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SIP: “La ley uruguaya no es una ley mordaza”

Se opone “frontalmente” a la existencia de monopolios y oligopolios en los medios de comunicación pues “afectan la libertad de expresión”. Las citas corresponden a la comparecencia de una delegación de la SIP a la Comisión de Industria de la Cámara de Representantes (25 de julio de 2013) y una entrevista concedida al programa En Perspectiva de la radio CX 14 El Espectador (6 de agosto de 2013).

La Sociedad Interamericana de Prensa hizo conocer su opinión respecto al proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual de Uruguay que estudia el parlamento uruguayo. Claudio Paolillo, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP afirmó que “no es un proyecto mordaza, porque contiene salvaguardas que impiden calificarlo de ese modo. Tiene potenciales amenazas, pero yo no lo calificaría de ‘proyecto de ley mordaza’”.

En referencia a las opiniones de otras organizaciones empresariales que afirman que esta iniciativa sería igual a otras leyes de la región, la SIP manifestó que “claramente ninguna de las leyes de Ecuador, de Venezuela, de Nicaragua, de Argentina contiene tantas disposiciones garantistas para el ejercicio de la libertad de expresión como este proyecto de ley”, agregó.

Esas leyes, en opinión de Claudio Paolillo, “no tienen en ningún momento disposiciones garantistas como las que contiene este proyecto de ley que, por lo menos, son una decena. Si hay que hacer una comparación, gana Uruguay, aún aprobando este proyecto de ley tal como viene del Poder Ejecutivo. No es como las demás normas internacionales, aunque tiene parecidos en cuanto a una cuestión que no tratamos, es decir, lo referente a los monopolios y los oligopolios; yo estoy en contra de eso. En cuanto a las frecuencias, que sea transparente y que se licite, está bien. En esa parte, es parecido a la ley argentina, pero no así en los contenidos. En la norma argentina, venezolana ni ecuatoriana no existen tantas garantías como en nuestro caso”.

Sin embargo, la organización de medios escritos ha señalado que “algunos de los artículos de este proyecto, por la forma en que están redactados, tienen la potencialidad de afectar el principio fundamental de la libertad de expresión”, aunque “no es un derecho absoluto (y) puede ser regulado legítimamente”.

Según Paolillo, “en la redacción de esta iniciativa hay cierta confusión en cuanto a la regulación de los contenidos por parte del Estado, y en materia de libertad de expresión del pensamiento las confusiones no deberían existir, porque cuando existen, se abre lugar para las decisiones discrecionales, subjetivas, que pueden llevar a la autocensura o a la censura, que son dos plagas para la democracia”.

“Algunos artículos de este proyecto en su redacción, a nuestro juicio, adolecen de precisión y claridad en cuanto a las limitaciones que impondría el Estado”, afirmó el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP ante la Comisión que analiza la ley, por lo que propuso que “estas contradicciones deberían ser subsanadas en la discusión parlamentaria”.

Paolillo manifestó que la SIP no es opuesta a la existencia de organismos reguladores y a la misma regulación, siempre que ello se enmarque en los límites establecidos por los estándares internacionales de libertad de expresión: “no nos oponemos a que exista una regulación porque esto se da en todas las partes del mundo. En la legislación comparada, usted puede ver que en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, en países democráticos y libres, hay consejos de regulación sobre los medios audiovisuales”. En relación a la regulación destinada a la protección de niños, niñas y adolescentes, opinó que es “legítima (la) potestad del Estado y de los padres para proteger a los niños, niñas y adolescente”, ya que “la protección de los menores existe en todo el mundo civilizado”.

Sin embargo, como la programación emitida durante el horario de protección (de 6 a 22 hs en el proyecto) debe ser apta para todo público y dentro de ese horario están los noticieros, preguntó “¿qué deberán hacer estos cuando ocurran hechos noticiosos que puedan ser juzgados como no aptos para todo público?”. “Estoy de acuerdo con que no se puedan emitir películas pornográficas o películas de ficción con escenas truculentas de violencia; con que no se pueden emitir imágenes de una niña violada inmediatamente después de haber sido víctima de ese hecho; con que no se puede emitir la imagen de un cuerpo descuartizado después de que ha sido asesinada la persona”, pero hay hechos noticiosos que son violentos y que deberían poder ser emitidos, por su relevante interés público, según él. Ante el Parlamento, Paolillo declaró que debería aclararse de manera expresa y clara “qué deben hacer los noticieros cuando se producen este tipo de hechos en horario de protección al menor”.

La SIP también cuestionó la integración del Consejo de Comunicación Audiovisual (CCA), el organismo regulador encargado de la aplicación de la nueva ley pues considera que estos organismos deberían ser “independientes tanto del poder político como de los intereses comerciales que están siendo regulados” en tanto “podrían incidir -depende de cómo actúen, puede ser peligroso- en los contenidos que difundan las radios y emisoras de televisión, no porque tengan vocación de censores, sino porque deberían dictaminar sobre los contenidos que se emiten en base a expresiones vagas, imprecisas, laxas y también inasibles”.

Aunque desde el gobierno se destaca que el CCA tendría una mayoría de integrantes (tres en cinco) que deberían tener previa venia de mayorías especiales en el Senado, que las regulaciones a contenidos son mínimas (cinco artículos en 183 del proyecto), y que se ha tratado de definirlas de la manera precisa y clara, varias autoridades de gobierno y legisladores oficialistas han anunciado públicamente su disposición a revisar la integración de este organismo y mejorar la redacción todo lo que sea necesario para dar las mayores garantías a todos los involucrados.

Respecto a un punto central del proyecto de ley como son las limitaciones a la concentración de medios, fue enfático al afirmar que “quiero decir con toda claridad que la SIP se opone frontalmente a la existencia de monopolios u oligopolios privados o públicos en el ámbito de la comunicación. Siempre ha sido posición de quien habla y también de la SIP que los monopolios u oligopolios privados afectan la libertad de pensamiento y de expresión”.

Sobre los límites que dispone la ley “quiero decir que he leído todo el proyecto y no encuentro reparos —por lo menos, graves- en cuanto a que se abra el espectro para que otras voces entren a jugar y a que haya limitaciones para evitar monopolios u oligopolios. El proyecto establece que no se podrá tener más de seis medios; esto está dentro de lo que nosotros creemos. Cuando se abre el espectro a otras voces, no se limita sino que se amplía la libertad de expresión. Se limita cuando las voces son pocas. O sea que en ese punto no tengo mucho para decir, salvo que está bien”.

Gustavo Gómez, agosto de 2013

 

Revista Broadcaster Online, 15 de agosto de 2013

 

 

 

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