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Punto final

Gobierno asignó canales digitales comerciales a Consorcio Giro y VTV.

El gobierno resolvió cambiar el proyecto de resolución de asignación de canales digitales comerciales y finalmente se inclinó por Saomil SA (VTV) y Consorcio Giro (cooperativas La Diaria y Demos) para adjudicarles dos canales por 15 años. Cada uno de éstos contiene una señal en alta definición, una señal estándar y espacio para aplicaciones interactivas y móviles. Además, asignó un canal a cada uno de los actuales permisarios (canales 4, 10 y 12), que estarán sujetos a los mismos plazos de usufructo y contraprestaciones que los nuevos permisarios. Giro tendrá el canal 38, VTV el 39, canal 4 el 29, canal 12 el 28, y canal 10 el 31. Los nuevos permisarios disponen de un año para comenzar sus transmisiones.

Un mes atrás, el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) había dado vista a los interesados de un proyecto de resolución que proponía asignar los canales a VTV y a Consorcio Pop TV (productora Oz Media y editorial Bla). Descartó a Giro, que había quedado primero en la calificación de la Comisión Honoraria Asesora Independiente, por entender que carecía de “viabilidad económica”. Un día después, el presidente José Mujica cuestionó públicamente al proyecto de Consorcio Giro por incluir entre sus mecanismos de financiamiento la posibilidad de recurrir al Fondo de Desarrollo (Fondes). El Fondes otorgó este año un préstamo a la diaria por un valor total de 360.000 dólares.

Las seis empresas proponentes tuvieron un plazo de diez días para formular sus descargos, una vez conocido el proyecto de resolución. Sólo lo hicieron Consorcio Giro, el empresario Federico Fasano y Sarmelco SA (de un accionista del diario El País).

En conferencia de prensa realizada ayer en la Torre Ejecutiva, el titular del MIEM, Roberto Kreimerman, y el subsecretario de la cartera, Edgardo Ortuño, afirmaron que los descargos de Giro fueron un elemento central para levantar las objeciones realizadas al consorcio en primera instancia.

Tanto Kreimerman como Ortuño hicieron énfasis en la “legalidad” y “transparencia” que a su entender tuvo el proceso. El subsecretario destacó que se hizo “un llamado público, abierto, con garantías y posibilidades de que todos, independiemente de sus vinculaciones, pudieran presentarse”. “Ha sido un proceso con asesoramiento técnico y con una participación democrática que nunca existió en un procedimiento de asignación de frecuencias. Si hay debate, si hay controversia, es porque es un proceso con participación democrática como nunca existió”, consideró. Acotó que esto no “afecta la transparencia y las garantías”, sino “al contrario”.

El ministro sostuvo que se llegó a una resolución “no sólo justa sino ajustada a derecho”, en un proceso en el que “todas las opiniones fueron escuchadas”. Resaltó el hecho de que el Poder Ejecutivo no haya dictaminado “de primera lo que debía hacer” y haya dado “oportunidad a los descargos”.

Destacó que con esta decisión la actual oferta de televisión abierta “pasa a diversificarse fuertemente”. “Hay proyectos nuevos que seguramente cambiarán el panorama de la televisión uruguaya para mejor”, resaltó.

En cuanto a las objeciones planteadas en primera instancia a Giro, Kreimerman afirmó que “la contestación de las vistas, luego del análisis jurídico que realizamos, levanta esos puntos, y por lo tanto [Giro] retoma su lugar”. Ortuño destacó en particular que el consorcio, para desarrollar el proyecto, “compromete el patrimonio de cada uno de los integrantes”, que alcanza el millón de dólares. “Esto supera por tanto una de las cuestiones planteadas por los equipos técnicos, que era la capacidad para poner en marcha el proyecto e iniciar las transmisiones”, manifestó. En segundo lugar, Giro levantó la objeción planteada por el MIEM que alegaba, en el proyecto de resolución, que el consorcio no podía recurrir a herramientas financieras pues éstas alteraban la titularidad de las cooperativas. Giro recordó en sus descargos que la Ley General de Cooperativas permite a los proyectos de este tipo emitir “participaciones subordinadas” que no alteran la titularidad del emprendimiento. Kreimerman admitió que el MIEM cometió una incorrección en este punto en su informe inicial.

Más tarde, en un comunicado, la cartera sostuvo que “resulta incontrovertible que Giro cuenta con solvencia económica, con compromiso de sus socios cooperativistas, y dispone además de la solidaridad de todos sus integrantes e indivisibilidad de las obligaciones contraídas o a contraerse”.

Formal

Un par de horas antes del anuncio de ayer en la Torre Ejecutiva, Pop TV advirtió que demandaría al Estado por daños y perjuicios en caso de que se asignara un canal a Giro, dejando su proyecto de lado. Después de confirmada la decisión del Ejecutivo, informó que seguirá ese camino, según señalaron integrantes del consorcio a El Observador. Pop TV entiende que el Estado viola los principios de igualdad y de transparencia, y que el Estado “será pasible de demanda por los daños y perjuicios ocasionados, al validar un oferente que ha incumplido de manera flagrante con los pliegos del llamado”.

Pop TV entiende que Giro “ha incumplido con la acreditación de los requisitos exigidos al momento de la presentación”. Entre ellos, mencionan en su escrito presentado al MIEM que Giro no presentó el aval bancario (exigido en el pliego), ni el certificado de estar al día con el Banco de Previsión Social (BPS), ni los certificados de antecedentes judiciales de los socios de las cooperativas, entre otros documentos.

Ortuño negó estas afirmaciones ayer en conferencia de prensa. Dijo que Giro “cuenta con las certificaciones y presentó en plazo y forma los elementos” que se mencionan en el escrito. Informó que el certificado de estar al día con el BPS se presentó el 17 de abril de 2013, y el aval bancario el 12 de julio; por tanto, ambos documentos fueron presentados antes del 15 de julio, fecha límite para hacerlo. “Giro presentó las aclaraciones a la información que la Ursec [Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicaciones] solicitó; están absolutamente en regla, lo que consta en el expediente, que tiene los documentos emitidos por los organismos correspondientes para respaldo y garantía de todos quienes han participado en el proceso”, remarcó Ortuño.

No obstante, frente a la posibilidad de demandas, el subsecretario indicó que existe “la posibilidad de recurrir” la decisión “por vía administrativa”, y que estos recursos jurídicos se “contestarán y procesarán como corresponde, con todas las garantías”.

Pareceres

El presidente del Directorio del Partido Nacional, Luis Alberto Heber, dijo a la diaria que está “totalmente en contra” de la decisión adoptada por el Poder Ejecutivo. “Se optó por la práctica que siempre criticaron: la influencia, la relación y la vinculación política”. “Borraron con el codo lo que se escribió siempre con la mano, y supongo que los ministros que decían que había falta de transparencia no van a firmar el decreto [en referencia a los ministros del Frente Liber Seregni]”, manifestó. En tanto, la presidenta del Frente Amplio, Mónica Xavier, consideró que el proceso de transición a la televisión digital tiene “un buen inicio” y que lo definido constituye “un avance sustancial”.

Pero hay más

El Ejecutivo también firmó ayer la adjudicación de un canal digital comunitario al PIT-CNT, dos canales públicos nacionales (Televisión Nacional de Uruguay y Tevé Ciudad) y cuatro canales públicos regionales. Estos últimos serán usufructuados por las intendencias. Uno de ellos es para las intendencias de Durazno, Florida y San José; un segundo para las de Cerro Largo, Paysandú, Rivera, Salto y Tacuarembó; un tercero para las de Colonia, Río Negro y Soriano; y un cuarto para la de Artigas.

 

La Diaria, 24 de octubre de 2013

 

 

 

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