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Señal de vida (debida)

Un canal de televisión privado de izquierda es a pérdida. Infinanciable. Deberíamos partir de esa premisa antes de discutir cualquier tipo de ecosistema de medios. Eso es así en Uruguay y en todo el mundo. Tal vez haya alguna excepción. Tengo mis dudas. Pero en cualquier caso, si existe, será tan sólo eso: una excepción. Una anécdota en el universo de los medios audiovisuales.

Hay una razón sencilla para este fenómeno tan categórico y tan extendido. Es posible discutir (y tenemos ejemplos recientes y sonoros) si adherir a una agenda liberal de expansión de los derechos individuales es, per se, una posición de izquierda, pero lo que es indiscutible es que no se puede ser de izquierda y estar permanentemente a favor de las patronales en su confrontación de intereses con los trabajadores. Y como los medios audiovisuales están obligados a vivir de la publicidad privada, son justamente las empresas y los empresarios los que definen qué financian, de acuerdo a una distribución absolutamente discrecional de su pauta publicitaria. Y va de suyo que las empresas y los empresarios van a financiar fundamentalmente los medios de comunicación que protejan sus intereses, y las expresiones políticas de sus intereses.

Para compensar esta verdad como puño, los gobiernos de izquierda que no hayan abandonado en las puertas del gobierno la lucha por el poder, deben asumir el costo político de financiar proyectos comunicacionales contrahegemónicos, aunque naturalmente deberán enfrentar el cuestionamiento de sus opositores, que lo acusarán de financiar con fondos públicos medios “adictos” u “oficialistas” por medio de una distribución sesgada de la publicidad oficial. No hay mucha vuelta, y mientras la lucha de clases exista, no habrá muchas otras alternativas.

A nadie se la ha ocurrido en nuestro país obligar legalmente a las empresas privadas a pautar en todos los medios de comunicación privados, sea cual sea su orientación editorial, ni siquiera de acuerdo a mediciones de audiencia, y a destinar una pauta a las señales públicas, o reservar una fracción de su inversión publicitaria a la comunicación comunitaria. A nadie se la ha ocurrido que si el dinero del erario es de todos, de algún modo también es de todos el rédito de las empresas, toda vez que este último se genera a partir de la diferencia entre lo producido por los trabajadores y lo que a los trabajadores se retribuye. A lo que en épocas gloriosas se le llamaba plusvalía. Y mientras a nadie se le ocurra que esta fórmula de expropiación limitada, detracción o gravamen, o como se le quiera llamar, es una política perfectamente legítima que puede aplicar el Estado para asegurarse una estructura diversa de medios de comunicación y, de forma concomitante, una cierta democratización de los medios, de la información y de la cultura, la izquierda no debería tener pruritos en facilitar con fondos públicos que la democracia, también en este plano, exista.

Esto de ningún modo significa que no se contribuya a financiar a los medios que representan la mirada de los sectores económicos dominantes, es decir, la inmensa mayoría, cuando no la totalidad de los medios audiovisuales. Pero dejando de lado la hipocresía, es indispensable dar cuenta de la realidad: a los medios audiovisuales de la derecha los seguirá financiando generosamente la burguesía (cámbienle el nombre si le tienen miedo a las palabras o les suena muy clásico), porque son –y cada vez más son– una de sus principales fuentes de poder. El así llamado cuarto poder, el que es capaz de operar sobre la realidad de una manera tan determinante que, cuando se concentra, puede incluso tirar gobiernos, organizar golpes de Estado, construir una atmósfera irrespirable, e incluso suplantar la realidad por una realidad fabricada, de modo de favorecer alguna orientación política, o extorsionar a las autoridades democráticamente electas, es un terreno de disputa encarnizada, siempre y cuando, naturalmente, la izquierda mantenga algún tipo de pretensión postsistémica.

La noticia que ha transcendido de que las dos señales comerciales de televisión digital que se iban a distribuir por concurso de interés, habida cuenta la reserva que se ha hecho de las restantes señales para los tres canales privados que tienen secuestrado el espectro televisivo desde que se les concedió sine die hace casi medio siglo, caerían en las manos de empresas ideológicamente del palo –de los otros– ha significado un indisimulable balde de agua fría para los que tenían las aspiración de que, finalmente, a las pantallas de televisión abierta de Uruguay ingresara algo distinto, algo que no estuviera siempre del lado de los ricos, de la propaganda consumista, de la archivisitada comunicación sistémica.

Mucho más allá de la solidez de las propuestas perdidosas, de la imagen que pueda tener en el gobierno o en la sociedad el ex director de La República, Federico Fasano, o la opinión que pueda tenerse de la línea editorial de La Diaria, la corporación Mondragón o Fesur y la socialdemocracia alemana, es una lamentable realidad que cualquiera de los proyectos contrahegemónicos de izquierda más decidida o, por lo menos, liberal progresista, hayan quedado de lado en la distribución de las nuevas señales, aduciendo motivos económicos y de financiación, cuando está en la tapa del libro que mientras más del lado de los pobres esté el nuevo canal, más pobre será, y por tanto de menor calidad técnica –aunque no artística ni periodística– y más difícil de sostener.

Uruguay necesita urgentemente un canal de televisión abierta que se juegue por los pobres aunque ningún rico, ninguna empresa, vaya a financiarlo. Y si hay que sostenerlo estatalmente o mediante alguna tímida forma de expropiación de la pauta publicitaria privada, pues hay que hacerlo. Que la derecha vaya a protestar a la SIP, a la CIDH, a Human Right Watch o a la Suprema Corte de Justicia. Seguramente todas esas instancias le darán la razón con sesudos argumentos, pero serán argumentos todos que escondan el problema de fondo, que es ideológico y es de clase. Cuando la fuerza de la reacción impida avanzar en el proyecto democratizador, la izquierda deberá comprender que si quiere cambiar verdaderamente, entonces no hay otra que cambiar verdaderamente. Aunque para ello haya que polarizar, cambiar la Constitución o convocar al pueblo a movilizarse. Si no somos capaces de habilitar una señal en cinco para algún proyecto progresista, ¿cómo podríamos atrevernos a soñar con el socialismo?

Caras y Caretas, 03 de octubre de 2013 – Leandro Grille – Columna de Opinión 

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