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Más potestades para negarse a dar información estatal

La Cámara de Diputados aprobó una nueva excepción a la Ley de Acceso a la Información Pública que permitirá a los jerarcas de los organismos públicos negarse a dar información en manos del estado. La excepción, que se incluyó en la rendición de cuentas, fue duramente cuestionada por organizaciones sociales y también por el Instituto Nacional de Derechos Humanos.

El Instituto de Derechos Humanos recomendó que no se incorpore esta nueva excepción porque “amplía notoriamente las potestades discrecionales para negarse a brindar determinada información” del Estado.

Además, el Instituto sostiene que, de aprobarse la ley, “se afectaría el principio de no regresividad: (…) una vez obtenido un determinado nivel de protección de un derecho, las normas solamente pueden modificarse para ampliar esa esfera de protección y nunca para restringirla”.

La ley señala que los organismos podrán negarse a dar información si la misma “afecta procedimientos de control, evaluación, investigación o deliberación, hasta que sea adoptada la decisión respectiva”.

También permite a los organismos clasificar información en el momento en que es solicitada, con su debida justificación, en la que tiene que hacer referencia al interés general que está protegiendo y al daño que ocasionaría la divulgación de esa información. “¿Qué es lo que puede decidir el Estado? Otorgar una licitación a una empresa u otra, decidir hacer un puerto de aguas profundas en un lugar o en otro. Eso afecta decisiones e intereses comerciales de grupos económicos en el país y acceder a determinada información para presionar y exigir por medio del lobby y de la prensa, y generando condiciones y noticias acerca de cuáles son las decisiones, lo que hace justamente es degradar la democracia, porque expone las decisiones democráticas de un Estado al servicio de los grupo de intereses de poder. Esa es la hipótesis que se está planteando aquí, no se está ocultando nada, se dice que hasta que no se tome una decisión, los materiales de trabajo para la toma de esa decisión no se pueden solicitar, porque pueden incidir en la decisión posterior, pueden incidir en la opinión pública para ver cuál es la decisión que toma ese organismo del Estado y eso va a favor o en detrimento de determinados grupos de poder”, dijo el diputado del Frente Amplio, Alejandro Sánchez.

También los ciudadanos se quedan sin acceso a conocer los procesos deliberativos de los gobiernos y sin la capacidad de incidir en la toma de decisiones.

Los diputados de la oposición cuestionaron las modificaciones votadas y coincidieron que esto significa una regresión de los derechos de los ciudadanos.

Pablo Abdala del Partido Nacional dijo los organismos han abusado de las excepciones y la información que puede ser clasificada. “Nosotros debatimos esto con el Ministerio del Interior el año pasado. Cuando el señor ministro Bonomi, en un acto de una gravedad enorme, aprobó ocho resoluciones que incluyen prácticamente toda la competencia ministerial bajo el manto de la reserva y la confidencialidad, en esas ocho resoluciones declaró que todo lo relativo a la estructura edilicia y a las dependencias del ministerio, a los procedimientos disciplinarios, las investigaciones y sumarios administrativos, a toda la competencia de la Dirección de Asuntos Internos, y a todo lo referido a la compra de insumos, vestimenta y armas, y un largo etcétera, a eso la cabía y le cupo la confidencialidad”, sostuvo.

 

Portal 180, 15 de agosto de 2013

 

 

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