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Diálogo para fortalecer el acceso a la información pública

Hizo bien la bancada de Senadores del Frente Amplio en retirar de la rendición de cuentas una reforma a la ley de derecho de acceso a la información pública que era regresiva. Pero el episodio dejó al desnudo una inocultable realidad: hay un sector de la izquierda que piensa que la transparencia y el acceso a la información pública son un obstáculo para gobernar. Como también es cierto que hay un sector de la oposición que hoy defiende la transparencia, pero que cuando era gobierno pudo y no quiso aprobar esta ley. El debate en el Parlamento no es más que el reflejo de los malos entendidos que existen en torno a esta revolucionaria norma que produce tensiones en algunas burocracias estatales, el poder político y la sociedad. Cinco años después de aprobada la ley de acceso a la información, el secretismo sigue impreso en el adn, no sólo del Estado, también de la clase dirigente. Es notable ver cómo la misma persona cambia sus convicciones sobre la transparencia según se encuentre de un lado u otro del mostrador.

Retornemos al comienzo de esta historia: el acceso a la información es un derecho fundamental de todas las personas, es además un prerrequisito para proteger otros derechos y una condición habilitante de la participación ciudadana. Por ello, reformar este derecho a las apuradas, o recortarlo a la medida de algunas burocracias o jerarcas que prefieren no dar explicaciones, nos llevaría de regreso a prácticas antidemocráticas.

¿Qué está pasando con la ley de acceso en la práctica? Cada vez más actores la utilizan (estudiantes, académicos, activistas, organizaciones, dirigentes políticos e incluso legisladores de la oposición). Esto que es bueno para las reglas democráticas trastoca la lógica de la política tradicional, que obedece a la necesidad de abroquelarse tras las decisiones del gobierno y ocultar aquella información que puede ser incómoda. Pero aunque los motivos para pedir información puedan ser variados (desde informarme, querer participar, proteger mis derechos o simplemente molestar al gobierno desde la oposición), al final del día la herramienta fortalece un debate democrático informado y posibilita que las organizaciones y la gente puedan participar de la toma de decisiones.

También es cierto que la ley incomoda a las burocracias más poderosas del Estado (como pasa con algunas empresas públicas, no con todas), y ese sentimiento se traslada hacia los jerarcas políticos; estamos asistiendo a una reacción contra la ley: se clasifica información como reservada o confidencial al barrer; se extienden los plazos para responder; se impide el acceso a la información ambiental que las convenciones internacionales y la propia Constitución protegen como pública; se aplican las excepciones a la publicidad con tanta liviandad que cuesta creerlo; se firman cláusulas de confidencialidad con empresas para invisibilizar información que por ley debe ser pública; y en general los jueces no conocen cómo funciona el derecho a la información y no garantizan su cumplimiento cuando un caso de hábeas data llega a los juzgados. Y así podríamos seguir.

La agenda de acceso a la información, transparencia y datos abiertos está estancada. Hay que definir un diseño institucional acorde al desafío que tenemos por delante como país en este tema; definir si las sociedades anónimas del Estado y los emprendimientos público-privados deben seguir fuera de la ley; definir si las empresas públicas por el solo hecho de estar en competencia pueden actuar en secreto; y sancionar a los que ocultan información; definir los temas vinculados a la diseminación de información tales como: datos abiertos, software libre, propiedad intelectual de la producción creativa impulsada por el Estado.

Por todo ello, y la magnitud del tema, es aconsejable abrir un espacio técnico, con participación de diversos actores (Estado, Parlamento, sociedad civil y academia), para evaluar estos cinco primeros años con ley de acceso a la información y definir cómo seguir caminando hacia un futuro de mayor apertura y menos tensiones en este tema. Al fin y al cabo, este será un indicador clave de nuestra madurez democrática, tan sobrevalorada en el exterior.

 

Brecha, 18 de octubre de 2013 – Edison Lanza

 

 

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