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Estado declaró en reserva 614 expedientes oficiales

El Estado declaró como reservados un total de 614 expedientes de diversos organismos y entidades. En la gran mayoría de los casos (61,56%) se usó el argumento de un posible daño de la ventaja competitiva y en el 20,52% no se indicó el motivo.

La ley de Acceso a la Información Pública (18.381) aprobada en 2008 reguló los mecanismos por los cuales los particulares pueden solicitar datos en poder de organismos estatales, para lo que creó la Unidad de Acceso a la Información Pública que depende de la Presidencia.

La norma, en su artículo 33, estableció un plazo de dos años (que posteriormente se amplió a cuatro) para que cada organismo clasificara como reservada la información que no quisiera divulgar, según seis categorías previstas en la ley.

Un relevamiento realizado por el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo, una organización no gubernamental que promueve la transparencia en el manejo de la información en poder del Estado) concluye que “un porcentaje muy acotado de los sujetos obligados por la ley cumplieron con la fecha límite para clasificar la información establecida en el 31 de julio de 2012”.

El estudio, que será presentado formalmente hoy jueves en la sede de la Asociación de la Prensa del Uruguay (APU), establece que los diferentes agentes estatales (Presidencia, ministerios, intendencias, juntas departamentales, entes y organismos descentralizados) declararon reservados 614 expedientes.

El detalle de la investigación indica que solo dos (intendencias de Montevideo y Flores) de los 38 organismos obligados a nivel departamental presentaron la declaración en fecha. Entre los ministerios, solamente cuatro (Industria, Interior, Desarrollo Social y Economía y Finanzas) de los 13 entregaron su declaración en 2012.

El Ministerio de Defensa, si bien no presentó su informe, sí lo hicieron algunas de sus unidades ejecutoras, como la Fuerza Aérea (en fecha) y la Dirección de Sanidad de las Fuerzas Armadas, que lo hizo luego de la fecha límite del 31 de julio de 2012, dice el informe al que tuvo acceso El País.

La situación se repitió con nueve de las 17 empresas públicas y servicios descentralizados; siete de las 24 personas públicas no estatales y cuatro de las ocho oficinas que dependen directamente de la Presidencia de la República.

Sin embargo, el mayor índice de cumplimiento se registró entre los entes autónomos y servicios descentralizados, ya que nueve cumplieron con la presentación en plazo: OSE, la Administración Nacional de Correos, el Instituto Nacional de Colonización, Ancap, Antel, el Banco Central del Uruguay, el Banco de Previsión Social, el Banco República y el Banco de Seguros del Estado.

Por otro lado, el informe señala que “sorpresivamente” la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el Tribunal de Cuentas de la República y la Corte Electoral “no enviaron su lista de información reservada en todo 2012”.

De los 614 expedientes declarados como reservados, en 26 la medida se justifica en la excepción “A” prevista en la ley (referida a la seguridad pública o a la defensa nacional); 27 se basan en la excepción “B” (que hace referencia a una posible afectación de las relaciones internacionales); 40 utilizan el literal “C” (que habla de dañar la estabilidad financiera, económica o monetaria del país).

Asimismo, en 84 caso se utilizó la excepción “D” (poner en riesgo la vida, la dignidad humana, la seguridad o la salud de cualquier persona); en 378 se aplicó el literal “E” (que hace referencia a una posible pérdida de ventajas competitivas del organismo obligado) y finalmente en 17 casos la decisión se basó en el literal “F” (que se refiere a desproteger descubrimientos científicos, tecnológicos y culturales). Además, el informe señala que en 126 casos (20,52% del total) la reserva se decretó sin argumento.

“Abuso” de documento interno

El informe del Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo) reveló que solo en uno de cada diez expedientes declarados reservados el organismo implicado cumplió con la obligación legal de realizar la llamada “prueba de daño”, que implica justificar el perjuicio inminente que se produciría y que justifica la protección de esa información por un plazo máximo de hasta 15 años, según lo que prevé la Ley de Acceso a la Información Pública.

Asimismo, el estudio detectó que existe un “abuso de la reserva de documentación que los organismos afirman que son de uso `interno`, creando así una nueva excepción de hecho e impidiendo unilateralmente que las personas accedan a información que puede explicar cómo actúa la administración en determinados procesos”, dice el reporte.

El informe pone como ejemplo de esa situación a la DGI, que reserva “documentos relativos a la preparación de convenios con organismos internacionales” y a la Dirección Nacional de Identificación Civil, que reserva “documentos que integran el proceso de selección del cocontratante para la adquisición de bienes y servicios (…), dice el estudio.

En el informe, el Cainfo se expresa en contra de las modificaciones a la ley de Acceso a la Información Pública propuestas en la Rendición de Cuentas, porque dará al Estado más potestades para reservar información.

 

El País, 05 de setiembre de 2013 – Pablo Meléndrez

 

 

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