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Gobierno busca flexibilizar la polémica ley de medios

El prosecretario de la Presidencia, Diego Cánepa, pidió no transformar en una “guerra santa” la discusión del proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA). El gobierno planteará cambios que flexibilizarán algunos aspectos.

“Que me digan cuándo este gobierno quiso presionar a los medios”, reclamó Cánepa ayer en un seminario sobre el proyecto de ley de SCA organizado por el Instituto Manuel Oribe (centro de estudios programáticos del Herrerismo) que se realizó en el Hotel Palladium.

Cánepa, que representó la visión del gobierno en el evento en el que se escucharon opiniones muy críticas hacia el proyecto, defendió la iniciativa por ser “integral” aunque admitió que es “perfectible”.

El proyecto regula los procedimientos para otorgar frecuencias de televisión, establece diversas pautas sobre el contenido de la programación (fijando un mínimo de programación nacional) y prohíbe la emisión de imágenes de situaciones violentas.

La iniciativa también crea en la órbita del Poder Ejecutivo la Comisión Asesora de Servicios de Comunicación, cuya operativa y potestades han sido cuestionadas por varios abogados que en las últimas semanas asistieron a la Comisión de Industria de la Cámara de Diputados, donde actualmente se está analizando el tema.

Cánepa rechazó “tajantemente” que la intención del Poder Ejecutivo sea afectar la libertad de prensa y dijo que sostener una acusación de ese tipo es algo “temerario”.

El jerarca destacó que en una reciente visita a Uruguay, el relator de la ONU sobre libertad de expresión, Frank La Rue, elogió el proyecto y por eso pidió no generar una “guerra santa” en relación al tema.

De todos modos, Cánepa adelantó que en los próximos días habrá un encuentro con miembros de la bancada parlamentaria del Frente Amplio para analizar posibles cambios al proyecto.

Las posibles modificaciones, según anunció Cánepa, apuntarán a mejorar la redacción del texto. En relación a temas de fondo, opinó que se debería permitir la emisión de imágenes violentas que sean justificadas siempre que antes se alerte a los televidentes.

El diputado Álvaro Delgado (Aire Fresco) dijo que a un año de las elecciones “no es el momento” de evaluar el proyecto, al que definió como “desbalanceado”.

El legislador remarcó que Uruguay está bien considerado a nivel internacional en materia de libertad de expresión y por esa razón pidió “no hacer una moña demás” en relación al tema

“A la basura”.

En el seminario realizado ayer tres periodistas se pronunciaron contra el proyecto. Nelson Fernández, exdirector de Subrayado de Canal 10 y actual periodista de El Espectador, consideró que la iniciativa “merece ir a la basura” y dijo que es “contra los canales”. “Esta bosta es más bosta que la marihuana”, sostuvo recordando la expresión del diputado Darío Pérez al momento de la votación de la regulación del cannabis.

En tanto, el director de El País y miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Washington Beltrán, criticó el excesivo poder que se le otorga al Estado en el proyecto: “La salvaguarda de un principio fundamental de la Constitución de la República como lo es la libertad de expresión, no recibe la garantía mínima que significa la intervención del Poder Judicial, sino que queda en manos de unos burócratas dependientes del gobierno de turno que los nombra y los destituye”.

Por su parte, el gerente de Telenoche 4, Claudio Romanoff, advirtió que el proyecto de SCA genera “enormes riesgos” a la libertad de expresión.

“¿A quién se parece Mujica?”

El periodista y abogado argentino Adrián Ventura, de La Nación y TN, participó del evento realizado ayer sobre el proyecto de ley de medios y planteó una pregunta que a su juicio es clave: “¿A quién quiere parecerse Mujica? ¿A Cristina Kirchner? ¿A la Venezuela de Maduro? ¿Al Ecuador de Correa?”. Ventura es uno de los periodistas más críticos de la ley de medios de Argentina, que tiene enfrentado al gobierno kirchnerista con el Grupo Clarín. A su entender, leyes de este tipo buscan generar medios afines a los gobierno, lo que definió como “amigopolio”.

 

El País, 12 de setiembre de 2013

 

 

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