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Última tanda: El pulido del proyecto de la “ley de medios”

Las modificaciones que el gobierno y la bancada del Frente Amplio realizarán al proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual (lsca), tomando en cuenta los elogios y las recomendaciones del relator de la onu, desactivarían algunos reparos sustanciales que diversos actores empresariales, académicos y políticos han opuesto a la iniciativa. El frente opositor insiste en referirse a la “ley mordaza” y a su inoportunidad.

El gobierno está terminando de pulir varias modificaciones al proyecto de ley que presentó al Parlamento el 22 de mayo y que regulará los servicios de comunicación audiovisual –radio y televisión– de Uruguay. Algunos de los 183 artículos que limitan los monopolios, establecen cuotas de producción nacional, acceso a personas discapacitadas, protección de la niñez, reconocen la libertad de expresión, la independencia de los medios, la libertad editorial y la prohibición de la censura serán revisados atendiendo diversas recomendaciones. Tras haber escuchado a más de 20 delegaciones (empresariales, sociales y académicas) en la Comisión de Industria de Diputados, se concretó una primera reunión, la semana pasada, entre el Ejecutivo y la bancada oficialista para listar los posibles cambios. Estiman que en la primera quincena de octubre sería votado, ya que “el peinado artículo por artículo llevará su tiempo”, aseguró a Brecha el diputado Carlos Varela (Asamblea Uruguay).

Uno de los cambios sustanciales refiere a la integración del Consejo de Comunicación Audiovisual (cca), previsto para controlar la aplicación de la lsca. El proyecto original establecía que los cinco miembros serían nombrados por el Poder Ejecutivo, tres con venia del Senado. Pero atendiendo a las críticas recibidas de diferentes tiendas, sólo el presidente del organismo será nombrado por el gobierno. Los otros cuatro serán votados por mayoría especial en el Parlamento con un criterio similar al seguido con la Institución Nacional de Derechos Humanos (inddhh), lo que garantizaría mayor consenso político. “El organismo tendrá independencia del poder político, incluso en cuanto a su ubicación institucional porque ya no estará en la órbita del Ejecutivo sino bajo control parlamentario”, explicó Varela. Sigue en discusión si se ampliarán sus competencias, tal como lo recomendó el relator de la onu (véase recuadro).

La eliminación del polémico párrafo que define a los servicios de comunicación audiovisual como un “elemento estratégico para el desarrollo nacional” (artículo 4) será otro de los cambios, según señalaron a Brecha desde la Torre Ejecutiva. Este tramo de texto ha sido cuestionado porque habilitaría al gobierno de turno a obligar a los medios a alinearse con sus objetivos estratégicos. Pero no se quitará –a pesar de las críticas en el mismo sentido– el que afirma que los servicios de comunicación audiovisual son de “interés público” (artículo 5), aunque podría corregirse la redacción que establece que los medios estatales son servicios públicos y evitar así “falsas contradicciones”.

Acerca de los principios y fines de los servicios de comunicación (artículo 6), el Ejecutivo incluirá una aclaración expresa de que se trata de “orientaciones” y no de “obligaciones” a controlar. A pesar de que el proyecto no establece sanciones y que el gobierno insistió en que incluyeron principios generales (pluralismo, diversidad, inclusión de grupos sociales vulnerables, no discriminación, etcétera), hay quienes cuestionaron que operarían como instrumentos sancionatorios. Así lo entendió Claudio Paolillo, director de Búsqueda y presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa (sip): “Se carga a los cinco reguladores de una responsabilidad tremenda porque van a tener que dirimir si cada contenido fue plural, diverso, si discriminó, si fue respetuoso, inclusivo o prejuicioso. Y es muy difícil definir eso porque no hay un ‘pluralómetro’ sobre cuán plural es un contenido”, argumentó a Brecha.

TODO POR LOS NIÑOS. El gobierno defiende que la regulación de los contenidos está acotada (cinco en 183 artículos) y limitada a proteger a la niñez y la adolescencia (artículos 30 a 33) y desestimular la discriminación o el racismo (artículo 27). Dos de esos artículos ni siquiera refieren a los contenidos informativos o periodísticos, sino a limitaciones a la publicidad dirigida a la niñez. A pesar de ello, Varela confirmó a Brecha que “redefinirán” algunos términos –como la truculencia– pero sin quitar las limitaciones ya establecidas.

Además de que la regulación es muy similar a la que existe en España, Estados Unidos, Chile o Argentina, y de que fue asesorado por técnicos de la unesco y unicef, el gobierno asegura que esos contenidos fueron debatidos y acordados con las cámaras empresariales, las agencias de publicidad, los periodistas agremiados, las universidades y las organizaciones de la sociedad civil que discutieron durante varios meses de 2010 en el Comité Técnico Consultivo (ctt). La regulación de contenidos en lo que atañe a la niñez fue votada por unanimidad de todos los partidos en el gobierno de Jorge Batlle (entre las 6 y las 22 horas se prohibió difundir imágenes violentas, películas que fomenten “vicios sociales”, y hasta se reguló la publicidad engañosa). No obstante, se accederá a “simplificar” los artículos referidos a la regulación de la publicidad, puesto que el sector se quejó de la desventaja frente a los anunciantes extranjeros y a los canales de cable, que no fueron considerados por el proyecto.
El gobierno agregará también una excepción para contemplar la situación de los noticieros en vivo dentro del horario de protección de la niñez (por ejemplo frente a una guerra o una catástrofe natural), atendiendo a la recomendación del relator de la onu (véase recuadro). Frank La Rue sugirió que en casos excepcionales el comunicador pueda alertar previamente a los espectadores que serán emitidas imágenes de extrema violencia. “Es una forma –aseguró– de proteger a los niños y no dejar de informar”, aunque señaló también que el morbo violenta a la niñez y a toda la sociedad. El proyecto –aseguran desde el Ejecutivo– no tiene por objetivo regular los contenidos o condicionar la línea editorial de los medios. Los informativos televisivos, por ejemplo, podrán continuar con la crónica roja y la especialísima atención que dedican a la inseguridad porque los artículos 14 y 15 prohíben la censura previa y la utilización del poder y los recursos del Estado para presionar a los medios.

ALARMA PÚBLICA. En cuanto a las críticas de inconstitucionalidad de ciertos artículos –el experto en derecho administrativo Carlos Delpiazzo encontró 17– y de que el Estado se expondría a demandas de las empresas privadas, el gobierno corregirá la redacción de algunos términos pero no de otros. Delpiazzo cuestionó en el Parlamento que el “intervencionismo estatal” perjudicará a las empresas nacionales frente a las multinacionales y a las públicas frente a las privadas. Aseguró que el artículo 81 promueve la formación de un monopolio público –inconstitucional porque debería establecerse por mayoría parlamentaria– al habilitar únicamente a Antel y tnu a cobrar por servicios de transporte y trasmisión de información.

 “Están intentando judicializar el proyecto. Porque es opinable que sólo lo puedan hacer empresas del Estado, pero es falso que eso implique un monopolio público”, rebatió una fuente del Poder Ejecutivo a Brecha. El artículo fue incorporado para las empresas de televisión digital que deban arrendar el servicio; pero no implicaría un monopolio público porque los canales 4, 10 y 12 seguirán utilizando su propia infraestructura.

Pero para no dejar lugar a dudas se incluirá en el artículo 42 que el Estado impedirá o limitará la formación de monopolios y oligopolios privados o públicos.

A fin de asegurar la independencia de los medios públicos frente al gobierno de turno se redefinirá el Sistema Nacional de Radio y Televisión Pública de Uruguay (Snrtv) que pasará de ser un organismo de derecho público no estatal a constituirse como un servicio descentralizado. También se eliminará de la autorregulación ética de los medios el tramo final del artículo 138, que dice: “teniendo como base los principios y derechos que reconoce y promueve la presente ley”. Esa redacción fue criticada porque impondría la autorregulación desde el Estado. Desde el gobierno explicaron a Brecha que se mantendrá la exigencia de que los medios elaboren sus propios códigos de ética, pero ese tramo lo eliminarán en favor de un trabajoso consenso.

Un debate de baja visibilidad

El relator especial de la onu para la promoción y protección de la libertad de expresión, Frank La Rue, felicitó al gobierno uruguayo por el proyecto de lsca. Contra la opinión de las cámaras empresariales y de la oposición, destacó en la Torre Ejecutiva que “esta ley democratiza los medios audiovisuales y facilita la libertad de expresión. Vine a felicitar al presidente Mujica y a su gobierno por tomar esta iniciativa y presentarla al Parlamento”. Aseguró no haber visto en el mundo un proceso tan “consultado” como el uruguayo y opinó que podría convertirse en un modelo a seguir en el continente. Consideró que las leyes de medios forman parte de una “agenda pendiente” en América Latina frente a una “visión excesivamente comercial” de la comunicación y un “ambiente arbitrario” en la concesión de frecuencias. Descartó que el proyecto contenga medidas de censura y advirtió que la protección de la niñez, los contenidos nacionales, la de grupos étnicos y la identidad de los pueblos “no deben ser consideradas jamás una mordaza”. Pero además de los elogios realizó recomendaciones sobre la difusión de imágenes violentas en los noticieros durante el horario de protección a la niñez , modificaciones a la integración y atribuciones del cca y revalorización de la comunicación pública con medios autónomos y solventes (puso como modelo a la bbc de Londres). Las coberturas periodísticas de varios medios uruguayos oscilaron entre el silencio absoluto o la difusión únicamente de las recomendaciones de La Rue.

En cambio, dos días después, las cámaras de televisión y decenas de micrófonos cubrieron con lujo de detalles el seminario organizado por el Instituto Manuel Oribe. Frente a un auditorio colmado de dirigentes blancos y directivos de canales, participaron tres periodistas uruguayos, a título personal pero vinculados a los medios que resisten el proyecto, y uno argentino opuesto a la ley de medios de su país. La defensa del proyecto recayó en el prosecretario Diego Cánepa. A contrapelo de Frank La Rue, el periodista Nelson Fernández disparó contra el proyecto: “Esta bosta es más bosta que la marihuana”, parafraseando al diputado Darío Pérez. Washington Beltrán, de El País, afirmó que la libertad de expresión quedará en manos de “burócratas dependientes del gobierno de turno”. El gerente de noticias de Telenoche, Claudio Romanoff, alertó de los “enormes riesgos” para la libertad de expresión, los periodistas, la televisión y el público. “Que me digan cuándo este gobierno quiso presionar a los medios”, reclamó Cánepa, visiblemente molesto. Pidió que “estudiaran” el proyecto antes de decir “pavadas”, cuestionó que sólo se refirieran a algunos artículos e increpó que “hay que fundamentar lo que se dice”. Claudio Paolillo parece tener una visión más matizada: explicó a Brecha que no cree que se esté ante una “ley mordaza”, aunque sí piensa que el texto posee artículos inconvenientes.

 

Brecha, 20 de setiembre de 2013 – Marcos Rey
Foto: Juanjo Castel

 

 

 

 

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