/ El País / Más sobre la Ley de Medios

Más sobre la Ley de Medios

Invitado por nuestro gobierno llegó al país el relator para la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión de las Naciones Unidas, Frank La Rue. En su comparecencia ante la Comisión de Industrias de Diputados, que analiza la Ley de Comunicaciones Audiovisuales, expresó su opinión favorable a la misma junto a algunas recomendaciones para mejorar su texto. Su intervención, ajena a las exigencias del derecho público uruguayo, se enmarcó en la clásica ambigüedad de muchos burócratas internacionales, particularmente cuando son invitados oficiales, en el caso más impresionado por las declaraciones generales con que el proyecto se autoalaba que por su alcance normativo. Aunque este comentario se limite al texto remitido por el Poder Ejecutivo el que aparentemente sería modificado.

Ocurre que el relator de ONU no advierte que los defectos de la ley no conciernen únicamente a su regulación de contenidos, sino que atañen al espíritu estatista con que está concebida. Nadie discute que las frecuencias radioeléctricas son un bien público razón por la cual deben ser asignadas “con sentido de equidad y justicia”. Especialmente en lo que refiere a su concesión a particulares y al propio Estado. Pero ello, que constituye un principio elemental de derecho, en nada autoriza la limitación de contenidos ni a la creación, por vía indirecta, de un monopolio para la trasmisión de datos de Internet en provecho de Antel, como se hace ante la indiferencia de La Rue.

El proyecto expresa en su artículo cuarto que los medios de comunicación audiovisual “son un elemento estratégico para el desarrollo nacional”, en una definición sobre su naturaleza que condiciona decisivamente su interpretación y la de su función. Ahora bien ¿qué es el desarrollo nacional?, ¿cuál es su alcance y quién lo determina? ¿En qué medida los contenidos radiales y televisivos deberán adecuarse a ese objetivo indefinido y vago? Solo en este punto el proyecto responde claramente, la interpretación primaria queda a cargo de un órgano colectivo designado por el Poder Ejecutivo, siendo este último quien aplica sanciones y determinada los alcances de la ley. Al relator de Naciones Unidas no le gusta esta subordinación y propone que el organismo regulador sea escogido por el Parlamento. Pero con ello, si bien mejora la representatividad de este Consejo no impide que el Poder Ejecutivo siga siendo el principal regulador, al que en primera o última instancia se remite la aplicación de la norma y de las decisiones en su marco. Lo que lo convierte en el poder decisivo. Algo similar a lo que ocurre con los contenidos, severamente limitados en el horario de protección al menor que abarca prácticamente la totalidad del tiempo útil de emisión y cuyo contralor también tendrá carácter administrativo. Con lo cual y sin exagerar todos nos transformaremos en menores, amparados en la severa protección del padre- presidente, a salvo de los avatares del mundo.

Lo que resulta una pena es perder la ocasión para estimular la autorregulación ética de medios y periodistas y al tiempo dotarnos de una legislación de avanzada que inspirada en ejemplos extranjeros, como es el caso de la BBC, estatuya con designación y controles legislativos y por mayorías especiales, organismos regulatorios totalmente independientes del gobierno de turno. Entonces sí contaríamos con una verdadera ley de avanzada.

 

El País, 09 de setiembre de 2013 – Hebert Gatto – Opinión

 

 

Comments are disabled

Comments are closed.