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Hablemos de lo que no se habla

El integrante de la Coalición por una Comunicación Democrática, opina sobre el proyecto de ley que regula los servicios audiovisuales. “Necesita ajustes”, dice, “pero de ahí a considerarlo una ley mordaza…”.

Uruguay discute por primera vez desde el retorno a la democracia un proyecto de ley para regular los servicios audiovisuales (LSCA). La iniciativa disparó un debate robusto y abierto, lo que habla bien de nuestra salud democrática. Ninguna norma que refiera a derechos humanos, libertad de expresión, medios de comunicación y producción audiovisual debe carecer de información, discusión y diálogo entre todos los actores involucrados.

En referencia a los medios de comunicación, el periodismo y la libertad de información, en los últimos años el Parlamento uruguayo aprobó la ley de Radiodifusión Comunitaria, la despenalización de los delitos de comunicación, la ley del Derecho de Acceso a la Información Pública y una ley de protección de los derechos de autor de los periodistas. También se reguló por decreto la asignación de frecuencias para la radiodifusión. Por esta serie de reformas, entre otras cosas, distintas organizaciones nos ubican en el primer lugar de América Latina en lo que refiere a garantías pare ejercer la libertad de expresión.

La mayor parte de estas reformas fueron resistidas en su hora por los mismos actores que hoy se oponen a la LSCA; del mismo modo, muchos de los que trabajamos en aquellas reformas, estamos empujando por la aprobación de esta ley. Pasado el tiempo, no se produjo un caos en el espectro radioeléctrico, se terminó el desfile de los periodistas ante los juzgados penales y los casos civiles por abuso de la libertad de expresión son muy pocos, y en algunos casos se trata de juicios alentados por los excesos que hubo en la cobertura de la crónica policial.

¿Por qué regular ahora el sistema de medios audiovisuales? Porque a excepción del sector comunitario –que, como vimos, ya tiene una regulación–, el resto del sistema de medios audiovisuales no se encuentra regulado y se ha conformado en forma discrecional y en algunos casos antidemocrática. Es antidemocrático que las frecuencias se hayan otorgado a dedo durante décadas; que el uso de un bien público sea objeto de transferencia hereditaria dentro de unas pocas familias; que la regulación de los medios se negocie en reuniones reservadas, entre los dueños de los medios y jerarcas de gobierno, cualquiera sea este.

También es antidemocrático y viola principios elementales de derechos humanos que el Estado mantenga y refuerce oligopolios en la comunicación, como se hizo durante años al entregar autorizaciones y licencias de radio, televisión abierta y televisión para abonados a los mismos grupos. Violenta el principio de libertad mantener los mercados de la comunicación cerrados a cal y canto por diversos mecanismos, lo que reproduce privilegios, mayorazgos y jugosas rentabilidades, algo expresamente prohibido por la Constitución. Es antidemocrático silenciar a los sectores y actores que tienen una posición diversa a la línea editorial del medio, como ocurrió varias veces en el pasado con la televisión y ocurre hoy con la discusión del proyecto de LSCA .

La regulación también apunta a terminar con una dolorosa omisión: solo el 3% de la ficción que vemos anualmente en televisión es producida en Uruguay, pese a que los operadores más concentrados han tenido asegurada durante décadas una importante rentabilidad. Todo esto pasó en Uruguay, pero es un esquema que sobrevive hasta el presente. El Observador publicó las presiones que hubo de los canales privados cuando el presidente José Mujica decidió abrir a concurso la Televisión Digital Terrestre, en una decisión absolutamente legítima de un gobierno democrático. No en balde, un conocido exdirector de un canal de televisión le comentó hace algunos años a un académico amigo: “Mi negocio no es la comunicación, mi negocio es el poder”.

De estas cosas sustantivas trata el proyecto de LSCA: de un uso equilibrado del espectro por parte de distintos actores (públicos, privados y sin fines de lucro), de una forma democrática y transparente de asignar las frecuencias y licencias, de un uso con fines comunicacionales del espectro (que termine con el subarrendamiento como modelo predominante), de poner límites y frenos a la concentración de medios en pocas manos, de generar fondos concursables y políticas públicas para la producción nacional audiovisual televisiva, de armonizar la libertad de expresión con los derechos.

Dejo para el final el tema del que hacen caudal algunos actores para intentar derribar todo el proyecto: la libertad de expresión. El Relator Especial para la Libertad de Expresión y Opinión de Naciones Unidas, Frank La Rue, estuvo la semana pasada en Uruguay y elogió la estructura del proyecto, al tiempo que recomendó cambios razonables. ¿Por qué razón un relator que se ha enfrentado a Rafael Correa y a varios autócratas de Medio Oriente vendría a Uruguay a decir que este puede ser un modelo para toda la región? Lo hizo porque el proyecto es respetuoso de la libertad de expresión.

Necesita ajustes y fuimos los primeros en decirlo (independencia del órgano de control, armonizar el capítulo de contenidos y la protección de la niñez, retirar declaraciones irrelevantes y mejorar el capítulo para evitar la concentración), pero de ahí a considerarlo una “ley mordaza”, o un proyecto “perversamente vigilante”, hay un océano de distancia. Una boutade que solo quien ignora esta materia, o tiene intereses en juego, puede llegar a sostener.

 

Edison Lanza – Periodista, docente de Marco Legal de la Comunicación, integrante de la Coalición por una Comunicación Democrática

El Observador, 10 de setiembre de 2013 – Edison Lanza – Opinión

 

 

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