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“La legislación no logra seguir los avances de las comunicaciones”

El experto Pablo schiavi dice que algunos cambios a la ley de acceso a la información son positivos.

El abogado, magíster y profesor de Acceso a la Información Pública, Pablo Schiavi, afirmó a El Observador que algunos de los cambios a la ley de acceso a la información pública previstos en la Rendición de Cuentas son positivos para evitar el secretismo. Asimismo, advirtió acerca del “valor comercial” que tienen las bases de datos y aseguró que “el uso irresponsable de las redes ya está teniendo consecuencias”.

¿Es suficiente el marco legal uruguayo con respecto al acceso a la información pública y de datos?
Depende del punto de vista en que lo miremos. Desde el año 2008 el país cuenta con una ley de acceso a la información pública y una ley de datos personales. Ambas leyes son muy modernas. Pero el mundo de las telecomunicaciones, de las redes sociales, de la informática, cambia minuto a minuto y nuestra legislación no acompasa todos esos nuevos cambios y posibilidades de publicar información en formato digital. Ahí está el déficit legislativo de hoy.

¿En qué casos se puede acceder a la información de datos privados?
Por lo que está consagrado en el país, en búsqueda de establecer determinado delito, lo que la Policía hace es, primero, pedir autorización judicial. Es el Poder Judicial el que autoriza, o no, al Ministerio del Interior a proceder la escucha. Y después la Policía, con esa autorización del juez, va a la operadora telefónica y la escucha queda habilitada. Sin orden judicial, nunca se puede proceder a una escucha y ninguna operadora permitirá el acceso a las conversaciones de un cliente.

En la Rendición de Cuentas se modificó la ley de acceso a la información para restringir que algunos datos sean inaccesibles, ¿empeorará el acceso a la información entonces?
En cuanto a los artículos que están proyectados hay uno que es positivo porque se refuerzan las potestades del órgano de control. Como está hoy la ley, cualquier organismo puede clasificar su información como reservada o confidencial, porque los secretos solo siguen fuente legal y no habría nadie que pudiera cuestionarle si lo que clasificó, lo clasificó bien. Con el artículo que está proyectado la unidad de acceso tendrá esa posibilidad.

Luego, hay otro artículo que refiere a las posibilidades en cuanto a poder reservar algo en el momento que lo piden. Hoy solo estaba prevista la previa reserva, y si había un error después no se podía clasificar en reservado y abría como una especie de puerta a la que el Estado terminaría dando información que debiendo haber sido reservada no se había reservado. En ese sentido, no lo veo como una restricción. Lo importante es si la información es o no reservada.

Otro artículo habla de la información de determinado tema que estaba en un ministerio o antes de ser un proyecto de ley. El proyecto de ley es público una vez que se remite al Parlamento. Es un riesgo muy alto que se dé información hasta que no haya una posición clara.

Secundaria negó información al suplemento Qué pasa de El País porque la ley de educación establece que no se pueden dar datos de cada liceo para no estigmatizar. Pero la ley de acceso a la información permite acceder a esos datos. ¿Cómo se conjuga un derecho con otro?                                                                         

Eso lo laudó la Justicia. El suplemento Qué pasa realizó una solicitud de acceso a la información pública. Como el organismo la negó, el medio entabló lo que se llama acción de acceso a la información pública ante la justicia competente. En este caso, el doctor Pablo Eguren le dio plazo hasta el 3 de octubre para conseguir esa información y dársela a la prensa. La Justicia entendió que no correspondía que esa información se haya reservado del conocimiento público.

¿Trae algún riesgo tener equipamiento como El Guardián?
En primer lugar, en el derecho uruguayo la interceptación legal de comunicaciones existe desde la década de 1980. El Guardián es un nuevo sistema que centraliza todo lo relativo al acceso a la información de teléfonos fijos y celulares, y ahora se amplía con los correos electrónicos y redes sociales. Con respecto a las redes sociales, si yo tengo una cuenta de Facebook o de Twitter desde el momento en que comparto información, a menos que esté resguardada por políticas de privacidad, no es necesario que me lo intercepten porque ya es público.

El Ministerio del Interior resolvió que algunos datos son secretos, como la compra de aparatos para realizar espionaje. ¿Eso no atenta contra la información pública y la privacidad de las personas?
Ahí hay dos aspectos. En cuanto a la contratación administrativa, las compras secretas tienen amparo legal. Está previsto en el propio Tocaf (Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera). El punto es decir que las compras secretas son legales, pero tienen que estar fundamentadas y ser la excepción,       no la regla. En cuanto al amparo de ley de información pública, cada organismo puede declarar determinada información como reservada, que tiene que estar motivada. El Ministerio del Interior, en este caso, podrá reservarla siempre que comprometa la seguridad pública o la defensa nacional.

¿Dónde están los límites en la instalación de cámaras de seguridad? ¿Cómo se resguarda la intimidad de las personas?
No está mal la medida; lo que hay que controlar es el uso que se hace con esa información. Hay tres temas importantes: el de información pública, protección de datos y las políticas de seguridad de la información.

Hoy existen muchas bases de datos, ¿cómo puedo cuidar mis datos a fin de que no sean utilizados para perjudicarme?
Cada día son más las bases de datos que manejan información y la información es un verdadero activo, los llamados “activos de información”. La empresa da al cliente un contrato en el que especifica qué hará con los datos que le da. Hoy esas bases de datos pueden tener un valor comercial altísimo. La ley de Datos Personales obliga a que una empresa pública o privada registre qué bases de datos tiene y cuáles son los derechos de los ciudadanos para conocer qué datos tiene. Hoy, cuando alguien se presenta a un trabajo, más allá del currículum, hay empresas que ponen en Google el nombre y buscan información sobre esa persona. Ese uso irresponsable de las redes ya está teniendo consecuencias.

 

El Observador, 05 de setiembre de 2013

 

 

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