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Pocos organismos cumplen Ley de Acceso a Información

Un porcentaje muy pequeño de los organismos públicos clasificó su información como pública o reservada de la forma y en el tiempo que exige la Ley de Acceso a la Información Pública. El Instituto Nacional de Estadísticas, la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el Tribunal de Cuentas de la República y la Corte Electoral no la clasificaron en absoluto.

La Ley de Acceso a la Información Pública habilita a los individuos a hacer pedidos de información de los organismos públicos. Estos, por su parte, cuentan con un amparo para no entregar cierta información: pueden clasificarla por adelantado como “reservada”. “Por adelantado” es la frase clave, ya que saber de antemano cuál es la información pública o reservada asegura que el proceso de pedidos sea transparente.

La ley estableció un plazo primario para clasificar la información y luego extendió el mismo hasta julio del 2012, con el objetivo de que los organismos públicos realizaran una clasificación masiva. De acuerdo a un informe elaborado por el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo), un porcentaje muy pequeño de los organismos públicos presentaron la clasificación en fecha y muchos no lo hicieron en absoluto.

Sólo dos de los 38 organismos departamentales (intendencias y juntas departamentales) presentaron la declaración en fecha. De los ministerios, sólo cinco de un total de 13. Lo mismo ocurrió con nueve de las 17 empresas públicas y servicios descentralizados, siete de las 24 personas públicas no estatales y cuatro de ocho oficinas de los organismos dependientes de Presidencia.

Pese a la cantidad y la importancia de la información que manejan, el Instituto Nacional de Estadísticas, la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el Tribunal de Cuentas de la República y la Corte Electoral no presentaron clasificación de información.

Además, el estudio muestra que de los organismos que efectivamente presentaron su clasificación en fecha, aproximadamente el 11% de los mismos practicó la “prueba de daños”: es decir, el 89% restante clasificó información como reservada sin demostrar los daños que causaría que la información estuviera en manos del público.

Lea el informe completo.

 

El Espectador, 05 de setiembre de 2013

 

 

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