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Pronunciamiento histórico de la Suprema Corte Argentina sobre la constitucionalidad de los aspectos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual para evitar concentración de medios

La Suprema Corte de Argentina ha convalidado en las últimas horas la constitucionalidad de varios artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual de ese país vinculados a la regulación de la asignación de frecuencias, las normas para combatir la concentración mediática y la necesidad de preservar el pluralismo y la diversidad en el sistema de medios como mecanismo para asegurar el funcionamiento democrático.
 
A continuación compartimos con ustedes un análisis realizado por Edison Lanza de los puntos claves de la sentencia. También puede ver el texto completo del fallo.
 
Puntos claves de la sentencia:
 

1. Por primera vez en el ámbito jurisdiccional una alta corte aplica de modo concreto los principios de diversidad y pluralismo en la radiodifusión como condición para garantizar la existencia de múltiples voces en el sistema democrático.

 
2. Establece la obligación de los Estados de combatir los monopolios u oligopolios en la comunicación porque impiden la libre circulación de información, ideas y opiniones.
 
3. Corresponde al Estado dictar normas que garanticen el acceso equitativo de los ciudadanos a las frecuencias y a los medios de comunicación. Estas limitaciones deben establecerse únicamente por la ley, como en este caso, y no por un decreto de la autoridad administrativa.

 
4. El establecimiento de límites a la cantidad de frecuencias y cualquier otra combinación para prevenir la concentración de medios es legítima y no afecta la libertad de expresión. No interesa tanto el tamaño de los medios, como su independencia y pluralismo del sistema de medios.
 
5. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es un instrumento apropiado para garantizar la libertad de expresión y la diversidad de voces. Los límites a la cantidad de licencia de televisión para abonados por operador y el límite de acaparación de audiencias (35%), son instrumentos idóneos y razonables, en tanto no afectan la sustentabilidad económica de los medios.
 
6. En el análisis de costos y beneficios en el negocio de la comunicación, no debe perderse de vista la función que cumplen los medios en una sociedad democrática.
 
7. Las restricciones de orden patrimonial para los grupos mediáticos, no son desproporcionadas respecto a los objetivos institucionales y democráticos de la ley de servicios de comunicación audiovisual.
 
8. No corresponde a los jueces ingresar al estudio de la conveniencia de la medida adoptada o si existen medios alternativos, pues de hacerlo la Corte ingresaría en el ámbito de discrecionalidad del legislador.
 
9. Siempre que sea mediante una ley, es válido y legítimo modificar el régimen de licencias anterior y exigir la desinversión hasta los nuevos límites. Sostener que hay derechos adquiridos inmodificables en esta materia supone interponer el interés privado sobre el interés general. Al otorgar la ley la posibilidad de vender los derechos sobre las licencias se compensa la afectación del derecho de propiedad, y si hay algo más que reclamar se puede exigir su cumplimiento por la vía de daños y perjuicios.
 
10. Toda ley que regula libertades debe evaluarase en la totalidad de sus preceptos y el contexto que la anima. Cualquier restricción legítima debe respetar las garantías e igualdad de trato para todos los operadores. Para aplicar esta normativa, el órgano garante se sugiere que sea autónomo e independiente del gobierno.
Grupo Medios y Sociedad, 31 de octubre de 2013 – Edison Lanza

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