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Modificaciones a ley generan dudas sobre transparencia

Entre las discusiones sobre educación y presupuesto la Cámara de Diputados aprobó en la Rendición de Cuentas unas controversiales modificaciones a la Ley de Acceso a la Información Pública. Además de cosechar críticas entre activistas y legisladores de la oposición, la propia institución encargada de controlar la ley está descontenta con los cambios.

El miércoles pasado la Cámara de Diputados votó 49 en 70 el artículo 36 de la Rendición de Cuentas, que modifica la ley 18.381 de Acceso a la Información Pública y facilita a las empresas públicas la clasificación de información como reservada, pudiendo retenerla incluso al mismo momento que sea solicitada. Además, limita las potestades de la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP), órgano de control e implementación de esta ley.

La aprobación de esta modificación generó malestar y protestas entre organizaciones de la sociedad civil y legisladores de la oposición, con algunos de estos últimos calificando la modificación de “antidemocrática” y como “una mordaza” durante su discusión en el Parlamento.

 Edison Lanza, presidente del Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo), dijo a Espectador.com que “la modificación es regresiva”. “Todo lo que avanzamos y nos llevó a estar en primeros lugares en cuanto a libertad de acceso a la información y transparencia se va a ver rescindido por estas reformas” aseguró.

 Los cambios a la ley permitirían reservar información en casos donde esta pueda “afectar procedimientos de control, evaluación, investigación o deliberación de los sujetos obligados, hasta que sea adoptada la decisión respectiva”, añadió.

El presidente de Cainfo destacó que la modificación no está bien definida y puede dar lugar a que se declaren reservados informes de control y evaluación de las empresas públicas.  “Creo que hay algunos jerarcas o una línea política dentro del Estado que no comparte el espíritu de transparencia de la ley” afirmó Lanza. “Si el problema es la competencia hay que trabajar en estándares de clasificación de la información: las empresas públicas son de todos, los accionistas somos nosotros” consideró.

“Me parece que lo que estamos haciendo es como en aquel juego: uno avanza tres casilleros y retrocede siete”, dijo el diputado colorado José Amy (Vamos Uruguay), uno de los legisladores que se pronunciaron en contra de las modificaciones. “Ya hemos tenido algunas malas experiencias con el estado actual de la ley” afirmó Amy, precisando que la ley actual ya prevé instancias para reservar información y asegurando que el Gobierno “ha hecho uso y abuso” de las mismas.

Pese a estas críticas, legisladores frenteamplistas como Carlos Gamou (CAP-L) y Alejandro Sánchez (MPP) defendieron las modificaciones. El primero explicó durante su alocución en la Cámara de Diputados que no estaba dispuesto a “regalarse” ante las empresas privadas y criticó: “hagamos públicos todos los balances y que cualquier periodista pueda ir a preguntar a Movistar, a Claro cuánto gana”.  

¿Quién vigila a los vigilantes?.
La UAIP es el órgano de control e implementación de la ley de Acceso a la Información Pública. Depende de la Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic). Con las modificaciones a la ley, sin embargo, esta unidad verá sus facultades limitadas.

Este órgano originalmente había participado del proceso de elaboración y acompañado las modificaciones a la ley propuestas por el Poder Ejecutivo. Sin embargo, los agregados que se dieron en la Cámara de Diputados cambian radicalmente la situación.

De acuerdo a los cambios de los legisladores, la UAIP no podrá declasificar en “ningún caso” información previamente clasificada como reservada por “entes autónomos y servicios descentralizados del dominio industrial, comercial y financiero del Estado que presten servicios que se encuentren de hecho o de derecho en regímenes de libre competencia”.

“La ley actual no es clara en cuanto a la declasificación por parte de la UAIP. Por eso lo que esta ha hecho es recomendaciones”, explicó Edison Lanza, precisando que algunos entes públicos ignoran y otros siguen las recomendaciones de la UAIP.

Un caso emblemático de la negativa es Antel, que recibió un pedido de información sobre sus gastos en publicidad y no sólo no siguió las recomendaciones de la UAIP, sino que fue a juicio con este organismo en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) para mantener la reserva.

El TCA apoyó la recomendación de la UAIP, pero también declaró que ese organismo “carece de potestades de administración activa”. Pese a esto, Antel continúa negándose a dar la información.

En otras palabras, las modificaciones aprobadas por los diputados colocarían el derecho de las empresas públicas a reservar información por encima de la autoridad del organismo que controla la Ley de Acceso a la Información Pública, órgano originalmente concebido como mediador entre aquellos que solicitan información y el Estado.

Fuentes dentro del organismo confirmaron a Espectador.com que existe descontento y sus representantes rechazaron estas modificaciones, pero las autoridades del cuerpo consideran que no corresponde pronunciarse. 

 

El Espectador, 16 de agosto de 2013 – Jorge Balmelli

 

 

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