figura del Consejo de Comunicación: “Una vez que este plazo esté habilitado vamos a ir con una ley complementaria a generar el Consejo tal y como estaba en el proyecto que habíamos votado en los últimos tiempos”.

AMPLIA PARTICIPACIÓN. Lo cierto es que estas últimas decisiones vienen a poner un empate, en medio de un proceso de discusión sobre la regulación de medios de comunicación que ha procurado ser participativo. En efecto, en la comisión se escuchó la opinión de más de 50 delegaciones a favor y en contra de la propuesta .

El proyecto que se pondrá a consideración de los legisladores presentará varios cambios significativos con respecto al texto que remitió el Poder Ejecutivo a mediados de año.

Por ejemplo, el oficialismo también aceptó modificar el capítulo referido a los servicios de comunicación públicos y desistió de su idea original de que fueran personas públicas no estatales. Debido a la oposición de la sociedad civil y de los trabajadores de estos organismos (entre los que se encuentran el Canal 5 y las radios del sodre), finalmente se resolvió que pasarán a ser servicios descentralizados.

El proyecto también estableció la creación de un defensor de las audiencias, que será el encargado de controlar el cumplimiento de varias disposiciones de la futura ley, e incluía la obligatoriedad de que cada uno de los servicios audiovisuales (públicos o privados) tuviera un ombudsman dentro del medio. Sin embargo, luego de la presión ejercida por los propietarios de los medios comerciales, el Estado se limitará a “promover su existencia” en cada medio.

Asimismo, sufrió modificaciones el capítulo referido a la publicidad infantil, ya que varios artículos fueron suprimidos a fin de eliminar una posible “discrecionalidad en la aplicación y el control”, según explicó Varela. El gobierno atendió de esta forma los reclamos de las agencias de publicidad, que alegaban restricciones a su libertad en la creación de contenidos.

El proyecto también sufrió modificaciones positivas en el capítulo referido a la concentración de medios. En ese sentido, el Parlamento accedió a incorporar la figura de grupo económico para prevenir la acaparación de audiencias.

CONTENIDOS VIOLENTOS. Por otra parte, donde se amplió el alcance de la regulación fue en el horario de protección al menor (entre las 6 y las 22 horas) que ahora también incluye a las señales de televisión para abonados. Esto afecta la emisión de imágenes violentas, pornografía, apología del consumo de drogas, entre otros contenidos, aspecto que no estaba contemplado en la redacción inicial.

La única excepción a esta regla, también introducida durante el debate parlamentario, refiere a los informativos. Se podrán emitir imágenes de violencia extrema, relativas a hechos de interés público que estén sucediendo en ese momento, si bien sólo luego de un aviso previo, a fin de prevenir a los adultos para proteger al público infantil, tal como sugirió el relator especial de la onu para la libertad de expresión, Frank la Rue.

 

Brecha, 22 de noviembre de 2013 – Edison Lanza
Foto: Pedro Pandolfo

 

 

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