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Democratización de los medios

El proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual (conocido popularmente como “ley de medios”) ha merecido el juicio favorable e incluso el elogio del relator para la Libertad de Opinión y de Expresión de las Naciones Unidas, Frank la Rue.

Este categórico apoyo viene a sumarse a otras manifestaciones provenientes de personalidades y organismos internacionales que también han expresado su satisfacción por la iniciativa gubernamental. Al mismo tiempo, deja sin asunto al coro de voces destempladas que sembraron la alarma ante lo que consideran un atropello a la libertad de expresión, llegando al colmo de calificar el proyecto de “ley mordaza”.

La oposición política, atrapada en su estrategia de rechazar de plano toda iniciativa impulsada por el gobierno de izquierda, cae en una suerte de compulsión opositora y se muestra incapaz de proponer soluciones alternativas; con esta actitud, demuestra su absoluta orfandad de ideas y su innegable mediocridad.

Entre otras virtudes del proyecto, el relator de la ONU ha destacado el proceso de discusión del tema, que incluyó consultas a todos los niveles, con especialistas, académicos y actores políticos de todos los partidos. Pero lo que más irrita a las clases conservadoras y sus voceros políticos es sin duda la afirmación de Frank la Rue de que las ondas radioeléctricas, al igual que las riquezas del subsuelo, deben considerarse como recursos pertenecientes al Estado y que, por tanto, deben estar reguladas por este, de modo tal que sea la población en su conjunto la que se vea beneficiada por ese servicio social; son recursos que no pueden estar privatizados en beneficio de unos pocos individuos.

Para el dogma neoliberal, al que son tan afectos unos cuantos dirigentes de los partidos tradicionales, la regulación estatal en el ámbito que sea es mala palabra, y es así que claman contra todas y cada una de las decisiones de un gobierno que no vacilan en catalogar de totalitario.

Las únicas críticas (si es que así puede llamarse a ciertas recomendaciones o sugerencias para mejorar el proyecto) apuntan a la rigidez del horario de protección al menor y a la designación de los miembros del organismo regulador. La Rue propone una cierta flexibilización del horario de protección al menor, o sea el tiempo en que no pueden emitirse programas que contengan violencia, fundamentalmente los programas periodísticos; en cuanto a la integración del organismo regulador, sugirió que algunos de sus miembros sean designados por el Poder Legislativo. Eso fue todo, y lo que cuenta es que para la Rue, el proyecto democratiza los medios y fomenta la libertad de expresión.

Ante este pronunciamiento, invitamos a los partidos tradicionales a revisar ese frenesí opositor que suele hacerlos caer en el ridículo.

 

La República, 04 de setiembre de 2013 – Editorial

 

 

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