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Mujica admite que se equivocó al descalificar a Consorcio Giro y decidió darle un canal: “Cometí un error porque hablé sin saber”

El presidente José Mujica estuvo todo el fin de semana leyendo el expediente del proceso de adjudicación de canales de TV digital. Le quedaban pocos días para decidir a quién darle los dos nuevos canales que se agregarán en el nuevo esquema a los tres que ya operan la televisión comercial abierta analógica.

Las semanas anteriores habían sido complicadas: después de que el Ministerio de Industria recomendara adjudicarlos a la sociedad anónima Saomil —de los propietarios del canal VTV, vinculados a la empresa Tenfield— y al consorcio Pop TV —de la productora Oz Media y la editorial Bla—, recibió críticas desde sectores políticos y sociales de izquierda, que opinaron que lo que el Poder Ejecutivo resolvía no aportaba “diversidad” al sistema de medios, algo que el gobierno mencionaba como uno de sus objetivos.

Había quedado afuera en esa resolución el proyecto autogestionado del Consorcio Giro, de las cooperativas “La Diaria” —que edita el periódico de ese nombre— y Demos, un proyecto que ellos mismos definieron como “una amenaza al statu quo” de la televisión, y que había sido el mejor puntuado por la Comisión Honoraria Asesora Independiente (CHAI), que analizó los proyectos comunicacionales.

Mujica justificó aquel día la decisión. “Hace un mes, por el carácter cooperativo, nos pidieron en el Fondes (Fondo de Desarrollo que apoya emprendimientos autogestionados) un apoyo para sacar una revista. Un apoyo de 400.000 dólares. Y si para sacar una revista precisabas un préstamo, no me pidas un canal ahora”, dijo. “No hice (de esto) una cuestión ideológica. (…) Opté por el camino de la verdad, con honradez intelectual”.

Los representantes de Giro enviaron sus descargos al Ministerio y entre ellos incluyeron un aspecto que a Mujica le llamó la atención durante las horas de estudio que dedicó al expediente, y que terminó de convencerlo: los integrantes del consorcio comprometían su propio patrimonio para el financiamiento del proyecto. Entre todos sumaban $ 22 millones; un millón de dólares.

“Si ellos ponen toda la carne en el asador, yo banco”, les dijo Mujica a sus colaboradores de la Torre Ejecutiva y del Ministerio de Industria después de analizar ese punto.

Entonces Mujica cambió de parecer y decidió otorgar a Giro el canal que en principio pensaba adjudicar a Pop TV. Ayer miércoles el ministro de Industria, Roberto Kreimerman, y el subsecretario, Edgardo Ortuño, lo anunciaron en conferencia de prensa.

Mujica admite que se equivocó cuando habló sobre la propuesta de Giro en Nueva York. “Cometí un error porque hablé sin saber”, reconoció ayer en conversación con Búsqueda. “Cuando hablé tenía solo los titulares. Me pasé todo el fin de semana leyendo todos los papeles y me di cuenta de que había hablado antes de tiempo”.

El presidente considera que “todo este proceso tuvo un error básico”. Según él, la CHAI “debería haber mandado la opinión de cada uno de sus integrantes individualmente y no mandar una posición conjunta, porque hacerlo en conjunto se presta para una campaña electoral”.

“Si fuera por mi sentir le tendría que haber dado el canal a (el empresario Federico) Fasano y no a ‘La Diaria’, con los que no tengo nada que ver. Yo tomé una decisión que en el acierto o en el error no es de signo político. Traté de hacer todo lo más transparente posible, pero cometí un error”, evaluó.

Mujica también dijo que comunicó su decisión al ex presidente y actual precandidato frenteamplista Tabaré Vázquez y a la presidenta del Frente Amplio, Mónica Xavier, y ninguno puso reparos.

Con la decisión del Poder Ejecutivo se cierra una etapa pero empieza otra: los elegidos comenzarán a desarrollar la estrategia para tener sus canales funcionando en el plazo de un año y el interesado que a último momento quedó afuera, Pop TV, presentará una acción judicial contra el proceso porque entiende que contiene errores formales que lo invalidan.

Cambio. A las tres y diez de la tarde de ayer llegó Ortuño a la Torre Ejecutiva con un montón de papeles que desbordaban sus brazos. “Siempre es bueno tener el expediente a mano”, comentó y entró en el ascensor para reunirse con otros gobernantes, que ultimaban junto al presidente los detalles del anuncio. En la sala de prensa varios periodistas esperaban por la noticia, que se concretó una hora después de lo esperado, a las cuatro de la tarde.

Kreimerman y Ortuño asistieron a la conferencia de prensa para informar la decisión final. El ministro destacó que es “un hecho sin precedentes” en Uruguay que se haya hecho un llamado público para otorgar canales, lo que constituye un “proceso democrático”. Dijo que el gobierno tomó una decisión “no solo justa sino ajustada a derecho”.

A continuación anunció a los elegidos. En el sector comercial fueron Consorcio Giro, Saomil SA (VTV), Monte Carlo SA (canal 4), Sociedad Televisora Larrañaga (canal 12) y Saeta (canal 10).

Para el sector comunitario fue elegido Mi Canal, proyecto del PIT-CNT. Los canales públicos serán para Televisión Nacional Uruguaya, que incluirá un espacio para la Universidad de la República, y la Intendencia de Montevideo.

Además habrá cuatro canales regionales: uno de las intendencias de Durazno, Florida y San José, uno para Cerro Largo, Paysandú, Rivera, Salto y Tacuarembó, uno para Colonia, Río Negro y Soriano, y otro para Artigas.

Falta definir los llamados para televisión comercial en los departamentos del interior.

Kreimerman destacó que “hay planes comunicacionales nuevos (… ) que cambian (…) el panorama de la televisión uruguaya para mejor”.

Luego el ministro explicó por qué se cambió a Pop TV por el proyecto cooperativo. “Giro había presentado un buen proyecto comunicacional, creo que va a ser muy interesante cuando eso esté funcionando, pero que por otro lado ese buen proyecto comunicacional, con muchas características sobre la producción nacional, la producción de ficción, distintos elementos de los informativos y demás, (…) tenía problemas en cuanto a la presentación que realizaran de aspectos formales y aspectos económicos. En la resolución inicial hicimos hincapié en que lo presentado sobre los aspectos de capacidad económica debía ser aclarado (…). La contestación de la vista luego del análisis jurídico que realizamos levanta esos puntos a nuestro juicio y por lo tanto retoma su lugar”, sostuvo.

Ortuño informó que hubo “dos elementos” que fueron “fundamentales” para levantar las objeciones a Giro. Uno de ellos refería a la capacidad económica y fue subsanado, a juicio del Poder Ejecutivo, cuando explicaron “que comprometen el patrimonio de cada uno de los integrantes no sólo del consorcio sino también de las cooperativas, constituyendo por tanto un patrimonio que asciende a los 22 millones de pesos, al millón de dólares aproximado”, lo que permite “poner en marcha el proyecto e iniciar las transmisiones”.

El subsecretario dijo que ese no es “un elemento técnico pero es un elemento político” que el Poder Ejecutivo destacó: “El compromiso de los cooperativistas, que están poniendo en juego su propio patrimonio, sus propias capacidades económicas individuales, para fortalecer un proyecto en el que naturalmente creen y que a partir de esta autorización tendrán posibilidad de llevar adelante”.

El otro “aspecto fundamental” fue la mención de “las posibilidades que ofrece a los proyectos cooperativos la Ley General de Cooperativas, la 18.407, que en su artículo 65 y otros reconoce y otorga a los proyectos cooperativos posibilidades de capitalización y financiamiento distintas a las de las sociedades comerciales regidas por la ley 16.060 y que por lo tanto habilitan la capitalización en hasta un 50% de su patrimonio mediante emisión de participaciones subordinadas de interesados en participar a su riesgo del proyecto”. Esa participación, dijo, no implica “una alteración de la titularidad de la autorización asignada”.

Una de las herramientas financieras que Giro había manejado en su propuesta y que generó controversia e incluso fue centro de aquellas declaraciones de Mujica en Nueva York es el aporte del Fondes. Sin embargo, en su descargo el consorcio afirmó que el proyecto sería sustentable aun sin un préstamo de esa institución. El presidente destacó a Búsqueda que los cooperativistas “se comprometieron a que no van a usar el Fondes” y fuentes cercanas a Giro confirmaron que en el corto plazo no está en los planes del consorcio apelar a es herramienta por “el peso que tuvo el tema” durante la discusión. Los integrantes de Giro sostienen que hay “un alto interés” de varios inversores en capitalizar el proyecto.

Demanda. El miércoles al mediodía llegó a la Torre Ejecutiva una nota de Pop TV en la que el consorcio, cuyos integrantes ya eran conscientes de que corría el rumor de que podrían quedar afuera, amenazaba con iniciar acciones judiciales si se otorgaba un canal a Giro.

Si eso ocurriera, decía la nota, “se estará de manera flagrante violando el principio de igualdad de los oferentes y de transparencia, ya que este interesado ha incumplido (y así consta en el expediente) con la acreditación de los requisitos exigidos al momento de la presentación”. Por eso “el acto administrativo será pasible de ser anulado, así como el Estado será pasible de demanda por los daños y perjuicios ocasionados, al validar un oferente que ha incumplido de manera flagrante con los pliegos del llamado”.

Según la nota, el Consorcio Giro “es el único oferente que incumplió con los pliegos de manera manifiesta, no incluyendo en su propuesta diversa documentación formal e información requerida”, entre ella certificados de estar al día con el Banco de Previsión Social (BPS), además de que “no acreditó en tiempo y forma la garantía solicitada por los pliegos” y “agregó información puntuable fuera de plazo”, entre otros elementos que a juicio de Pop TV son irregulares.

Durante la conferencia de prensa las autoridades fueron consultadas sobre esas acusaciones. Ortuño afirmó que “si hay debate (…) en torno a esta cuestión es porque hubo un proceso con participación democrática como nunca existió en el Uruguay” y “lejos de afectar la transparencia” eso generó que todos tuvieran “la posibilidad de criticar, de formarse su propia opinión”.

El subsecretario dijo que los demás interesados “tendrán la posibilidad de recurrir por vía administrativa, presentar sus observaciones, sus críticas, mediante recursos jurídicos” que el gobierno va “a contestar y procesar como corresponde”. También aventuró que “probablemente haya recursos de otros participantes del proceso, ya sean nuevos o actuales operadores que también legítimamente puedan entender que las condiciones que se establecen en este proceso hacia la televisión digital puedan legítimamente desde su punto de vista presentar algún reparo”.

No obstante, Ortuño afirmó que el Consorcio Giro presentó “en plazo, en tiempo y en forma” el certificado de estar al día con el BPS, que fue emitido el 17 de abril del 2013, y que la acreditación de la garantía de mantenimiento de oferta y de contrato data del 12 de julio del 2013. Por lo tanto, dijo, el 15 de julio, el día que se presentaron las propuestas, ambos documentos estaban vigentes.

Ortuño también negó que se haya presentado información fuera de plazo y afirmó que la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) “estaba facultada para solicitar ampliación de información”.

Explicó que los elementos que surgieron en los descargos que presentó Giro ya estaban planteados “en el momento original” y que durante la vista lo que se hizo fue “clarificar, explicitar y desarrollar” esas cuestiones, como el patrimonio aportado por los cooperativistas y las herramientas financieras. Ortuño admitió que la previsión incluida en la ley de cooperativas “no había sido correctamente referida en el informe y en la recomendación original”.

De todas formas los integrantes de Pop TV tienen decidido que iniciarán acciones administrativas y judiciales porque consideran que hicieron todo “en tiempo y forma”, según informaron fuentes vinculadas a ese consorcio. Ya empezaron a evaluar las diferentes estrategias posibles y tienen previsto difundir una declaración pública hoy jueves.

Debate interno. En los últimos días se registró un debate en el oficialismo sobre el tema. La Mesa del Frente Líber Seregni (FLS) emitió el martes 15 una declaración pública en la que puso en duda “las condiciones de equidad y transparencia que requiere una definición tan relevante como la que está en juego”, planteó que “no están dadas las condiciones para asignar las cinco licencias correspondientes al área metropolitana y por lo tanto” demandó “postergar” la decisión.

Antes de emitir la declaración, la dirección del FLS discutió si comunicarla previamente a Mujica. La única persona que era partidaria de informar al presidente era la ministra de Turismo, Liliam Kechichian. “Es verdad, es un riesgo quedar aislados pero a veces sirve y nos permite marcar perfil y que la gente vea cómo actuamos. No es un problema”, dijo a Búsqueda uno de los principales dirigente del FLS.

La postura del astorismo, que tuvo como principales voceros públicos al dirigente Esteban Valenti y a uno de los vicepresidentes del Frente Amplio, el senador Rafael Michelini, molestó al resto del Frente Amplio y generó preocupación en la Torre Ejecutiva.

“Me arrinconaron con esa declaración y no me dejaron alternativa. No me avisaron ni vinieron a hablar conmigo”, se quejó el presidente días atrás a uno de sus allegados a propósito del comunicado del FLS.

 

Búsqueda, 24 de octubre de 2013

 

 

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