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Ley de Medios: las modificaciones son “neutras”

Los abogados Martín Risso y Juan Pablo Cajarville, expertos en derecho constitucional y administrativo, respectivamente, señalaron ayer ante la Comisión de Industria de la Cámara de Diputados que las más de 80 modificaciones que el Poder Ejecutivo planteó en el proyecto de Servicios de Comunicación Audiovisual no solucionan buena parte de los defectos de la iniciativa.

“Desde el punto de vista jurídico, la mayoría de las modificaciones son neutras; algunas son buenas y otras empeoran la situación. Pero las cosas más complejas no se salvaron”, dijo Risso ayer a El País.

Cajarville, por su parte, señaló que “en general” las modificaciones propuestas “son positivas” pero objetó que “no en todos los casos se adoptó el camino que correspondía”.

Los dos expertos cuestionaron que el Consejo de Comunicación Audiovisual (que pasará a depender del Ministerio de Industria y no de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto como se había propuesto originalmente) concentrará mucho poder, ya que controlará y será responsable de aplicar sanciones a los medios de comunicación que incurran en incumplimientos.

Según Cajarville, correspondería que las sanciones sean dispuestas por el Poder Judicial, a través de un proceso abreviado similar al que se prevé para las acciones de amparo.

Risso señaló que el Consejo de Comunicación Audiovisual debería ser “un órgano absolutamente independiente del Poder Ejecutivo” y cuyas resoluciones tendrían que ser impugnadas ante los tribunales de apelaciones civiles del Poder Judicial. “Cuando la DGI clausura un local comercial por determinada cantidad de días no lo puede hacer por sí misma, sino que tiene que ir a un juez. Acá se quiere tener la posibilidad de revocar permisos de medios de comunicación sin orden judicial”, señaló.

Cajarville, consultado luego de su comparecencia al Parlamento, dijo a El País que con la salida del Consejo de Comunicación Audiovisual de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto se salvan cerca de 15 inconstitucionalidades que él había advertido semanas atrás. Pero criticó el excesivo poder que tendrá ese órgano: “Si la dictadura hubiera tenido una ley como esta se hacía una fiesta”, opinó.

NO SE RESPETA EL ARTÍCULO 13 DE LA CONSTITUCIÓN

El abogado constitucionalista Martín Risso, responsable de la Cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad Católica, dijo que la obligación que plantea el proyecto de ley de SCA para que los canales de televisión deban emitir un 60% de programación nacional viola el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que regula en qué situaciones los gobiernos pueden establecer medidas que afecten la libertad de expresión.

 

El País, 10 de octubre de 2013

 

 

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