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Vidrio empañado

El día después de la asignación de la tevé digital.

La asignación de la televisión digital abierta pudo haber sido modélica, pero no lo fue. Las tribulaciones de un Poder Ejecutivo que en varias oportunidades fue y vino, cambió decisiones sustantivas y buscó una transacción imposible con los tres grupos históricos, empañaron un proceso que estaba bien diseñado para dotar de transparencia y participación a la distribución de un recurso central para la democracia. Finalmente el Poder Ejecutivo comunicó ayer la asignación de un canal multiplex completo al consorcio Giro y la empresa Saomil (vtv), que se suman a las tres frecuencias que en forma prácticamente automática recibieron en el mismo decreto los tres grupos históricos (4, 10 y 12).

Esta decisión, que estaba en línea con el dictamen de la Comisión Honoraria Asesora Independiente (chai) sobre el proyecto comunicacional, y que en principio nadie en el mundo de la comunicación cuestionaba, se vio abiertamente distorsionada por una decisión previa del propio Ejecutivo.

En efecto, quince días atrás la Dirección Nacional de Telecomunicaciones (Dinatel) envió un informe al ministro de Industria, Roberto Kreimerman, elaborado a partir de tres fuentes: el dictamen de la chai, el informe de la Ursec que marcaba inconsistencias en los estados patrimoniales de Giro y consideraciones de la propia Dinatel sobre la sustentabilidad financiera de los proyectos. “Al carecer de capacidad económica propia, como le observa el informe de la Ursec, y descartar el crédito bancario, en tanto no lo incluyen dentro de las posibilidades que manejan, deben recurrir a otras fuentes de financiamiento externo”, explicó el informe.

La pregunta es: ¿quién le bajó el dedo en esa primera instancia a La Diaria? ¿Fue Dinatel o la Presidencia? Varias fuentes consultadas por Brecha indicaron que previo a dictar el informe el director de Dinatel, Sergio De Cola, conversó el asunto con el ministro Roberto Kreimerman, y éste lo conversó a su vez con la Presidencia; el feedback llegó a Dinatel antes de que redactara el informe en el que se basó el proyecto de resolución que favorecía a Pop tv y vtv.

En Presidencia se inclinaron por Pop tv, basados en consideraciones financieras y en la lectura de que había ciertas desprolijidades en la presentación de los estados contables de Giro y su proyecto de sustentabilidad. En particular, aseguran las fuentes, no parecía clara la situación patrimonial de Cooperativa La Diaria y su relación con La Diaria sa. Lo que Giro luego despejó en su vista es que La Diaria sa pertenece a la cooperativa, y es la unidad que factura (por suscripciones y publicidad) y tiene balance positivo en los últimos tres años (la cooperativa aparece con balance negativo, porque es la que paga los sueldos a sus integrantes).

Así las cosas, el proyecto de resolución salió a la luz pública cuando se dio vista a los interesados, recomendando asignar a Pop tv y vtv, dejando fuera a La Diaria. El resto es historia conocida: las reacciones de todo tipo y color en la izquierda (en contra de la decisión y del proceso, también a favor); la intervención de jerarcas del gobierno ante Mujica para advertir sobre las implicancias de excluir a Giro para la diversidad y el pluralismo en la televisión; las gestiones para buscar un acuerdo entre Giro y Pop tv (decodificadas por algunos medios como presiones o “aprietes”); las declaraciones del presidente en Estados Unidos acusando de “infantil” al proyecto de La Diaria por basarse en el Fondes, y por último, la revisión de la decisión final.

PUDO SER, PERO… No sólo el final propio de un sainete empaña un proceso histórico y que pudo ser único en la región. En el medio hubo marchas y contramarchas vinculadas a las presiones de los tres grupos concentrados de la televisión y otros puntos que sólo investigaciones posteriores podrán aclarar.

En el comienzo hubo un auspicioso decreto para regular la transición a la tevé digital, diseñado por el equipo que comandaba Gustavo Gómez en Dinatel –meses después inexplicablemente desplazado del cargo–, que sentó las bases para regular la transición de la televisión analógica a la digital. Preveía la asignación de seis canales de televisión digital abierta en el sector comercial y aseguraba a los actuales canales una señal para continuar sus trasmisiones (aunque ya preveía que “procedería” asignarles un canal completo si se presentaban al llamado en igualdad de condiciones con los restantes oferentes).

El decreto fue innovador en establecer plazos para las nuevas frecuencias, el pago de canon por parte de todos los permisarios (consolidado en una ley de rendición de cuentas) y la convivencia en equilibrio de tres sectores en la televisión (comercial, público y social-comunitario).
Desde el instante mismo en que se aprobó esta norma se desató una guerra de nervios por parte del establishment mediático que desplegó distintos mecanismos de presión. De ese modo lograron abrir diversas negociaciones informales con el gobierno, que se tradujeron en una serie de decretos aprobados el 31 de diciembre de 2012.

En ellos se terminó de delinear un mecanismo casi “de registro” para asignarle un canal multiplex completo a cada uno, sin necesidad de presentarse siquiera a la audiencia pública, y se redujeron de seis a cinco los canales comerciales que se iban a asignar (un reclamo de Andebu para mantener el mercado publicitario). En la misma fecha se limitó la cantidad de abonados que puede concentrar la tevé satelital de alcance nacional en 25 por ciento de los hogares en todo el país y 35 por ciento en cada localidad, medida que puso un techo a Direct tv en favor de la red de cableros (entre ellos Equital sa). Esta medida fue sugerida a Mujica por el propio Jorge De Feo (Canal 10), según se supo de boca del propio De Feo en El Observador.

Estas concesiones abrieron un nuevo frente interno: hubo fuertes críticas desde la izquierda y la sociedad civil, pero la cosa se complicó aun más el 23 de enero, cuando se suspendió todo el proceso de asignación por tiempo indeterminado. Distintas organizaciones lanzaron entonces la campaña “Cambiá la televisión”, la Institución Nacional de Derechos Humanos recomendó al gobierno no obturar el proceso, y finalmente el 3 de mayo de este año se reabrió el llamado bajo las mismas condiciones decretadas el 31 de diciembre: asignación cuasi automática a los tres grandes y la apertura del mercado sólo a dos canales comerciales adicionales.

Resumen provisorio. A la hora de evaluar el proceso de asignación de televisión digital éste termina siendo fruto de una transacción entre el poder político (ahora encarnado por la izquierda) y los poderes fácticos de la comunicación. Sin embargo –y haciendo un esfuerzo de abstracción de las desprolijidades, si esto es posible–, el sistema de medios de Uruguay será al final del día uno de los más diversos de la región: habrá mayor competencia y diversidad entre los canales comerciales, una televisión pública más amplia y fortalecida (dos señales para tnu, dos para Tevé Ciudad y el ingreso de la Universidad), y un sector comunitario que finalmente tendrá dos señales (una del pit-cnt y otra que se asignará en las próximas horas al Ministerio de Educación, que deberá distribuir entre proyectos más pequeños).

Desplazamientos en VTV
El retorno del rey

Francisco “Paco” Casal tomó el control total de Saomil sa, que se presentó al llamado a interesados con el proyecto de vtv. Casal desplazó en los últimos días a Edgardo Martirena –fundador de ese canal y quien diseñara su impronta comunicacional– de la gerencia de vtv.

La guerra promete ser de grandes proporciones. Martirena no acepta ser desplazado e iniciará acciones legales contra el grupo Casal por una indemnización abultada. Entre otras cosas, tiene a su favor que la marca vtv está registrada a su nombre, como persona física, y nunca estuvo a nombre de Saomil sa, aseguraron fuentes cercanas al ex directivo.

En ese sentido, el canal que ayer recibió una frecuencia para emitir en la televisión digital abierta, y debe empezar a emitir dentro de un año, podría salir incluso con otro nombre. Pero además, ya no tendrá a su frente a quien diseñó el proyecto comunicacional de vtv, que fue el que obtuvo el segundo lugar en la evaluación de la chai. Fuentes del Ejecutivo indicaron que, pese a los cambios internos, el proyecto comunicacional debe cumplirse tal cual fue aprobado.

Entre otras cosas, Martirena era un freno a las intenciones de cambiar la programación actual del canal (que incluye revistas, magazines, periodísticos e informativos de producción nacional) por una básicamente deportiva, idea insistentemente planteada por hombres cercanos a Casal, aseguraron varias fuentes consultadas.

Los hombres de confianza de Casal, parapetados en Tenfield sa, rivalizaban frecuentemente con Martirena. Entre otras cosas había tensiones porque Tenfield recauda 48 millones de dólares anuales por la venta de la programación del canal y el fútbol a la tevé para abonados de todo el país, pero sólo le pagaba a Saomil 1,3 millones anuales por toda su producción. Un dato interesante es que la auf acordó con Tenfield recibir 20 millones de dólares por ceder durante ocho años los derechos del fútbol uruguayo (menos de seis meses de recaudación). Según la documentación entregada durante el proceso del llamado a interesados, Saomil sa tiene como único accionista a Nelson Gutiérrez (25 por ciento de las acciones). El resto de las acciones no están adjudicadas, tal vez a la espera de que la dgi levante el embargo que pesa sobre Casal.

 

Brecha, 25 de octubre de 2013 – Edison Lanza

 

 

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