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Bancada del FA retiró artículo que limitaba acceso a información pública

Así lo anunció la senadora Topolansky. La discusión de la Rendición de Cuentas comenzó con una fuertes controversias por el gasto de Estado y el “amiguismo político”. 

El Senado comenzó hoy a discutir el proyecto de Rendición de Cuentas del ejercicio 2012. 

Tal como lo adelantara hoy El País, la bancada del Frente Amplio retiró del proyecto de Rendición de Cuentas el polémico artículo que ampliaba las limitaciones al acceso a la información pública.

El planteo lo hizo la senadora Lucía Topolansky en sala, anunciando “el compromiso” del Frente Amplio de enviarlo a la comisión de Educación y Cultura para que se analice “responsablemente” y se apruebe antes de fin de año.

Su colega el senador Rafael Michelini apoyó el planteamiento recordando que la intención del Poder Ejecutivo es que “haya acceso a la información pero de forma responsable”.

“Un tiempo más de análisis en la comisión no significa que vayamos a eludir los problemas que nosotros consideramos que hay” con el acceso a determinada información, apuntó el senador del Nuevo Espacio.

Michelini dijo que en la bancada del oficialismo hay más de una opinión al respecto y fijó el plazo límite del 15 de noviembre para que haya una definición. En caso contrario, se impulsará como está redactado hoy.

En el texto aprobado por la Cámara de Diputados, ahora desglosado de la Rendición, se creaba una nueva excepción al acceso a la información pública, en la cual los organismos estatales podían ampararse para decretar una información como “confidencial” luego de realizado el pedido.

La oposición rechazó este artículo que, a su vez, dividía a la bancada oficialista.

También ayer se postergó hasta hoy el tratamiento del artículo 120 modificado en comisión. Este artículo permite la salida transitoria de reclusos que concurran a trabajar sin la autorización judicial que hasta ahora era exigida.

Los reclusos serán autorizados a trabajar o estudiar por el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) y deberán estar acompañados con custodia policial.

Controversia.

Las primeras intervenciones marcaron una fuerte controversia por los gastos de Estado, entre los senadores Héctor Tajam (MPP) y Gustavo Penadés (Herrerismo).

Al presentar su informe, Tajam explicó que este proyecto tiene una asignación presupuestal nueva de unos US$ 70 millones. Detalló, entre otros, el destino de los recursos adicionales y aseguró que en pesos corrientes son unos $ 1.600 millones, el 60% de los cuales se destina a aumentar los recursos de ANEP, particularmente los salarios de sus funcionarios. 

Más que referirse estrictamente al contenido del proyecto, el senador nacionalista Gustavo Penadés se enfocó en cuestionar el sistema de tratamiento de la Rendición y la forma como el Poder Ejecutivo se maneja respecto del Parlamento.

El legislador aseguró que frente a preguntas concretas sobre la Rendición hubo varios organismos que se comprometieron a enviar información y no lo hicieron. “Así en el siglo XXI no se puede controlar al Poder Ejecutivo y el resto de los organismos estatales en la forma como se controlaban a mediados del siglo XX”, subrayó.

Amiguismo.

El senador nacionalista Luis Alberto Heber marcó que el Estado no devuelve en servicios lo que la población aporta con sus impuestos, particularmente en las áreas de la salud, la vivienda, la educación y la seguridad.

Criticó la política de subsidios con US$ 23 millones para AFE, más de US$ 50 millones en la cerrada empresa Pluna, y otros US$ 26 millones en la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande.

“¿Cuánto más dinero vamos a poner en esos barriles sin fondo?”, preguntó.

Heber criticó fuertemente la política de obra pública y la de vivienda y
señaló el gasto del Estado en cargos de confianza. El legislador comentó que en el gobierno de Tabaré Vázquez hubo 37 cargos de confianza y ahora suman 271.

“Por año se gastan US$ 7 millones en cargos de confianza, más US$ 3 millones en adscriptos a los ministros más US$ 25 millones en funcionarios considerados imprescindibles. Yo pensé que imprescindible no hay nadie. Que los imprescindibles estaban todos en el cementerio”, ironizó Heber.

“Eso es amiguismo, compañeros, aparato político. Son US$ 36 millones por año, casi US$ 180 millones en los cinco años de este gobierno”, añadió.

El senador oficialista Enrique Rubio aceptó los números de Heber en cuanto a que se ha aumentado la cantidad de cargos políticos a 271, y defendió la forma de gobernar. “Estamos de acuerdo” en que haya esa cantidad de cargos políticos, “porque es la única forma de conducción política. No es un problema para nosotros, sino una solución”, precisó Rubio.

 

El País, 01 de octubre de 2013

 

 

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