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Las minas y los medios

La aprobación de la “megaminería” y la discusión sobre la “ley de medios” fueron los temas clave de la semana que pasó. Entre otras cosas, la discusión volvió a dejar en evidencia una dolorosa pobreza del debate público en Uruguay a la hora de enfrentar temas importantes. No se contrastan posturas, no se buscan aportes. Todo parece reducirse a un choque de opuestos, más propio de una discusión de fútbol que de una búsqueda constructiva de lo mejor para el país.

La ley de minería es un ejemplo claro de esto. En medio de la línea de fuego entre los operadores de la empresa y los radicales naturistas, el ciudadano que se esforzó por entender un poco los reales peligros y las posibles bondades del proyecto, se ha visto absolutamente huérfano. El acuerdo interpartidario previo, tal como es costumbre, voló por los aires en el Parlamento, y el gobierno apeló a su mayoría automática para sacarlo adelante.

Dos elementos revelan lo ingrato que resulta intentar enfocar el asunto desde una perspectiva abierta. Por un lado las palabras del presidente Mujica, oasis de ponderación y amplitud, que dijo que los únicos que se oponen son ecologistas de salón y estancieros que temen tener que aumentar el sueldo a los peones. Vale señalar que el 46% de los uruguayos está en contra del mismo. Por otro, que al único debate televisivo sobre el punto, ninguno de los 16 senadores oficialistas aceptó concurrir. Según explicó el periodista Miguel Nogueira, algunos dijeron que se iban de viaje, otros que no les gustaban los debates, y no pocos admitieron que no habían estudiado el tema. Confesión perturbadora, cuando estamos ante un proyecto que puede cambiar el perfil económico y hasta geográfico del Uruguay. Y que muestra que quienes deben decidir en estos temas por nosotros, lo hacen según la orden partidaria y no por un análisis a conciencia.

Casi peor ha sido lo de la “ley de medios”. En esta semana tuvimos la visita de Frank la Rue, relator de la ONU para la libertad de expresión, quien de acuerdo a esta moda de que burócratas internacionales aterricen a dar cátedra de todos los temas, iluminó a nuestros legisladores sobre lo que está bien y lo que está mal en la materia. La manera en cómo los políticos y varios medios enfocaron su aporte, cada uno señalando lo que convenía a su postura e ignorando lo que podía afectarla, fue otra muestra del problema. Asimismo, el conjunto de pequeños grupos radicalizados favorables a la ley lanzó una campaña en su apoyo, con aportes que van desde figuras de la cultura a activistas profesionales, de aguerridos rockeros hasta funcionarios públicos. Incluso gente que reúne todas esas características. Sólo en Uruguay.

Con honestidad, el señor la Rue fue de los pocos que mostró un discurso racional sobre este tema, en medio de un debate donde algunos creen que la ley será por fin la oportunidad de desbancar al nido de oligarcas que ellos imaginan detrás del mapa de medios actual en el país, y otros la denuncian como si fuera una plaga bíblica.

La realidad muestra que el proyecto tiene aspectos positivos. Por ejemplo diseñar un proceso predecible de asignación de señales, consagra algunos derechos básicos de libertad de expresión, y busca poner fin a algunas situaciones polémicas en materia de menores de edad. Pero también las tiene negativas, ya sea desde la forma de elección de las autoridades reguladoras, pasando por conceptos difusos de alta peligrosidad, y en general un tono paternal e intervencionista que revela una profunda desconfianza en la capacidad individual de la gente de valorar el mensaje que recibe de los medios.

Pero más allá de esto, el proyecto prevé cosas que ameritarían un debate más abierto. Por ejemplo, los amplios requerimientos de programación “nacional” que exige a los operadores, sin que se haya exhibido un solo estudio serio de que el mismo es viable y realista. Segundo, la consagración de un monopolio de Antel en determinadas áreas de la comunicación, que estaría reñido con la Constitución, y cuyas implicancias a futuro parecerían exigir un debate específico, y no sepultado discretamente en un proyecto de 183 artículos.

En resumen, cuando se disipa el humo de las consignas al mejor estilo barra futbolera, el debate público de estos días deja un sabor amargo de precariedad, de falta de estudio serio, de discusión constructiva y profesional. Algo que permita a los ciudadanos entender para dónde es que realmente sus representantes están llevando al país.

 

El País, 09 de setiembre de 2013 – Martín Aguirre – Opinión / Director de El País

 

 

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