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Mejor en la papelera

No se precisa ninguna ley que afirme que en nuestro país existe “libertad de expresión y libertad de información” y que son derechos “preexistentes a cualquier intervención estatal”. Tampoco que establezca que “está prohibida la censura previa, interferencias o presiones, directas o indirectas, sobre cualquier expresión, opinión o información difundida” o que se diga que es incompatible con la libertad de expresión “la utilización del poder y los recursos económicos del Estado con el objetivo de presionar, castigar, premiar o privilegiar a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas”.

La libertad de expresión y la libertad de prensa están claramente amparadas por los artículos 29 y 72 de la Constitución y esa es la máxima garantía. Ocurre que cuando una ley repite lo ya estatuido y conocido, y lo hace unas diez veces por lo menos, como sucede con el proyecto de Ley de Medios o de Servicios de Comunicación Audiovisual a lo largo de sus 183 artículos, es porque justamente lo que pretende es limitar ese derecho. Para respetarlo, sobra con la Constitución; para manipularlo queda bien reiterarlo, para de inmediato establecer algunos bloqueos.

El artículo 4° de la ley ya califica a los servicios audiovisuales como “elemento estratégico para el desarrollo nacional”. ¿Qué significa esto? Nada o mucho, según la voluntad de quien deba juzgarlo., pero no hay dudas de que no se podrá afectar al “desarrollo nacional”.

El proyecto crea tres organismos y no precisamente para cuidar la estrategia en el desarrollo nacional: 1) a la cabeza está el Consejo de Comunicación Audiovisual (CCA), responsable de la “aplicación, fiscalización y cumplimiento de las disposiciones de la ley en todo lo que no se encuentre bajo la competencia del Poder Ejecutivo o de la Ursec”; 2) la Comisión Honoraria Asesora de los Servicios de Comunicación Audiovisual (Chasca), que, como dice su nombre, asesora al CCA; y 3) un Ombudsman de los Servicios de Comunicación Audiovisual, que tendrá la representación de intereses colectivos ante órganos jurisdiccionales o administrativos y a promover y defender los legítimos intereses de las personas y lo usuarios, en los términos de la ley.

El CCA es un órgano netamente político. Ese carácter se lo da su designación que corresponde al Poder Ejecutivo: tres serán nombrados por el Presidente de la República con venia del Senado; los dos restantes por el Ministerio de Industria y de Educación, sin venia de nadie. Tendrán un sueldo aproximado a los $120.000 y entre sus fuentes de recursos se encuentra “el producido de las multas que aplique”. Es decir, a mayores multas más platas para gastar. La enunciación de sus cometidos va desde la letra “a” a la “t” de nuestro abecedario y entre ellos, además de “fiscalizar el respeto a los derechos de las personas”, deben velar para que los contenidos de las trasmisiones sean de carácter plural, diverso, inclusivo, no discriminatorio ni tampoco sesgado.

Y la lista de sanciones va desde la observación a la revocación de la autorización de funcionar, pasando por el apercibimiento, decomiso de bienes, multa y suspensión de emisiones. Es decir, la salvaguardia de un principio fundamental de la Constitución de la República, como lo es la libertad de expresión no recibe las garantías que significa la intervención del Poder Judicial, sino que queda en manos de unos burócratas dependientes del gobierno de turno (que los nombra y los destituye). Un mamarracho gravísimo y sumamente peligroso.

No solo tenemos un conjunto de bienes tutelados muy indefinidos (¿Qué es plural? ¿Qué es inclusivo? ¿Cuándo es sesgado o discriminatorio? ¿Cómo se vinculan con la estrategia para el desarrollo nacional del gobierno de turno?), sino que los intérpretes de ellos son funcionarios del gobierno y los gobiernos tienen línea política; tienen quienes los quieren mucho y tienen quienes los quieren poquito o nada. La indeterminación de esos conceptos dará lugar a una azarosa discrecionalidad, muy cercana a la arbitrariedad y a la obsecuencia con el poder. Hasta la irrupción de este proyecto de ley, Uruguay (el país y su gobierno) tenían una bien merecida reputación en materia de respeto a la libertad de expresión y de prensa.

Estaba muy bien calificado en los foros y organismos internacionales y se lo miraba con especial consideración. “Reporteros sin Fronteras” lo ubicaba en el puesto 27 entre 179 países y “Freedom House” 47 entre 197. El presidente Mujica había marcado una clara definición con dos frases célebres: “la mejor ley de prensa es la que no existe” y “si me traen una ley de medios la tiro a la papelera”. Que el gobierno, si quiere, regule las concesiones, duración y gestión de las frecuencias de radio y televisión. Pero los contenidos, la libertad de expresión, va a estar mucho mejor en la papelera de Mujica que en manos de un puñado de burócratas.

Y para garantizar la libertad de expresión alcanza con la Constitución; no se precisa ninguna ley. 

 

El País, 03 de agosto de 2013 – Washington Beltrán – Opinión

 

 
 

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