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Proponen cambios en órgano regulador, cadenas nacionales, contenidos y autorregulación

Los representantes de cuatro organismos internacionales de libertad de expresión respaldaron el proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual pero propusieron algunos cambios al texto, como nuevos ajustes al organismo regulador, precisiones sobre las cadenas nacionales, el horario de protección al menor, y la injerencia estatal en los códigos de ética.

José Miguel Vivanco, director de la División América de Human Rights Watch, Catalina Botero, relatora especial para la Libertad de Expresión de la Organización de los Estados Americanos, Carlos Lauría, coordinador del Programa Américas del Comité para la Protección de los Periodistas, y Benoît Hervieu, director para las Américas de Reporteros Sin Fronteras, expusieron el viernes 4 en la Torre Ejecutiva junto al prosecretario de la Presidencia, Diego Cánepa.

Órgano regulador. Los expertos celebraron los cambios que el gobierno decidió introducir al Consejo de Comunicación Audiovisual, que pasó de una integración a propuesta del Poder Ejecutivo a una casi totalmente designada por la Asamblea General (cuatro de los cinco miembros).

Para Lauría ahora “garantiza un principio de mayor neutralidad y lo blinda de posibles interferencias políticas”. No obstante dijo que las sanciones deberían ser aplicadas por el Consejo y no por el presidente.

Vivanco considera que “todavía falta un aspecto importante, que es la facultad para remover a los miembros del Consejo”, que “sigue estando en manos únicamente del presidente” y habría que discutirlo.

Botero valoró que “si queda así conformado sería uno de los órganos que ofrecen mayor autonomía en la región” pero coincidió con Vivanco en que hay que “revisar que sea compatible con el resto de las normas” para no dar “inestabilidad a los miembros del consejo”.

Cánepa estuvo de acuerdo con que “quienes sean nombrados por el Parlamento deben pasar también por una destitución del Parlamento” y opinó que “eso es mejorable en el proyecto de ley”.

Cadenas. Otro aspecto cuestionado es el de las cadenas nacionales de radio y televisión. Lauría cuestionó que “no tienen ningún tipo de condicionamiento, no se establecen límites de tiempo” ni que deban “incluir cuestiones de interés nacional”.

Admitió que “en la práctica en Uruguay las cadenas no han sido usadas en forma abusiva” pero afirmó que “convendría tenerlo en la letra de la ley”.

Vivanco también puntualizó que “el lenguaje que tiene la actual norma permitiría todo tipo de excesos” porque “no hay ninguna regulación ni de tiempo, ni una alusión a que se trate de una circunstancia absolutamente excepcional para utilizar las cadenas”. Además se considera una “infracción grave” el incumplimiento reiterado de la obligación de difundir las cadenas, por lo que habría que “modificar” esos artículos.

Cánepa consideró que el reclamo es “medio injusto a la realidad de lo que es Uruguay y de lo que ha pasado”. De todas formas compartió que “habría que mejorar ese aspecto”.

Protección al menor. Vivanco destacó “el ajuste” que se hizo a la prohibición de emitir imágenes violentas en el horario de protección al menor pero sugirió “avanzar aún más en términos lo más concretos posibles ese lenguaje para impedir que se pueda prestar para algún tipo de abusos”.

“Que todos entendamos a qué nos referimos con pornografía, que todos entendamos a qué nos referimos con violencia excesiva, o programas que promuevan el consumo de drogas”, ilustró.

Hervieu consideró que “la limitación de algunos mensajes o contenidos violentos en ciertos horarios, y sobre todo en el servicio público, puede ser una cosa válida”. No obstante dijo que su organización recomienda “una autorregulación”.

Autorregulación. Botero sostuvo que “no hay la menor duda de que un medio que esté sometido a normas éticas (…) va a hacer mucho mejor su trabajo” pero afirmó que “es peligrosísimo que los Estados intervengan de cualquier manera” en ese tema.

Sostuvo que “la actividad periodística debe regirse por conductas éticas, las cuales en ningún caso pueden ser impuestas por los Estados”. Reconoció que “hay una base importante del proyecto al eliminar la cláusula según la cual los códigos éticos deben adecuarse a la ley” pero también “debe quedar claro que de ninguna manera el Estado puede otorgarse la facultad de hacer obligatorios esos códigos”.

Algunos cambios. Cánepa sostuvo que “un proceso transparente y participativo no significa que el gobierno no cumpla su rol”. Entonces, “recibir las críticas y no hacer todos los cambios no invalida el proceso en sí mismo, porque en realidad también hay un punto donde uno puede tener un desacuerdo, tanto con la oposición o con la sociedad civil o con las organizaciones internacionales”.

El prosecretario dijo que la apertura del gobierno “no significa que todo lo planteado automáticamente se debe poner sino que se toma cono un insumo”.

No obstante, Cánepa anunció que el gobierno va a “trabajar para la semana próxima, o en 15 días, proponer algunos de los cambios particulares”.

“Estamos muy cerca de construir una ley que esté dentro de los estándares más importantes a nivel internacional y regional, pero fundamentalmente lo que para Uruguay es importante”, opinó.

Corregir. El presidente de la Asociación Internacional de Radiodifusión, Luis Pardo Sáinz, opinó esta semana que “la conferencia de expertos convocada por la Presidencia” y “el proceso de consultas y deliberación que ha tenido lugar” sobre el proyecto de ley son dignos “de aplauso” (ver cartas al Director).

“Sin embargo, una cosa es un proceso ejemplar, que por cierto contrasta con los casos de Ecuador, Venezuela o Argentina, y otra muy distinta es inferir, a partir de los elogios al proceso, que estamos ante una ‘ley modélica para América Latina’. El proceso va bien y será impecable en la medida que las opiniones de los expertos sean tomadas en cuenta y no sean utilizadas sólo para legitimar el proceso, sin corregir el proyecto de ley”, opinó.

Pardo Sáinz enumeró algunos cambios que deberían hacerse, como “normar adecuadamente las cadenas obligatorias”, “revisar seriamente el alcance de las normas antidiscriminación”, ” eliminar las ambigüedades que puedan generar en el futuro condiciones para el ejercicio discrecional de las facultades sancionatorias” y modificar “la facultad de aplicar sanciones graves” por parte del Ejecutivo, entre otros.

Radios en Ruanda, “Goebbels en la sierra” y la diversidad: expertos ven “peligroso” limitar la libertad de expresión

“Corten los árboles altos”. Cuando los locutores de la estación Radio Televisión Libre de las Mil Colinas, de Ruanda, llamaban en sus transmisiones a cortar “los árboles altos” no estaban incitando a la deforestación sino al asesinato de tutsis durante el genocidio que perpetró el gobierno hutu en ese país africano en 1994 y que dejó cerca de un millón de muertos. Varios ejecutivos de medios de comunicación ruandeses fueron enjuiciados y condenados años después por haber incitado la matanza.

Este ejemplo fue mencionado por el relator de Naciones Unidas para la libertad expresión, Frank la Rue, cuando visitó Montevideo semanas atrás, como un ejemplo de cómo los medios de comunicación pueden fomentar la discriminación y el odio. También lo mencionó el viernes 4 el director para las Américas de Reporteros Sin Fronteras, Benoît Hervieu, cuando expuso junto a otros especialistas internacionales en la Torre Ejecutiva sobre el proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Hervieu recordó también cuando su organización condenó las emisiones de un programa de la radio Oriental de Santa Cruz, Bolivia, durante la crisis de ese país en el 2008. “Era Goebbels en la sierra, era un llamada clara, inmediata, en nombre de la libertad de expresión, a matar al colla del altiplano —sostuvo Hervieu—. Estos casos hay que recordarlos porque sabemos también el uso que se puede hacer del valor de la libertad de expresión para promover incitaciones directas a la violencia y al crimen o a la violación”.

Pero también existen casos opuestos, en los que se impuso el derecho a la libre expresión por sobre el contenido discriminatorio. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés) sostiene esa postura y lo demostró en 1978, cuando defendió a un grupo nazi que se proponía a marchar por Skokie, un suburbio de Chicago en el que vivían varios sobrevivientes del Holocausto, y logró que una corte federal hiciera caer las restricciones que impedían a ese grupo manifestar sus puntos de vista. “La decisión de tomar el caso fue una demostración del compromiso de ACLU con el principio de que los derechos constitucionales deben aplicar a incluso los grupos más impopulares si van a ser preservados para todos”, dice en su sitio web la organización, que en aquel momento perdió a una cuarta parte de sus asociados.

El límite entre la discriminación y la libertad de expresión fue objeto de controversia el viernes 4 entre algunos de los principales expertos regionales en el tema y el gobierno, que incluyó en el proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que envió al Parlamento un artículo que establece el deber de ofrecer una imagen “respetuosa” de la “diversidad”.

Además de Hervieu fueron invitados a debatir sobre el proyecto José Miguel Vivanco, director de la División América de Human Rights Watch, Catalina Botero, relatora especial para la Libertad de Expresión de la Organización de los Estados Americanos, —que habló por videoconferencia desde Washington— y Carlos Lauría, coordinador del Programa Américas del Comité para la Protección de los Periodistas.

Todos coincidieron en que es “peligroso” para la libertad de expresión establecer restricciones como las que prevé el proyecto de ley uruguayo y propusieron limitarse a prohibir el “discurso de odio” y la “incitación a la violencia”, las únicas formulaciones que cumplen con los estándares internacionales.

“Diversidad”. El proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual prevé algunos artículos para “garantizar” la “diversidad”. El artículo 27 —”Derecho a la no discriminación”— del capítulo “Disposiciones generales” del título “Derechos de las personas” dice:

“Los servicios de comunicación audiovisual deben ofrecer en sus emisiones una imagen respetuosa e inclusiva de todas las personas en su diversidad, en tanto manifestación enriquecedora de la sociedad, impidiendo difundir percepciones estereotipadas, sesgadas o producto de prejuicios sociales.

No podrán realizar ninguna forma de discriminación hacia las personas por motivos de género, raza, etnia, orientación sexual, edad, discapacidad, identidad cultural, estado civil, lugar de nacimiento, credo, ideología, filiación política o condición socio-económica; impidiendo la difusión de contenidos que signifiquen o promuevan dicha práctica”.

Además, el artículo 163 del proyecto incluye entre las “infracciones muy graves”, en el literal “d”, al “incumplimiento de los límites y las obligaciones establecidas para garantizar la diversidad y el pluralismo y limitar e impedir la concentración excesiva, previa advertencia”.

Quienes incurran en infracciones “muy graves” pueden ser objeto de multas, suspensiones y, en caso de reiteración, revocación de concesiones.

Ideas y cambios culturales. Los cuatro expertos internacionales que debatieron en la Torre Ejecutiva expresaron dudas y discrepancias con los textos de esos artículos.

Lauría sostuvo que el artículo 27 presenta “un lenguaje tal vez un tanto ambiguo e impreciso que puede presentar algunos problemas”. Además opinó que “las garantías de libertad de expresión que hay mismo en esta ley deberían incluir el derecho a realizar declaraciones que pueden ser incluso contrarias a los intereses de determinados grupos”.

También para Vivanco ese tema “merece alguna revisión porque tiene cláusulas bastante amplias”.

Que los medios ofrezcan “una imagen respetuosa e inclusiva de todas las personas en su diversidad” es “un deber ser valioso, que hay que promover, que hay que propiciar, pero es una cuestión más bien cultural” que, a juicio de Vivanco, no debería “formar parte de esta legislación, sobre todo porque está unido a infracciones graves”.

El lenguaje usado en ese artículo “es extraordinariamente amplio” y por eso “se puede prestar para abusos”, dijo el titular de Human Rights Watch. Sostuvo que “hay que revisar algunas de las infracciones graves”, sin perjuicio de que “la legislación pueda combatir vigorosamente y con eficacia la discriminación”, siempre que se logre “preservar un equilibrio con el ejercicio de la libertad de expresión”.

Hervieu consideró “un poco extraña” la definición de la diversidad como “manifestación enriquecedora de la sociedad” y concordó en que el artículo “podría merecer un debate y una precisión”.

Botero estuvo de acuerdo con los demás expositores. Aunque dijo que conoce “lo que significa la lucha contra la discriminación”, opinó que “hay que tener cuidado en los estatutos antidiscriminación” porque “cuando entran a limitar la libertad de pensamiento y expresión” aparecen “problemas serios, porque la búsqueda de una finalidad legítima puede terminar yendo en contra de la propia finalidad que se está buscando”.

Planteó que “una norma antidiscriminación que limita el ejercicio de la libertad de expresión podría terminar, por ejemplo, en la sanción de personas o de expresiones a través de los medios de comunicación” que sostengan que “los sectores tradicionalmente dominantes son los responsables de que exista discriminación”.

“Esa idea, decirla públicamente, que los sectores tradicionalmente dominantes, los hombres blancos, propietarios, lo que ustedes quieran, que han dirigido el gobierno durante muchos años, son los responsables de la exclusión y la discriminación, esa expresión es discriminatoria, porque está utilizando una ‘categoría sospechosa’; el género, la posición social, el color de la piel. Ese debate hay que darlo. Entonces, ¿no se puede decir esto a través de medios de comunicación? Yo creo que sí”, afirmó.

Para la abogada colombiana “la ambigüedad de la norma” puede dar lugar a una “interpretación absolutamente discrecional” que lleve a que “eventualmente” sus efectos se vuelvan en contra de “las personas que legítimamente están impulsándola”.

“Pero además es peligroso que no podamos conocer públicamente las ideas de todas las personas y, por lo tanto, no las podamos contradecir públicamente. En el debate, en el mundo de las ideas, las ideas se combaten con mejores ideas, con más argumentos. Los estereotipos y los prejuicios se combaten mostrando que son estereotipos y prejuicios, demostrando la falta de razonabilidad de un argumento que carece de una lógica sostenible (…). Cuando uno proscribe ese tipo de lenguaje, lo que está haciendo es creando unos guetos e impidiendo que la sociedad pueda realmente discutir sobre ese tipo de problemas y eso termina dando más problemas que los que pretendemos resolver”, opinó.

Botero recomendó “revisar el alcance de esta disposición” porque “en este campo es probablemente más peligroso adoptar ese tipo de normas que permitir el debate abierto, el debate vigoroso, el debate inteligente sobre prejuicios y discriminaciones”.

Cánepa reconoció que el del artículo 27 “va a ser un debate difícil” y “de fondo”. Sostuvo que “el gobierno está dispuesto a buscar una redacción diferente”, aunque recordó que “otras organizaciones de la sociedad civil han impulsado fuertemente la presencia de estos artículos en la ley”. Esos sectores discuten “cuál es el costo beneficio de ese límite a la libertad de expresión con la búsqueda de la construcción de una hegemonía cultural diferente”.

“Esos cambios culturales, que algunos dicen ‘bueno, son cambios culturales que no deben pasar por una ley’, algunos sostienen, y yo comparto en parte, que también las normas ayudan a construir cambios culturales cuando hacen preceptivas normas de conducta que por lo menos son las que en un momento determinado una sociedad entiende que son las que debe impulsar —opinó Cánepa—. Pero bueno, es un debate abierto, entendemos la crítica y vamos a hacer un esfuerzo en mejorar ese artículo 27”.

“Incitación a la violencia”. ¿Cuál es la solución al problema? ¿Eliminar el artículo? ¿Cambiarlo? Los expositores internacionales estuvieron de acuerdo.

Vivanco dijo que “eliminaría” el artículo 27 del proyecto de ley “porque tal cual está redactado es una limitación innecesaria al ejercicio de la libertad de expresión”.

Aunque “la discriminación de todo orden debe ser obviamente combatida vigorosamente”, en materia de libertad de expresión “la única limitación aceptable desde el punto de vista de los estándares importantes es la incitación inmediata o inminente al uso de la violencia contra un sector”.

Que los medios estén “obligados a ofrecer” una “imagen respetuosa e inclusiva de todas las personas en su diversidad en tanto manifestación enriquecedora de la sociedad” a riesgo de ser sancionados es “una limitación grave a la libertad de expresión”, agregó.

“Yo no entiendo a qué se refiere con esto, esto creo que deja por fuera no solo el debate desgarrador, el debate político y democrático duro, ácido, injusto, donde uno logra o puede lograr desmontar una idea que puede estar fundada en prejuicios, en falsedades. No todos los comentarios ni las imágenes que se transmiten por los medios tienen que ser ni están obligadas a ser enriquecedoras para la sociedad. ¡Pero por Dios! Eso corresponde a una sociedad angelical en la que no vivimos”, sentenció Vivanco.

El experto también cuestionó la imposición de no “discriminar” según “ideología” y “filiación política”.

“¡Pero si eso forma parte del debate público, del debate político! Es decir, ¿una expresión irrespetuosa respecto de un sector de izquierdas o de derechas o de lo que fuere en cuanto a filiación política queda marginada del debate? Obviamente que esa no es la intención, además está en total contradicción con los preceptos iniciales (…) sobre la máxima libertad de expresión que contiene el proyecto de ley”, opinó.

A juicio de Vivanco “esto se resuelve prohibiendo lo que es el discurso de odio y prohibiendo conductas y discursos que pueden llevar a la violencia”.

Lauría estuvo de acuerdo: “Ese lenguaje ambiguo puede generar restricciones” y “de no quitarse debería especificarse que esto es reservado a la incitación a la violencia”.

Hervieu dijo que “no eliminaría la intención de una cláusula en materia de no discriminación” del proyecto, pero coincidió en que “hay una paradoja entre la promoción de la no discriminación y a la vez, en nombre de la no discriminación, cómo evitar que haya una forma de censura o autocensura”.

Comentó que Reporteros Sin Fronteras adopta “una línea constante” en este tema: que debe existir una cláusula dentro de una ley pero “limitada a la incitación directa a la discriminación y a la violencia, con contenidos que no son informativos, además, sino que realmente incitan, provocan, movilizan en el sentido de este tipo de discriminación o violencia directa”.

Cánepa reafirmó que en su opinión en el proyecto “debería haber un artículo de derecho de no discriminación” y que eso el gobierno no va a “sacarlo”. Además puntualizó que “hay que estudiarlo con cuidado porque la primera parte habla de imágenes, no habla de opiniones, es una cosa diferente; la libertad de expresión sí está vinculada al final del segundo inciso”.

También advirtió “una contradicción”: si todos coinciden en que “la libertad de expresión también tiene límites establecidos legalmente, precisamente, claramente y con un fundamento específico, la discusión no es en cuanto al derecho a poner límites, aún en el nombre de la no discriminación”.

“La pregunta es cuán válido es y hasta dónde podemos llegar. Lo que no se puede es decir por un lado sí hay límites, pero después cualquier límite que se pone es un escándalo porque es un atentado a la libertad de expresión”, cuestionó.

El prosecretario sostuvo que “los medios audiovisuales tienen una importancia significativa en la construcción de determinados imaginarios colectivos estigmatizadores y discriminatorios en la sociedad”, por lo que “la pregunta clave es si con los principios de no discriminación se puede dar un paso más para sancionar conductas que vayan en la construcción de esa estigmatización de la sociedad”.

“Creo que sí, que hay que dar esos pasos en las leyes. Con el cuidado de que tenga una definición mejor (…), dejar criterios en la ley mucho más precisos que no generen un tipo de interpretación muy amplia”, agregó.

Dijo que “siempre va a haber discusión en la aplicación, como la hay hoy en cualquier ley en Uruguay en cualquier tema del que estemos hablando” pero “no se puede legislar a partir de la patología, a partir de la excepcionalidad, del peligro de una aplicación excepcional o absurda de una norma”.

Botero respondió que “los gobiernos pasan y las leyes quedan” y por eso hay que “asegurar a la sociedad que cuando el gobierno pase y llegue otro no va a tener una herramienta de arbitrariedad a su disposición”, que puede usar “para renovar las concesiones de los amigos y castigar las que no son de los amigos”.

La relatora planteó que “las causales que podrían llevar a una sanción durante la concesión o a la no renovación de la concesión tienen que ser precisas”, bajo el principio de “a mayor intensidad de la sanción, mayor precisión de la causal”, y “aplicando el debido proceso”.

La abogada dijo que la Convención Americana sobre Derechos Humanos —Pacto de San José de Costa Rica— “es realmente clara en la materia; por un lado defiende la igualdad y la no discriminación (…) pero también es muy clara al establecer límites en el mundo de la expresión y de las ideas”.

El literal 5 del artículo 13 de la Convención dice: “Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional”.

“No es solamente prohibiendo ciertas expresiones en el debate público como se logra una transformación cultural”, opinó Botero. “Cuando entramos en el ámbito de la libertad de expresión puede ser contraproducente porque podemos estar, en nombre de una finalidad legítima, logrando todo menos esa finalidad, logrando restringir discursos o ideas que es importante debatir en la sociedad”.

 

Búsqueda, 10 de octubre de 2013

 

 

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