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Ambigüedad de la ley de medios

Hicieron bien los legisladores del Frente Amplio al modificar el proyecto de ley de medios y extraer de la órbita del Poder Ejecutivo al órgano de contralor de los medios, el Consejo de Comunicación Audiovisual.

De haberse aprobado esa propuesta se le hubiera dado al gobierno la posibilidad de una injerencia directa en la materia. Con este cambio, sin embargo, no quedan salvados todos los reparos al proyecto, en particular los que ponen en juego la vigencia de la libertad de expresión.

El primer aspecto a enmendar debería ser la declaración “de interés público” y de “elemento estratégico para el desarrollo nacional” de los medios de comunicación audiovisual que se formula en su articulado. La idea es que dado que las ondas por las que discurre la comunicación son propiedad de todos, quienes las usufructúan, como contrapartida, tienen ciertas obligaciones, entre ellas la de cumplir ciertos objetivos que el Estado puede exigirles como parte de la estrategia para el desarrollo del país.

Así formulado este planteo puede sonar razonable a primera vista. Empero, a poco que se medite emergen las dudas pues los gobiernos suelen catalogar “de interés público” o asignarle valor estratégico a temas que ni los medios ni la ciudadanía en general consideran como tales. Por poner un ejemplo, la despenalización de la marihuana que la actual administración considera clave para combatir el narcotráfico, justificaría que se instara a los medios a apoyarla invocando su interés público y su carácter estratégico. Lo mismo podría hacerse con otras iniciativas oficiales.

Por otra parte, si los medios brindan un servicio rotulado como “público” el gobierno tendría derecho a reclamarles que confeccionen su programación de acuerdo a ciertos principios y valores, un aspecto que conforma un segundo frente de críticas al proyecto de ley. Es que entre sus 183 artículos se dictan orientaciones que los medios deberían respetar, entre ellas algunas tan abstractas y llamativas como las siguientes: que los contenidos sean “plurales”, “inclusivos” y “respetuosos”; que promuevan “la identidad nacional”, la “diversidad” y la “igualdad”; que no sean “discriminatorios” ni “sesgados” ni “prejuiciosos”; que no fomenten “percepciones estereotipadas”, y que no caigan en “prácticas de favorecimiento” (sic).

La mera enunciación de esos deberes incluidos en el proyecto rechina por su amplitud y ambigüedad porque ¿con qué criterios se define exactamente “la identidad nacional” o se determina que un programa es “prejuicioso o “estereotipado”? y ¿cómo probar que cierta emisión no fue todo lo “respetuosa” e “inclusiva” que la ley exige? No hay elementos que describan de qué modo se incurre en tales conductas por lo que cabría suponer que esas precisiones provendrían de un posterior decreto reglamentario dictado por el Poder Ejecutivo, una solución a todas luces inconveniente.

Ello conduce a analizar las objeciones al proyecto que versan sobre los organismos de contralor propuestos. Ellos son el Consejo de Comunicación Audiovisual, una Comisión Honoraria Asesora y un “ombudsman” o defensor del pueblo. Los cinco miembros de ese Consejo deberán juzgar si los medios acatan las orientaciones antedichas, una tarea que los colocará en la posición de árbitros y reguladores de la comunicación, puesto que deberán aplicar la ley y fiscalizar su cumplimiento.

El problema es que tres de esas cinco personas dotadas de tanto poder serán designadas por el Presidente de la República con venia del Senado en tanto las dos restantes representarán a los ministerios de Industria y de Educación. En resumen, ese Consejo, aun cuando formalmente quede afuera de la órbita del Poder Ejecutivo, estará integrado por cinco miembros que, presumiblemente, podrían actuar al compás de lo que dicte el poder político lo que no augura nada bueno para la libertad de expresión de los comunicadores. No extraña que esta iniciativa gubernamental siga hallando resistencia entre los sectores interesados y que cunda la alarma ante la perspectiva de su aprobación. Una alarma que desborda el plano nacional como lo prueba la contundente opinión contraria expuesta por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) así como las voces de alerta lanzadas por la organización internacional Human Rights Watch.

A nivel nacional e internacional persisten las críticas contra el proyecto de ley de medios al que se considera potencialmente peligroso para la vigencia de la libertad de expresión.

 

El País, 03 de setiembre de 2013 – Editorial

 

 

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