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Advierten que ley de medios limita “libertad editorial”

El abogado Martín Risso advirtió ante el Parlamento que la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual limita la libertad editorial de los medios. Advirtió a los diputados que de aprobarse tal como está redactada “generará problemas”.

El constitucionalista Martín Risso Ferrand consideró “contradictorio” y “explosivo” el artículo 16 del proyecto de Servicios de Comunicación Audiovisual porque pone límites a la libertad editorial de los medios.

El artículo 16 establece que “los titulares de servicios de comunicación audiovisual tienen derecho a la libertad editorial, lo cual incluye la determinación y libre selección de contenidos, producción y emisión de la programación de conformidad con los principios y finalidades reconocidos en esta ley y en el marco de lo establecido en la Convención Americana de Derechos Humanos”.

Al comparecer ante la comisión de Industria de la Cámara de Diputados, Risso consideró que la redacción del artículo “achica” la libertad editorial de los medios.

“Esto es absolutamente contradictorio porque hay una cantidad de limitaciones que establece la ley que no coinciden con esa Convención. Creo que el agregado que se hizo tiene un problema, resulta contradictorio y genera cierta perplejidad. ¿Qué es lo que se va a aplicar? ¿Las limitaciones de la ley? Esa era la solución en el proyecto original, pero al mencionar a la Convención Americana de Derechos Humanos nos encontramos que muchas de las limitaciones son contrarias a esa Convención; o sea que acá hay un problema verdaderamente importante”, afirmó.

“El artículo 16 empieza reafirmando la libertad editorial. Es fantástico. Todos estamos de acuerdo. Me parece muy bien que comience así. El problema era que, después, el proyecto original decía: `de conformidad a las obligaciones que como servicio de interés público son inherentes a la comunicación audiovisual y a los fines y principios de esta ley`. O sea que no era cierto: la libertad aparecía en la primera parte, pero después la limitaba. Es la libertad dentro de la regulación. No quiero hacer ninguna imputación ni comparación inapropiada, pero es como aquel concepto sobre la reforma de la Constitución, de 1980: libertad dentro del orden. Era algo que estaba verdaderamente mal”, sostuvo Risso en referencia a conceptos de la dictadura militar.

Explicó que “la modificación que se le hizo no fue sacar `de conformidad` y dejar simplemente la libertad, sino mantener `de conformidad con los principios y finalidades reconocidos en esta ley y en el marco de lo establecido en la Convención Americana de Derechos Humanos`. Eso es lo contradictorio, porque la ley establece una cantidad de requisitos, de obligaciones y de fines que son incompatibles, contrarios a la Convención Americana”.

“Este es un artículo explosivo -afirmó-, que va a generar una cantidad de problemas. Algún intérprete podrá tratar de priorizar la aplicación de la ley y otros dirán: `No; es en el marco de la Convención Americana`. Hay algunas disposiciones de este proyecto de ley que son contrarias al artículo 13 de la Convención. Esa es la contradicción”, afirmó.

El artículo 13 de la Convención alude a la libertad de pensamiento y de expresión.

Por su parte, el catedrático Juan Pablo Cajarville advirtió que las sanciones que impone la ley ante incumplimientos de los medios no respetan el principio de proporcionalidad y pueden llevar a la autocensura.

La ley prevé que la multa a aplicar puede llegar a US$ 1.500.000. “Si hay algún servicio de comunicación audiovisual que comete una infracción de tal gravedad que justifique esa multa, bueno, que se inicie el proceso de revocación. Esa multa es extraordinariamente grave, y realmente es un arma de mucho peso para imponer la autocensura de los servicios”, afirmó Cajarville.

Acotó que “necesariamente deben asegurarse las garantías del debido proceso y las sanciones han de ser impuestas por una autoridad administrativa cuando son sanciones administrativas, pero tienen que ser impuestas por un Juez cuando se trate de sanciones penales disfrazadas de administrativas”.

“Creo que es verdaderamente importante se puede afectar negativamente la calidad de la libertad de expresión del pensamiento en el Uruguay y generar problemas para todo el funcionamiento del sistema democrático”, sentenció.

 

El País, 11 de octubre de 2013

 

 

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