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El derecho de saber

Este año se hicieron unos 1.000 reclamos amparados en la ley de acceso a la información pública. Los datos de repetición liceal que dio ANEP fue uno de ellos.

Generosa, fue el adjetivo con el que la senadora Lucía Topolansky se refirió a la ley de Acceso a la Información Pública la semana pasada. Se refería a la ley que permitió, por ejemplo, que a través de un pedido de este suplemento se conocieran los datos de repetición en Secundaria.

No es la primera vez que el oficialismo plantea reparos a la ley que declara pública toda información en poder de cualquier organismo del Estado. En el último proyecto de Rendición de Cuentas, el Ejecutivo ya le incluyó una serie de modificaciones. Cambios que, según expertos, iban a dejar dudas en materia de transparencia. Finalmente, esas enmiendas fueron al cajón con la promesa de un estudio mas detallado. Y una ocasión mas oportuna que una Rendición de Cuentas.

A pesar de eso, la ley ya cumplió cinco años desde su aprobación, y el cambio en la relación ente ciudadanía y administración se empieza a notar.

La transparencia parece una consecuencia lógica de un Estado moderno. Desaparecidos los ficheros y digitalizados los registros, ¿cuál es el argumento para no democratizar los datos?

Si el Estado sabe algo, por ejemplo, de un ciudadano parecería natural que ese ciudadano esté enterado. Y eso incluye cualquier soporte e incluso información que no sea personal. Como límite, la ley establece una serie de excepciones específicas: está excluida la información que ponga en riesgo la seguridad nacional, la estabilidad financiera o implique pérdida de competitividad para el país. Pero el organismo debe fundamentar las razones para guardarse el secreto.

La ley de Acceso a la Información Pública no solo obliga al Estado a responder, sino que impone un comportamiento activo a las dependencias del Estado. Por ejemplo, exige colgar información mínima -estructura, presupuesto, compras- en el sitio web de cada organismo. Un estándar mínimo pero que no siempre se cumple (ver recuadro en esta página).

En marzo Qué Pasa recurrió al derecho de acceso a la información para conocer los datos del monitor educativo de Primaria y de Secundaria, con los datos discriminados por escuelas y liceos. El trámite, en teoría, debía demorar 20 días. Duró cuatro meses, pero, sorprendentemente, un presunto error en el periplo del expediente permitió acceder a los datos de Primaria. La solicitud no había pasado por el filtro de las autoridades del Codicen. Si pasaba por ahí, ahí se quedaba.

Si bien Primaria contestó, Secundaria se negó a entregar la información. Frente a la negativa, El País recurrió a la acción judicial prevista en la ley. Allí ANEP argumentó que conocer esos datos implicaba estigmatizar a los centros de estudios. Pero la Justicia ordenó que se hiciera pública la información. Finalizado el proceso, por primera vez se conocieron las cifras de repetición de todos los liceos del país. Y a partir de ahora esos datos, liceo por liceo, se conocerán todos los años

Para Edison Lanza, director del Centro de Atención y Acceso a la Información Pública (Cainfo), la ley mató la idea de que los datos son un activo de la burocracia. Cainfo actualmente está tramitando un pedido de información ante el Ministerio de Defensa, para conocer los gastos del Estado en la defensa de los militares uruguayos acusados en Chile de participar en el asesinato del químico chileno Eugenio Berrios.

Fabrizio Scrollini, presidente de DATA Uruguay, una asociación civil promotora de la transparencia, dice que la norma produjo un cambio en la lógica de la administración. Antes, frente a un pedido de información, se esperaba que el Estado no accediera. Ahora se espera que lo haga.

Gabriel Delpiazzo, presidente de la Unidad de Acceso a la Información Pública -la UAIP, un órgano desconcertado de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información (Agesic) con autonomía técnica- coincide con esta visión. Para Delpiazzo, hay un cambio de paradigma, y el secretismo ya no es norma. Su balance en estos cinco años es positivo, aunque reconoce que todavía hay mucho por avanzar.

Según Delpiazzo, cada año hay más pedidos de información al Estado. No hay un cifra exacta ya que muchas dependencias incumplen la obligación de entregar informes que incluyan la cantidad de pedidos recibidos. Entre los planes de la unidad se encuentra generar un sistema electrónico que permita centralizar los pedidos y cuantificarlos. Estima, en base a proyecciones, que en 2013 hubo entre 800 y 1.000 peticiones. Y en la mayoría de los casos, se accedió a brindar la información solicitada.

La UAIP es la reguladora de la ley, y ademas asesora a los organismos públicos sobre su aplicación y resuelve las denuncias por incumplimientos. En los que va del año, recibió unas 50 denuncias contra la administración por no cumplir con la ley. Y en el 80% de esos casos observó a la administración. Si bien hay control de la UAIP, sus resoluciones carecen de fuerza vinculante, y quedan libradas a la buena voluntad del denunciado. Por ello, a veces la única solución es iniciar la acción judicial prevista en la ley.

Este camino, dice Lanza, es una garantía, pero la contrapartida es que no todos pueden costear un juicio. Por ello, Cainfo brinda asesoramiento a todo aquel que quiera realizar un pedido de información. Y en algunos casos incluso ha ido a tribunales.

El periodista Víctor Bachetta, especializado en asuntos medio ambientales, reconoce que la ley resultó fundamental para esclarecer proyectos del gobierno que presentaban serias dudas.

En marzo del año pasado, la Justicia obligó a Presidencia y al Ministerio de Transporte a entregar a Bachetta información sobre proyectos de puerto presentados por la minera Aratirí y la Compañía Oriental de Desarrollo e Inversiones, una empresa uruguaya patrocinada por la Cámara de Comercio España-Israel. Pese a la intimación judicial, el gobierno negó contar con la información solicitada. Para Bachetta fue solo una excusa y finalmente, un legislador de la oposición le facilitó el contrato. La información que el Estado había dicho que no estaba, estaba.

Su segundo pedido fue el contrato entre Ancap y la empresa estadounidense Schuepbach Energy, por la posible explotación de gas de esquisto. En este caso, la Justicia también amparo su petición, y obligó a Ancap a entregar la información requerida.

Una cooperativa de abogadas bajo el nombre de Infancia Adolescencia Ciudadana también recurrió a la ley para solicitar información sobre la cantidad de escuelas de Educación Inicial y Primaria con habilitación de la Dirección Nacional de Bomberos. Finalmente la Justicia obligó a ANEP a relevar los datos: solo dos centros de las mas de 2.000 relevados contaban con la habilitación. Algunas ni siquiera tenían extintores.

También el año pasado, la Federación Uruguaya de Asociaciones de Padres de Personas con Discapacidad Intelectual pidió información a diferentes entidades del Estado, incluyendo ANEP, para mapear los datos existentes sobre el acceso a la educación pública y primaria de los niños con discapacidad.

En algunos puntos, ANEP se excusó aduciendo que no contar con la información requerida. Finalmente se llegó a un acuerdo judicial para elaborar un informe sobre escuelas con accesibilidad, número de niños discapacitados inscriptos, y los recursos humanos formados para trabajar con niños en esa condición. Este año, por primera vez, Primaria recopilará datos integrales sobre cuántos niños discapacitados concurren a las escuelas públicas comunes.

Pero, pese a que los pedidos de información crecen, por ahora es un derecho al que solo acceden unos pocos: periodistas, académicos, ONGs, fundaciones y políticos. El ciudadano común, que tiene derecho a saber, está muy poco (por no decir nada) familiarizado con esta posibilidad.

Para Fabrizio Scrollini de DATA, el perfil tradicional es académico, y todavía no hay una sensación de que la información es un derecho de todos. Las pocas campañas de difusión tampoco ayuda. El IMPO ha realizado una campaña pública sobre el derecho a conocer los datos (ver recuadro).

¿Qué sabés? es un portal creado por la organización DATA con la colaboración de Cainfo. Su objetivo es realizar pedidos de información a cualquier institución pública uruguaya desde la web. Según Lanza, de Cainfo, el portal ha tenido mas de 400 pedidos de información a organismos públicos, y estima que, con una campaña de difusión adecuada, los pedidos podrían ascender a miles.

Pero de poco sirve difusión sin colaboración. La UAIP ha observado a varios organismos por obligar a los usuarios, entre otras cosas, a concurrir personalmente a enterarse de datos que, según la ley, deberían estar online o ser aportado vía correo electrónico. En algunos casos se ha notado una voluntad de dilatar el trámite con formalidades poco comprensibles. Al Estado, por lo visto, todavía le cuesta horrores acostumbrarse a responder una consulta vía mail o teléfono.

Scrollini, de DATA, dice que ese tipo de tácticas, de “guerra de guerrillas” por parte de organismos oficiales, tiene que terminar, y en caso de no querer entregar la información, la administración debe utilizar las excepciones.

El uso de las excepciones para declarar a los archivos reservados es otra de las quejas de los activistas. Según un resumen de Cainfo sobre la clasificación de archivos en el Estado, sólo un pequeño porcentaje de los organismos cumplieron con la fecha límite para clasificar la información, en diciembre de 2012. Y de todos los archivos declarados como reservados, en el 20% de los casos no hubo justificación alguna.

El año pasado, el Ministerio del Interior publicó ocho resoluciones clasificando información como reservada. El listado incluía rubros de dudosa confidencialidad, como “estructura edilicia” o “cantidad y distribución de personal”. Lanza dice que este tipo de clasificación, genérica e indeterminada, no es legal. La declaración de reserva es de interpretación estricta, y cuando ocurre, el organismo debe fundamentar el daño concreto que provoca su divulgación.

Otro de los reclamos es la existencia de una unidad reguladora mas fuerte, con mayor autonomía. La UAIP cuenta con tres directores honorarios y, si bien tiene autonomía técnica, es un órgano que depende de Presidencia. Según Lanza, en Chile y México las unidades reguladoras del acceso a la información tienen mucho peso. En México incluso se plantea darle protección constitucional. De todas formas, Lanza reconoce que, con lo poco que hay, “se hace un buen trabajo.”

Verónica Duarte, abogada analista de la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND), dice que la cultura de la administración está cambiando. En algunos casos, si bien hay voluntad, adaptarse a la ley puede ser una tarea maratónica. Una organización eficaz requiere recursos humanos y sistemas de archivos modernos, pocas veces prioridad en un presupuesto.

Desde el año pasado la UAIP hace entrega del Premio a la Transparencia. La CND fue uno de los ganadores, gracias a la implementación de un sistema informático que permitió organizar, clasificar y responder las consultas en materia de acceso a la información pública.

El año pasado se presentaron 10 organismos al premio otorgado por la UAIP, Este año se presentaron 15. Quizás el próximo sean unos cuantos más.

Cómo enterarse de algo

En la página web del IMPO se detallan los derechos y obligaciones que tienen los ciudadanos y el Estado ante la ley de Acceso a la Información Pública.

-Todas las personas tienen el derecho de acceder a la información que se encuentra en poder de los organismos públicos.

-Existen normas que garantizan a todas las personas el derecho de acceder a la información pública.

-El acceso a la información pública que obra en poder del Estado es gratuito.

-Si un organismo público te niega el acceso a la información, podés entablar una acción judicial efectiva que garantice tu derecho de acceso.

-La ley número 18.381 del 17 de octubre de 2008 promueve la transparencia de la actividad de todos los organismos públicos y la participación ciudadana.

-Información pública es la que se produce o está en poder de los organismos públicos, estatales o no estatales.

-Existen excepciones al acceso a la información pública y son aquellas definidas como secretas por la ley y las que se establezca como reservada o confidencial.

-Los organismos públicos están obligados a asegurar que la información se encuentre disponible y sea de fácil acceso para los interesados; custodiar y conservar la información y difundir a través de sus sitios web sus facultades y responsabilidades. También el listado de sus funcionarios, remuneraciones, los servicios que ofrece, contrataciones, sus ingresos y gastos, así como los llamados a concursos de ingreso.

-La información se debe solicitar por escrito, ante el titular del organismo.

-El organismo está obligado a permitir el acceso o, si es posible, contestar la consulta en el mismo momento.

-En caso contrario, tiene un plazo máximo de 20 días para permitir o negar el acceso, o responder la consulta. Este plazo puede ampliarse por 20 días más en casos excepcionales.

-Se puede negar la información cuando se trate de información reservada, confidencial o secreta o no la tenga.

EDISON LANZA

CAINFO

La ley de acceso es una mejora de la democracia. Es un mecanismo que hace real la utopía de que el gobierno pertenece al pueblo”

FABRIZIO SCROLLINI

DATA

Nosotros queremos una ley para mejorar. El peligro es una reforma regresiva. Hay sectores que piensan que la ley es muy generosa”

GABRIEL DELPIAZZO

Unidad de Acceso a la Información Pública

Aplicar la ley demanda tiempo, algunos cambios culturales pero también reales. En cinco años el balance ha sido bastante bueno”

Las buenas notas online

El índice de Transparencia Activa en Línea de 2012 realizado por Cainfo y la Universidad Católica evaluó la adaptación a la ley en los sitios de 40 organismos públicos. El mejor fue la Contaduría General de la Nación con un 80% de aprobación, seguido del Mides y Agesic. En la tabla de abajo, 17 no llegaron al 40%, y el peor fue la Junta Departamental de Soriano, con sólo un 16% de cumplimiento.

1.000

solicitudes de datos, se estima, se realizaron en 2013. Un reclamo de transparencia que crece.

6

excepciones son las que el Estado puede oponer para no contestar un pedido. Y debe fundamentarse.

20

días hábiles de plazo tiene un organismo público para contestar una solicitud de datos.

15

organismos públicos aspiran a obtener el premio a la transparencia que entrega la UAIP.

LOS CAMBIOS QUE SE VIENEN

La ley no es intocable

En la última Rendición de Cuentas hubo polémica debido a los cambios que pretendían incluirse en la ley de acceso a la información pública. Un artículo incluía la facultad del Estado de no dar la información requerida en aquellos casos en que los datos estuvieran sujetos a “procedimientos de control, evaluación, investigación o deliberación”. Una excepción no prevista por la ley original. El otro punto discutido fue que las dependencias estatales pudieran dar calidad de reservada a la información luego de recibir un pedido de acceso.

Tanto Cainfo como Data cuestionaron los cambios propuestos, y advirtieron que era una reforma regresiva. Además se criticó la falta de una discusión integral.

Gabriel Delpiazzo, de la UAIP, dice que el proyecto original pretendió llenar algunos vacíos, e incluso fue una iniciativa del Consejo Consultivo de la UAIP, del que participan las organizaciones civiles. Pero el proyecto se desvirtuó en el Parlamento. Finalmente se postergaron los cambios hasta nuevo aviso.

Este miércoles en la Comisión de Educación del Senado se presentaron nuevamente propuestas de mejora, y se acordó una evaluación de estos cinco años de la ley.

 

El País, 23 de noviembre de 2013 – Francisco Marques

 

 

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